En las siguientes semanas, una más, una menos, en el Congreso del Estado de Baja California, los diputados del Partido Acción Nacional -todos menos uno-, amplia y públicamente seguidores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, llevarán a la orden del día de una de sus sesiones legislativas, el Dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para ser aprobado junto con los votos del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y otros aliados menores.
Endeudarán al Estado con más de 76 mil millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica, tan solo por la desaladora en Rosarito, se pagará esa cantidad en 37 años, a razón de 172 millones 840 mil pesos al año. Y para garantizar el pago, los legisladores votarán a favor que el Estado utilice sus ingresos para financiar y garantizar el pago a las empresas constructoras bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en las siguientes administraciones estatales.
Solo cinco de 25 diputados votarán contra el endeudamiento: Bernardo Padilla, del PRI; Miguel Osuna, del PAN; Luis Moreno del PES; Catalino Zavala y Víctor Morán; de Morena. A lo mucho, Job Montoya, del PT, se abstendrá.
Entre los diputados que no están de acuerdo con el endeudamiento, hay argumentos desde que el de Francisco Vega de Lamadrid es un proyecto sobredimensionado e innecesario, debido a las ampliaciones del acueducto; opinión que comparten incluso empresarios de desaladoras privadas: la realidad es que agua hay suficiente, pero mal administrada y con un sistema de distribución deficiente, con infraestructura insuficiente. Una extensión al acueducto sería más económica considerando que agua hay, lo que falta es traerla bien, administrarla adecuadamente y distribuirla mejor.
Las comisiones estatales de Servicios Públicos en el Estado, son entidades mayormente en números rojos a pesar de tener al consumidor cautivo, y salvadas sus excepciones, las direcciones de las mismas han sido producto de nombramientos políticos y no técnicos, que es lo que se requiere para la administración y distribución del agua.
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Catalino Zavala, diputado que votará en contra del dictamen, justificó: “Es excesivo el endeudamiento para el Estado al término del contrato máximo de 37 años, cuando se revierta el contrato la tecnología será obsoleta, además el Estado ha sido irresponsable en la planeación del cuidado del agua, reusó y tratamiento, que es una alternativa para realimentar los mantos freáticos. Las comisiones de agua son mal administradas, y la planta desoladora que se aprobó hace diez años para Ensenada, ya debería estar funcionando y no lo han hecho, lo cual es un fuerte cuestionamiento para el Estado”
La administración de “Kiko” Vega ha destacado por tres cosas: la inseguridad, los contratos a largo plazo con empresas para la construcción de obra y la prestación de servicios, que se cuentan por miles de millones de pesos, además de sospechosas condiciones en la entrega de los convenios y APP, y la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
En esas condiciones, ciudadanos han tomado el Congreso del Estado unos, y emitido su opinión otros, haciendo un llamado a los legisladores a no aprobar otro mega endeudamiento para el Estado, comprometiendo además los ingresos de siete administraciones estatales venideras.
Pero el gobernador no entiende de razones ni escucha argumentos que no sean los suyos, está empecinado en hacer el negocio de su vida en el gobierno.
Lo más llamativo en el tema del cabildeo para la aprobación del Dictamen 95, es que el líder de la bancada priista, Alejandro Arregui, es uno de los principales promotores de la aprobación. En mensajes de texto y en pláticas verbales con funcionarios del primer círculo del gobernador, ha comprometido el voto de los legisladores priistas a favor del endeudamiento kikista.
Olvidando que es oposición, y qué tal negociación, es un asalto en despoblado a las finanzas bajacalifornianas, los priistas -menos uno- votarán a favor de endeudar al Estado ¿a qué costo? Definitivamente el costo político será alto, especialmente considerando que estos diputados tendrán la oportunidad de optar por la reelección, y la entrega tricolor al gobernador será un tema en campaña.
Diputados inmiscuidos en el cabildeo para la aprobación del dictamen, saben de cierto que cantidades millonarias les han sido ofrecidas para que aprueben el dictamen y comprometan al Estado y además su futuro. En el rango, explican, hay cantidades en dólares para la llamada oposición y en pesos para los azules de casa.
Aunque es atribuida al General Álvaro Obregón, y este nunca la legitimó como suya, en la historia mexicana una frase persiste para señalar las conciencias que se pueden comprar: “Nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos”. Datada la frase en los años veinte del siglo pasado, en pesos y centavos de la actualidad, esos 50 mil pesos superan los 2 millones de pesos. Más o menos así anda el negocio en el legislativo, confío un diputado a ZETA.
Gran parte de la ciudadanía, la que se manifiesta, la que opina, no entiende cuál es el negocio del gobernador, cuál es la necesidad de endeudar al Estado en esa magnitud, pero si con cañonazos se está sacando el asunto, la cuenta debe ser tan larga como opaca.
En las siguientes semanas se verá dónde está el compromiso de los legisladores, el precio, corresponderá a la autoridad -no a esta, a la que siga- investigarlo y sancionarlo, como a los electores tocará avalar o no a quienes hoy endeudan a capricho a Baja California, un Estado que no tenía problema de agua. Hasta ahora.
