Desabasto de los últimos días es por
actos vandálicos en pozos que surten
a Tijuana. Faltan más alternativas
para extraer el líquido y disminuir la
dependencia del Río Colorado.
Desalinizadora, medida opaca y
financieramente absurda. Mientras
que usuarios se quejan de cobros
indebidos
Ante el desabasto gradual en ciertas zonas de Tijuana, sobre todo durante las últimas semanas, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Rosarito (CESPT), Miguel Lemus Zendejas, informó que para abastecer a la ciudad se requieren 125 millones de metros cúbicos, cantidad que es superior en 45 millones de metros cúbicos al monto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asignó a la zona.
El déficit se consigue por arrendamiento de 45 millones de metros cúbicos, los cuales suministran con un traspaso de 13.5 millones de los 82 millones de metros cúbicos al año de derechos que pertenecen a Mexicali de Mesa Arenosa y el resto lo renta a los distritos de riego con acuerdo de los agricultores, en función al programa de descanso de tierras.
“En 2016 rentamos la parcela a 2 mil 500 pesos, lo que equivale a diez mil metros cúbicos de agua, pero este 2017 nos ofrecieron la parcela, que es una hectárea, a 9 mil pesos, al final quedó en 5 mil”, indicó el funcionario.
Pese al incremento en el costo del recurso, que se suma al precio que el organismo tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el bombeo del líquido, cuyo monto alcanzó 800 millones de pesos, equivalente a alrededor de 30 por ciento del ingreso total proyectado para 2017 de la CESPT, en los últimos días, los habitantes de Tijuana han sufrido el desabasto de agua.
Ante esta situación, Lemus Zendejas rechazó que se deba a una medida de presión para que la población adopte el proyecto de la desalinizadora de Rosarito que impulsa el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.
Explicó que de los pozos en Mesa Arenosa, ubicados en San Luis Río Colorado, Sonora, una batería de once fueron afectados por el robo del cableado eléctrico en cuatro de ellos. Esto provocó que por los 47 kilómetros de ese sistema dejara de llegar un volumen de alrededor de mil litros de agua por segundo a la presa El Carrizo, causando un desequilibrio en el sistema de distribución.
“Para no hacer tandeos y dejar algunas zonas sin agua, en las noches estamos estrangulando tanques, es decir, manipulándolos físicamente para que los tanques cercanos a la planta potabilizadora una vez que llegan a la mitad de su capacidad se cierren y permitan que el líquido abastezca a los tanques más lejanos, que son los que están en Santa Fe y Rosarito”, aseguró el funcionario.
De modo que el sector de Playas de Tijuana, Obrera, Miramar, así como Rosarito Norte y Sur, que es más susceptible de quedar sin agua ante esta eventualidad, cuente con ella, y a partir de las seis de la mañana toda la ciudad tenga el servicio.
Con dichas acciones, se reguló la distribución a pesar de que ha generado que otras partes de la ciudad tengan desabasto de agua a mediodía o por las tardes, reconoció Lemus, e informó, la regularización del servicio será hasta el 5 de noviembre.
Asimismo, rechazó las declaraciones que hizo en días pasados el dirigente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en Mexicali, Rigoberto Campos, al acusar a la CESPT de difundir información falsa, arguyendo que el agua que se extrae de la Mesa Arenosa va a San Luis Río Colorado.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón
Por separado, el director general del Organismo de Cuenca de Baja California de la Conagua, José Alejandro Cervantes Beltrán, confirmó que una parte del suministro de agua que abastece a Tijuana viene de los pozos de la Mesa Arenosa, ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora.
Sin embargo, la versión del funcionario federal discrepa un tanto de la ofrecida por Lemus, al señalar que efectivamente hubo un caso de vandalismo, al robar cableado eléctrico de cuatro pozos, que sumados a otros cuatro que se encontraban en mantenimiento y dos fuera de operación por trabajos de desazolve, suman diez los pozos que no estaban funcionando.
“Ya estamos reparando (los vandalizados), seis ya están operando y prácticamente estamos por regularizar el suministro cuya afectación no fue tan severa. Estamos suministrando 6 metros cúbicos por segundo”, apuntó Cervantes Beltrán, quien agregó que se reforzará la vigilancia en las instalaciones, al ser un tema relativamente común, a pesar de que no había sucedido recientemente.
Respecto a las versiones de que la escasez de agua en Tijuana se deba a que la CESPT haya dejado de pagar o sufragado con retraso el monto por energía eléctrica a la CFE, Miguel Lemus Zendejas dijo que la “prioridad del organismo es pagar a la CFE. No debo un solo recibo de luz a la CFE.
“Estamos puntualmente pagándole a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que solvente puntualmente la energía del bombeo del acueducto, y del poblado Mesa Arenosa. Y puntualmente le pagamos a CFE para los bombeos de cárcamos de la ciudad, las plantas de tratamiento y de potabilización”, argumentó
ZETA obtuvo seis recibos de luz del organismo con fecha límite de pago al 13 de octubre de 2017, por un monto total de 14 millones 347 mil 513 por concepto de servicios de bombeo, sin embargo, no pudo confirmar con la paraestatal cuándo se hicieron los pagos.
Durante una jornada de servicios y entrega de apoyos sociales en el Parque de la Amistad de la delegación Otay Centenario, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, respaldó el trabajo hecho por la CESPT al afirmar que “sería muy grave si los problemas de seguridad y del agua se llevan al campo políticamente, absolutamente negativo. La CESPT ha estado haciendo y hará el mayor de sus esfuerzos para proveer agua a la población, pero al grado de que vayamos teniendo menos agua, porque también es un hecho, tienden a complicarse las cosas”.
Una propuesta
La desalación de agua del mar, el reúso indirecto y la captación de agua de lluvia son algunas de las alternativas que garantizarían la seguridad hídrica de Tijuana, el centro urbano con el Producto Interno Bruto (PIB) más alto del noroeste de México, y que harían de esta ciudad fronteriza una metrópoli sustentable.
Sin embargo, “la miopía con que las autoridades han tratado de resolver durante los últimos 20 años el problema de la escasez del líquido, ha contribuido a mantener la dependencia que se tiene del cauce del Río Colorado, el cual desde hace tres lustros padece la sequía más prolongada de los últimos cien años”, señaló el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Carlos de la Parra.
Lo anterior, también ha generado que la cultura de “úsela o piérdela” impere en Baja California. “Todos los usuarios estamos acostumbrados a eso, a utilizar el agua aun cuando haya que desperdiciarla, porque jamás hemos entendido cómo hacerla más eficiente”.
Para el académico, el verdadero problema de la región radica en que las autoridades no han sido capaces de establecer un programa hídrico de por lo menos 50 años y en este momento “quieran resolver el problema de abasto que se tendrá en 2020, cuando debió quedar resuelto en 1980”.
Dependencia total al Río Colorado
El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Marco Antonio Samaniego López, indicó que no solo Tijuana depende del caudal del Río Colorado, también Mexicali y las ciudades norteamericanas de Los Ángeles, San Diego, Tucson, Phoenix y Denver.
Estas últimas han implementado programas hídricos a diferencia de las metrópolis bajacalifornianas, que no desarrollaron proyectos que permitieran aprovechar mejor el recurso local.
Según el experto, si bien en diferentes épocas de la historia se planteó hacer más presas, actualmente esta opción no sería tan viable, ya que el Río Tijuana no da para eso, sino que tendría que pensarse en repositorios regionales con el debido tratamiento.
Respecto a esta situación, el director de la CESPT reconoció que el abastecimiento del líquido está sujeto a que el acueducto que viene de Mexicali esté funcionando, no tenga fallas y a los volúmenes de agua que manda Estados Unidos a México.
“El acuerdo bilateral que se tiene, mil 850 millones de metros cúbicos al año por la aportación de EU por el Río Colorado a nuestro país, pero hay necesidad o no hay lluvias ni nevadas en el vecino del norte, en automático se contempla en el Acta 3020 que se tendrá que reducir el volumen de agua suministrado a México. Cuando esto sucede nosotros también sufrimos una reducción de los volúmenes”, precisó.
Por ello consideró que la dependencia al Río Colorado pone en una situación vulnerable a la ciudad que está sumida en una región de estrés hídrico. “A pesar de que en la zona costa de Baja California los usuarios consumen menos agua (160 litros por día) que en el resto de la República Mexicana (250 litros por día), la demanda en verano es de 5.2 metros cúbicos por segundo, y en invierno de 2.5 metros cúbicos por segundo”, detalló.
En su oportunidad, el senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, comentó que recientemente se agregó 20 por ciento más capacidad al acueducto, lo cual resuelve la necesidad de agua por cinco años más, por lo que se requiere hacer crecer el suministro a la región costa de la entidad.
Opciones hídricas para el abastecimiento
La directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, AC, Margarita Díaz, coincidió con el profesor del Colef, Carlos de la Parra, en que la solución no solo es la desalinización del agua de mar, sino la captación de agua de lluvia y la reutilización del agua tratada, entre otras fuentes para obtener el recurso.
Indicó que no haber accedido de manera más eficaz a estas alternativas aun cuando se sabe que la región carece de agua, se debe a un tema político en el que hay intereses económicos.
En ese sentido, De la Parra declaró que a pesar de que el Estado cuenta con plantas tratadoras de agua -17, según cifras de la CESPT-, el porcentaje que se utiliza de agua reusada es mínimo.
“El agua residual que generamos en la ciudad se trata y posteriormente va a un vaso de almacenamiento o a la recarga de un acuífero, pero lo importante es que esta agua tendría que ser la misma con la que tendríamos que volver a abastecernos. No estoy hablando de ciencia ficción, esta posibilidad tiene por lo menos 40 años haciéndose en California y en otras partes del mundo”, detalló.
El 21 de enero de 2013, la CESPT anunció un convenio para que la empresa Eukens, SA de CV suministrara agua residual tratada. El acuerdo incluía que la compañía efectuaría la obra para introducir el servicio de agua morada con un costo aproximado de 250 mil pesos.
Así, las aguas residuales de Tijuana, conducidas a plantas de tratamiento como “Arturo Herrera” y “La Morita”, podría ser reusada para actividades de la vida cotidiana, según lo expuesto por el entonces director de la CESPT, Hernando Durán Cabrera.
Sobre al avance que tuvo la llamada Línea Morada o “tubería púrpura”, el actual titular de la CESPT, Miguel Lemus, comentó que se ha seguido impulsando este programa.
“En Tijuana y Rosarito tratamos el cien por ciento del agua, lo que representa 89 millones de metros cúbicos anuales”, sin embargo, en 2017 solo se emplea 7% de esta. Si bien, la cifra es superior en dos puntos porcentuales al cierre de 2015, es escaso el aprovechamiento del agua tratada, que se enfoca principalmente al sector industrial y agrícola.
Más aún, si se toma en cuenta que cuesta 4.22 pesos y, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 4, implementada desde 2004, las plantas tratadoras usan tecnología mejorada que permite una mayor calidad del líquido. La razón de ello es la poca aceptación social que tiene su empleo.
Respecto a la viabilidad de captación de agua de lluvia, manifestada por el investigador De la Parra, el director de CESPT descartó esa posibilidad y consideró que la alternativa es idónea en estados donde hay una mayor precipitación pluvial, pero no en BC.
De igual manera, Carlos de la Parra manifestó que los derechos del agua en Baja California son una falacia: “Hay derechos de agua que tienen Ensenada y Mexicali que no usan, y derechos de agua que Tijuana no tiene, pero de todas maneras usa por encima de lo que tiene. El desorden es mayúsculo, el problema es inmenso y la autoridad no está haciendo nada”.
Por otro lado, Margarita Díez consideró importante resolver la situación de fugas de agua, ya que “si se invirtiera dinero para resolverlas, tendríamos más agua que la producida por la desalinizadora, porque las fugas provocan que se desperdicie alrededor del 30% del líquido”.
De acuerdo con datos de la CESPT, de enero a octubre de 2017 se han registrado 15 mil 662 fugas de agua, de las cuales 80% se da en el cuadro donde está el micromedidor, donde se instalan y retiran micromedidores y reductores.
Desalinizadora de Rosarito, alternativa poco transparente
El proyecto de la desalinizadora de Rosarito, que consiste en el diseño, construcción y operación de una planta con capacidad de 2 mil 200 litros por segundo, equivalentes a 50 millones de galones de agua diarios, implica también la construcción de un acueducto de 29 kilómetros de longitud para transportar el caudal a los tanques de almacenamiento “El Florido” y “3”, ubicados en Tijuana. Además de la ampliación de la capacidad del tanque de almacenamiento””3”, a 20 mil metros cúbicos.
El director adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Alexis Hinojosa, informó que el proyecto costará 11 mil millones de pesos, de los cuales la institución financiera que dirige, junto con Banobras, Nafín, Banorte y Sumito, financiarán 9 mil millones de pesos por 20 años al consorcio Consolidated Water Corporation, cuya filial mexicana, NSC Agua, ganó la licitación.
A decir del ejecutivo, el proyecto de la desalinizadora ha sido transparente, puesto que “fue una licitación pública, en la que se dieron a conocer todos los lineamientos del proceso”, además de que los términos en los que se ofreció o se adjudicó el contrato tienen “un costo de mercado bastante razonable y competitivo”.
Con ello, validó las Asociaciones Público Privadas (APP) que endeudarían a los bajacalifornianos, quienes tendrían que pagar a la empresa alrededor de 150 millones de pesos por 37 años.
Respecto al descontento social y las manifestaciones contra el proyecto, Hinojosa dijo desconocer esta situación y se mostró confiado en que las autoridades lleven todo lo que sea necesario para que el Congreso estatal apruebe el Dictamen 95 y después de eso comience el financiamiento y construcción de la planta, misma que tomará 36 meses.
Por otro lado, negó la versión expuesta en las minutas oficiales del Distrito de Agua de Otay (DAO) que muestran las conversaciones que han mantenido el gobierno de Baja California, el BDAN y NSC Agua, para que los excedentes de agua producida por la desalinizadora se vendan a Estados Unidos.
“Nosotros estamos trabajando en el financiamiento de la planta para vender agua en México donde se necesita”, pese a que el director general de DAO, Mark Watton, hizo declaraciones a la prensa en torno al permiso que obtuvo del Presidente norteamericano Donald Trump, en mayo pasado, para poder importar agua de México.
Foto: Archivo.- Miguel Lemus Zendejas, director de Cespt
Para los investigadores Samaniego López y De la Parra, la desalinizadora de Rosarito, impulsada por el gobierno estatal, representa una alternativa ante la dependencia que se tiene del Río Colorado y la escasez de agua en la región; sin embargo, criticaron la manera en que dicho proyecto planea financiarse.
Aseguran que en torno a esta desalinizadora persiste una gestión oscura, poco transparente y hasta absurda, ya que la autoridad no ha proporcionado suficiente información ni ha explicado la APP que se pretende y fue calificada como un latrocinio.
“Las condiciones planteadas son poco dignas. Los estados no pueden hipotecar en esas condiciones la vida de los californianos”, consideró Samaniego López, quien resaltó que más allá de la discusión de si se le venderá agua a Estados Unidos, importa saber el monto de la operación, qué se le hará a ese dinero y quién lo manejará.
A su vez, recordó que en el tema hídrico México-Estados Unidos han tenido una buena cooperación, ejemplo de ello fue la firma del Acta 322, el 19 de enero de 2017, que garantiza entregas de emergencia a Tijuana hasta 2022. Este instrumento, destacó, se acordó un día antes de que Donald Trump asumiera su cargo como Presidente del vecino país, pensando que Tijuana pueda tener problemas de agua.
En tanto, Carlos de la Parra agregó que falta ciudadanizar las instituciones que manejan el agua en el Estado. “La sociedad civil puede hacer muy poco porque no tiene quién le abra la puerta para que haga más, así que lo más que llega a hacer es gritarle insultos al gobernador del Estado cuando se ve frustrada, como ocurrió el 19 de diciembre de 2016, cuando los diputados promulgaron una Ley que no resolvía nada, pero sí elevaba la tarifa”.
Por ello, urgió a que el Congreso estatal se ponga a trabajar “para que la ciudadanía tenga un espacio de diálogo, sea realmente vigilante y puedan participar quienes estamos ansiosos de hacerlo”.
Quejas por tarifas
Patricia Meraz, es una de las cuatro mil personas que tan solo en Tijuana han acudido al despacho jurídico Borrón y Cuenta Nueva, por haberle cobrado, del 4 de abril al 2 de mayo, 460 mil pesos aproximadamente, lo que representa 7 mil 657 metros cúbicos, equivalentes a llenar 2.2 albercas olímpicas.
Luego de presentar diferentes escritos ante la CESPT, el comité de la dependencia determinó que era válido el consumo y dejaría el pago en 115 mil pesos. A raíz de eso, la señora se acercó al bufete y el director del organismo se reunió con ella para que el adeudo quedara en 4 mil 700 pesos, pese a que en su historial de consumo el pago oscila entre 300 y 350 pesos, ya que estaba reconocido por el medidor.
Acerca de este caso, el director de la CESPT, Miguel Lemus, negó que el recibo haya sido “loco” y justificó que el aparato fue modificado y tapado, por lo que durante 17 meses se le cobró una tarifa fija, que no correspondió al consumo real que tuvo la cuenta.
“Somos una entidad de buena fe, entonces hicimos un convenio en el que ella pagará alrededor de 190 pesos mensuales para cubrir el adeudo de los meses que no pagó a partir de que presenta la inconformidad”.
A decir por Lemus, la tarifa en Baja California es la cuarta más cara del país, pero debería ser la más alta si se considera el costo por la distancia a la que se tiene que acarrear. Visión que contrasta con la perspectiva de los abogados Alejandro Marel Anguiano y Luis Daniel Rodríguez, para quienes la mayoría de los adeudos de los casos que llevan, van de 2 mil a 8 mil pesos y son de las zonas más pobres de la ciudad.
“Nosotros no estamos solapando que el usuario deje de pagar el consumo del agua, pero sí a que se le prive del derecho humano inalienable del agua al cortar el suministro y cobrar el consumo de este sin que se pueda acceder a un justicia efectiva ante las irregularidades en el cobro del servicio”, opinaron.
Suman esfuerzos para hacer sustentable Río Tijuana
El miércoles 1 de noviembre, en Tecate, instituciones académicas, autoridades de los tres niveles de gobierno y asociaciones no gubernamentales firmaron la Carta de Intención del Programa para el Manejo Integral del Agua en la Cuenca del Río Tijuana, con la que pretenden hacerla sustentable.
El proyecto tiene como propósito producir e implementar un plan rector que mejore la calidad ambiental y el manejo integral de esta cuenca, mediante la planeación participativa y la gestión multisectorial transfronteriza a largo plazo, resolviendo en primera instancia tres principales problemas: calidad del agua, residuos sólidos y sedimentos.
El resultado de los trabajos, iniciados en 2016, a iniciativa del Colef, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, AC; además de Agua y Bienestar Social y Pronatura, AC, fue la conformación de una base de datos de 768 proyectos que están o pueden ejecutarse en la cuenca del Río Tijuana.
Además, busca explorar posibilidades de coordinación y cooperación interinstitucional y transfronteriza en el manejo de agua; contribuir en la planeación articulada e integración estratégica de las inversiones para el manejo del agua, teniendo a la CILA como facilitador para coordinar los esfuerzos de ambos lados de la frontera con una estructura binacional conformada por un grupo base y tres mesas de trabajo para dar seguimiento a los proyectos de este programa.
