A finales de octubre de 2017, los diputados panistas del Congreso del Estado de Baja California, recibieron una carta firmada por Carlos Aguirre, Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado. En la misiva los citaba a una reunión en las instalaciones del comité albiazul en Mexicali. Institucionales –ya prácticamente como el PRI–, los legisladores azules acudieron al llamado de su segundo jefe máximo, el señor Aguirre, solo para recibir una regañada y una amenaza por parte del Secretario General. Aguirre les dijo, palabras más palabras menos, que esperaba que todos los diputados se sumaran a la votación a favor de las iniciativas del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, especialmente la del contrato para el C5i, y el de la desalinizadora de Rosarito. Los dos por miles de millones de pesos que dejarán al Estado endeudado por los siguientes 37 años, con compañías seleccionadas por Vega en condiciones de sospecha y duda, pero aprobadas en Comisiones Legislativas. El primer caso, el del dictamen para el C5i ya fue aprobado hace un par de semanas, pero lo que no ha salido es lo de la desalinizadora de Rosarito. En la reunión, Carlos Aguirre amenazó: al diputado que no alinee su voto con el deseo y dictamen del Gobernador, podría ser expulsado del partido. De hecho, todos menos uno, el legislador Miguel Osuna Millán, han complacido a su Secretario General y por tanto a su Gobernador panista. Ahora sí que el PAN estatal parece más Secretaría de Asuntos Legislativos, que instituto político que guarda sana distancia. Igualitos a los priistas.
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