Usuarios padecen vehículos en mal estado, choferes que manejan usando el teléfono celular e incrementan la tarifa a su libre albedrío, mientras personal de la Dirección Municipal de Transporte no se da abasto para verificar las casi 12 mil unidades de transporte público, con 56 inspectores. El servicio, aparte de caro e ineficiente, continúa siendo peligroso
En 2016, Baja California registró diez mil 950 accidentes de tránsito en zonas urbanas que provocaron la muerte de 70 personas y lesiones a tres mil 173. En estos incidentes viales, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), participaron “mil 289 camionetas de pasajeros, 97 microbuses, 169 camiones urbanos de pasajeros y 122 ómnibus”.
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De acuerdo con la misma estadística, los accidentes fueron causados principalmente por el conductor, el peatón o pasajero y por alguna falla técnica del vehículo.
Por su densidad poblacional, Tijuana concentró más incidentes viales, muertes y heridos que el resto de los municipios bajacalifornianos, no obstante, el Reglamento de Transporte Público, emitido en 2002 y cuya última reforma entró en vigor el pasado 25 de agosto, constantemente es violado.
Diariamente, los usuarios se enfrentan a taxis de ruta con asientos en mal estado o modificados, conductores que manejan a exceso de velocidad o mientras hablan por teléfono celular y que cambian arbitrariamente los trayectos.
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“Los choferes suben la tarifa por las noches, sin que la autoridad haga algo al respecto”, dijo Moisés Hernández, un usuario que por su ocupación de bar tender, ve mermado su ingreso al tomar dos taxis de ruta para ir de su casa al trabajo y viceversa, por lo que considera que el servicio es caro y deficiente.
En un recorrido que hizo ZETA por diversas rutas, observó que pocas unidades cuentan con información sobre sus tarifas, tal como marca el Artículo 138 de dicho reglamento, donde se establece que se debe mostrar en un lugar visible en interior de los vehículos: la cédula del conductor, el número de matrícula, las tarifas autorizadas, los teléfonos para quejas, así como no alterar el cobro del pasaje.
María Sánchez, ama de casa, se quejó por el trato de los operadores, quienes se quedan por más tiempo en algunos cruceros viales, haciendo base o peleándose por el pasaje con otros conductores, además de que muchos camiones y taxis son de modelos viejos.
Respecto a lo anterior, el director municipal de Transporte Público, Javier Salas Espinosa, reconoció que, si bien se ha capacitado a 2 mil 500 choferes de enero a octubre de 2017, y se cuenta con 56 inspectores, la dirección a su cargo no se da abasto para verificar las condiciones de todas las unidades, así como el modo en que se brinda el servicio.
Expuso que se han verificado 22 mil 763 vehículos, infraccionados 18 mil 841 y remolcados mil 242 por falta de documentación, como la licencia y tarjeta de circulación, además de no reunir las condiciones mecánicas. Pero eso no ha sido suficiente para mejorar las condiciones del servicio de transporte público.
Entre las irregularidades más comunes están el exceso de pasaje, ya que las camionetas llevan gente parada, por lo que son infraccionadas, puesto que en la normatividad, las camionetas tipo Urban tienen capacidad de transportar a 13 pasajeros y las Printer, 26.
Cinco mil 239 unidades quedaron fuera de circulación debido a que no cumplieron con la revisión mecánica, tenían modificaciones en los aparatos de sonido, alguna puerta de emergencia o las condiciones del interior del vehículo se encontraban en mal estado, sostuvo.
Opera Uber sin registro… aún
Las violaciones a la norma no son privativas de taxis de ruta, puesto que incurren en ellas también los taxis libres y de sitio, así como Uber, compañía que opera desde agosto de 2014, pero no ha solicitado formalmente su registro ante la Dirección Municipal de Transporte.
A decir de Salas Espinosa, la compañía, por conducto de sus apoderados legales, en la Ciudad de México se reunió con la autoridad, sin embargo, no ha presentado documentación para su registro, a la que está obligada de acuerdo con el citado reglamento y cuyo plazo para hacerlo venció el pasado 19 de septiembre.
“Hay otras empresas como Cabify, Apsi y Prive que ya solicitaron su registro y estamos en el proceso de la firma de un convenio para el intercambio de información”, dijo el funcionario, quien explicó que la dirección a su cargo requiere una solicitud con el nombre de la empresa, domicilio, teléfono y la firma de un convenio en el que se especifica las obligaciones de la compañía y el intercambio de información del padrón vehicular, (número de serie, placas), y de los choferes (copia de licencia, tarjeta de circulación y póliza del seguro).
Dado que actualmente Uber está operando ilegalmente, la autoridad está facultada para sancionar a los conductores por esta razón, advirtió el funcionario, y agregó que en lo que va del año se han infraccionado a 402 choferes Uber, por ascenso y descenso de pasaje en lugares prohibidos y no respetar los señalamientos de tránsito.
Cuatro automóviles quedaron fuera de circulación por no traer la póliza del seguro vigente y 45 por prestar el servicio cobrando en efectivo, ya que el reglamento también lo prohíbe, puntualizó.
“Las plataformas digitales han proliferado y han tenido éxito por las facilidades que tiene la ciudadanía para tener acceso al servicio de forma rápida y eficiente”, sin embargo, algunas personas que habían trabajado en camiones o taxis y que fueron dadas de baja en esas empresas, están prestando el servicio en plataformas como Uber.
Por lo que llamó a la ciudadanía a estar alerta, independientemente del transporte que utilice. “Es importante que tome sus medidas de precaución para cerciorarse de qué unidad de transporte aborda, revise las placas, el nombre de chofer y hacia dónde va”.
Por otra parte, los usuarios de la plataforma consideran que el servicio es de calidad y es una alternativa ante los excesivos cobros de los taxis libres, quienes, por otra parte, no cuentan con taxímetros -como marca la ley- que impidan abusos a los clientes.
“Por un trayecto que en Uber pagas 35 pesos, los taxis libres te cobran 80 pesos. Por eso se están quedando sin pasaje”, consideró Moisés Hernández.
La Dirección Municipal de Transporte ha remolcado 352 vehículos pirata en lo que va de 2017. Las principales irregularidades encontradas son la falta de licencia, la presentación física del chofer o del vehículo.
Para Armando, conductor de Uber, quien solicitó el anonimato, la inseguridad es un riesgo latente en su actividad, puesto que “muchas veces vamos a colonias que no conocemos y subimos a gente que desconocemos su intención. Se trabaja con cierta inseguridad”.
En la ciudad operan 158 rutas que integran casi 12 mil unidades
Relató que hace unos meses acudió a un servicio en la colonia Leandro Valle. “Llegué al lugar y no encontré a la mujer que lo había pedido. En su lugar había dos hombres que se acercaron al carro para decirme que otra persona lo pidió por ellos. Lamentablemente traía los seguros arriba y se subieron. Les pedí que se bajaran, pues, por cuestión de seguridad, no puedo llevarlos, pero de forma agresiva me pidieron que echara a andar el auto. Afortunadamente, un compañero Uber se dio cuenta de la situación y me apoyó. Tomé el valor de bajarme del carro y pedirles que descendieran. Al final, los dos hombres se fueron caminando, pero es más que obvio que se trataba de un asalto”.
Armando corrió con suerte, pero a diferencia de él, otros choferes Uber han sido asaltados. Por eso, puntualizó, “hay que prestar atención a los detalles como el que no esté la persona que pidió el servicio, que la cuenta tenga cinco estrellas (calificación que el usuario tiene y es dada por los conductores), ya que seguramente es un usuario nuevo porque es muy raro que algún cliente tenga ese puntaje.
“No estoy de acuerdo en que se use el servicio a través de otra cuenta, porque se pierde la idea de la seguridad. Así como nos piden que tengamos una fotografía, el usuario debería tener una”, expuso.
Por otro lado, comentó que en redes sociales como Facebook, es común que se vendan o se renten las cuentas de Uber. Algo en lo que tampoco está conforme, “porque no sabemos a qué persona se la están vendiendo y qué va a hacer con ella. Luego pagamos justos por pecadores”.
El joven, que desde hace cinco meses trabaja en la plataforma, dijo desconocer si Uber está registrada ante la autoridad, pero “nosotros estamos obligados a operar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, así que, tanto ellos como nosotros, estamos pagando impuestos”.
ZETA buscó una entrevista con representante de esta empresa, pero no fue concedida durante esta semana porque sus ejecutivos tenían la agenda llena.
Para el director del Departamento de Estudios Humanos y de Medio Ambiente, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Tito Alegría Olázabal, todos los servicios tienden a digitalizarse y el transporte no escapa a ello. “En el caso de empresas como Uber, con un operador central de Internet, ayuda a reducir costos del servicio”.
Pese a que no hay estudios sobre esta forma de transporte, se pronunció a favor de la regulación. “Es importante que los choferes se registren en alguna parte que sea privada, pero que el gobierno municipal sepa quiénes son. Tiene que existir la posibilidad de que un chofer que cometa un delito pueda ser localizado y sea llevado a juicio”.
Mala calidad en el transporte afecta a los que menos tienen
En Tijuana operan 158 rutas, las cuales integran un parque vehicular de alrededor de once mil 950 unidades (camiones, tres mil 300; taxis de ruta, tres mil 460; taxis libres, tres mil 460 y de sitio, mil 730), de acuerdo con el director Municipal de Transporte, quien indicó que las rutas con más demanda son las que contienen más unidades.
Para Alegría Olázabal, experto en urbanismo, hace falta planeación y control en el transporte, puesto que no están reguladas las rutas ni lo vehículos que pueden operar en dichas zonas.
“Vemos que los autos que van a las colonias son autos pequeños y no están enganchados con un sistema que alimente a los más grandes, sino que esos mismos vehículos recorren un montón del territorio de la ciudad y por esa razón tenemos en vías principales gran cantidad de transporte público”, lo que genera saturación vial.
Ello ocurre, explicó, porque el grueso de las rutas nació de forma informal y conforme transcurrió el tiempo, la autoridad fue regularizándolas y con ello se crearon nuevas rutas.
“Las empresas transportistas han seguido a la vivienda de los residentes para poder darles servicio y llevarlos a donde creían que querían ir las personas; de modo que es un proceso de adaptación de la oferta a la demanda en el que el crecimiento urbano sin planeación ha influido”, apuntó.
Por el lado de cobertura, ha sido beneficioso, ya que se cubre la necesidad de transportarse, pero, desde un sentido de productividad económica y la calidad de dicho servicio, es deficiente. En ese aspecto destacó que el sector de la población que percibe menos salario, gasta más dinero en transporte.
De modo que “cualquier cambio positivo o negativo en el costo de éste, afecta más a la gente más pobre. Si mejora el transporte público, el más beneficiado será este sector poblacional”.
Alegría Olázabal añadió que si bien, la idea del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT) surgió desde hace 20 años en la ciudad, sin que se pudiera llevar a cabo hasta las últimas administraciones, parece solucionar varios inconvenientes que plantea el transporte colectivo, como el gasto en el presupuesto familiar y el transporte de los vehículos y de las vías.
No obstante, consideró que el incentivo para que las personas lo usen es que en un viaje se pueda hacer un transborde que reduzca el tiempo y el dinero que se invierte en tomar otro transporte.
Actualmente, el SITT cuenta con una ruta troncal, con 60 autobuses que circulan de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., con un costo de 14 pesos, monto que debe cubrirse en efectivo, puesto que sigue sin operar la tarjeta de pago.
Pese a que el SITT también tiene una ruta pretroncal y cuatro alimentadoras, hay muchas colonias que todavía no se han favorecido con dicha ruta. El especialista consideró que una vez que “haya toda la gente que por diseño transportaría y los vehículos que se planea, vamos a tener mucha gente en cada estación y su propia presencia evitará que se vandalicen las estaciones y los autobuses. En eso sí la población puede ayudar”.
