Convertidas en chatarra, la mayoría con más de dos décadas de antigüedad, las unidades concesionadas para el traslado de trabajadores circulan en Tijuana incurriendo en todo tipo de irregularidades: uso de placas y permisos falsos, sin póliza de seguro y algunos sin estar en el padrón para ofrecer el servicio; en esa impunidad operan, siendo solo sancionados con infracciones administrativas menores, con todo y que han provocado dos accidentes mortales en lo que va de 2017
Con placas fronterizas de transporte particular, unos sin portar ninguna lámina y otros sin estar dados de alta en la Dirección de Transporte Municipal, operan los camiones de transporte de personal con documentos falsos, sin la póliza de seguro correspondiente; además de que, en algunos casos, son operadas por choferes sin licencia.
El 90 por ciento de los camiones de transporte de personal que circula por las calles de Tijuana, tienen una antigüedad de más de 20 años, cuya operación corre a cargo de 23 empresas concesionadas.
Por ello, es común observarlos que emanen grandes emisiones de humo, sin luces o acarreados por grúas al descomponerse con pasaje a bordo. Pero estos contratiempos son los menores, ya que la pésima condición física con la que se les permite operar ha derivado en accidentes con consecuencias fatales.
Aunque el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana obliga a una revisión mecánica semestral, ésta no se cumple a cabalidad, tampoco se sanciona a los concesionarios que, dentro de su parque vehicular, funcionan camiones que incumplen con la normatividad. La infracción más grave que hay en el Reglamento de Transporte es el remolque.
El argumento para no hacerlo es lo obsoleto del Reglamento, el cual está en proceso de revisión para actualizarlo en esta administración, promete el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
CHATARRA PARA TRANSPORTAR A OBREROS
De acuerdo al padrón de camiones para transportar personal, lo cuales son contratados principalmente por maquiladoras, en Tijuana solo circulan unidades de 2010 hacia atrás.
De acuerdo al Reglamento de Transporte, al conceder la autoridad municipal la ampliación del parque vehicular, las unidades del servicio público deben ser nuevas, mientras que para renovar los permisos de operación, los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 10 años. En el caso del transporte de personal no aplica.
Javier Salas Espinoza, director de Transporte Municipal, sostiene que “sí han estado renovando y metiendo unidades nuevas”, pero el padrón oficial da cuenta de vehículos cuyo modelo data incluso de los 70 y al menos la mitad de las 2 mil 118 unidades empadronadas son modelo de los 90.
En agosto de 2016, el XXI Ayuntamiento de Tijuana incrementó en más de 500 unidades el parque vehicular del transporte de personal y extendió el periodo de concesión hasta por 10 años más y, aunque la ampliación de los permisos obedecía a la necesidad que las empresas tenían para acceder a créditos para la compra de camiones nuevos y así poder retirar de circulación el obsoleto equipo, a la fecha las concesionarias no han cumplido. A lo más que llegaron fue a pintar los viejos camiones.
ACCIDENTES MORTALES, SANCIONES MENORES
A lo antiguo hay que añadir la deplorable condición mecánica que guardan y la falta de precaución de los conductores.
Por ello, no es casual el registro de accidentes protagonizados por este tipo de vehículos, con todo y pasajeros a bordo; al menos cuatro en lo que va de 2017, dos de ellos con consecuencias mortales.
A principios de 2017 se tuvo registro de dos accidentes en los que estuvieron involucradas dos empresas concesionadas para el traslado de personal.
El primero ocurrió el 12 de enero, sobre el Bulevar Terán Terán, a la altura de la colonia Jardín Dorado, en el que el exceso de velocidad y la falta de precaución de la unidad, modelo 2004, el chofer que transportaba personal de una maquiladora, atropelló y mató a un peatón.
Días después, otro automotor de transporte de personal, modelo 1997, sin placas de circulación, se impactó contra un tracto-camión; el percance derivó en 27 pasajeros lesionados. Ambos hechos fueron atendidos por las autoridades municipales solo como accidentes de tránsito.
Fue hasta mediados de agosto cuando un camión destinado para el transporte de trabajadores de la empresa Fetra S.A. de C.V., provocó la muerte de dos personas, cuando autoridades del XXII Ayuntamiento de Tijuana advirtieron que habría “cero tolerancia” hacia choferes que no cumplieran con los requisitos establecidos en el Reglamento y anunciaron que serían reforzados los operativos de revisión al transporte de personal.
De acuerdo a la versión de las autoridades municipales, estando estacionado el transporte del personal, modelo 2000, se le botó el cambio, por lo que, sin control, se fue en reversa, atropellando a dos peatones que se encontraban sobre una banqueta de la calle Del Abeto, en la colonia Urbi Villas del Prado Segunda Sección.
Después de ocurrido este letal accidente, Raúl Felipe Luévano, secretario de Gobierno Municipal, realizó una conferencia de prensa para anunciar el inicio del procedimiento administrativo contra la empresa a la que se le suspendió temporalmente la circulación de las 98 unidades que aglutina su concesión.
Luévano reconoció el deplorable estado mecánico del camión de Fetra, por lo que no descartó la posibilidad de cancelarle la concesión.
A pesar del anunciado reforzamiento en la inspección de las unidades de este giro de transporte, tres semanas después, el 6 de septiembre de 2017, el chofer de un camión de la empresa AE Logística S.A. de C.V., se quedó dormido cuando conducía la unidad con 18 pasajeros a bordo, trabajadores de una maquiladora ubicada en la zona industrial de Valle Bonito, quienes resultaron lesionados. El transporte cayó a un barranco ubicado por el Bulevar 2000.
A la fecha, el procedimiento administrativo supuestamente iniciado por el Ayuntamiento de Tijuana contra Fetra S.A. de C. V., no se resuelve, aunque la empresa continúan operando sus 98 unidades, toda vez que “sí cumplió con indemnizar a los deudos” de las dos personas fallecidas y sí contaba con póliza de seguro vigente al momento de ocurrido el accidente.
De hecho, ninguna de las 2 mil 118 concesiones otorgadas a las 23 empresas de transporte de personal han sido suspendidas, si acaso, algunos camiones solo han sido remolcados por infracciones menores que luego de ser cubierta la multa correspondiente, vuelven a estar en circulación.
AUTORIDAD SE DICE REBASADA
Someter a revisión mecánica cada seis meses las unidades de transporte público, es una obligación establecida en el Reglamento de Transporte Municipal y un requisito indispensable para actualizar los permisos de operación.
Este requerimiento debe ser cumplido por las más de 15 mil unidades de transporte público que operan en Tijuana, entre unidades del servicio masivo, escolar, taxis en todas sus modalidades y de traslado de personal.
Pero en la Dirección de Transporte Municipal, solo seis personas se encargan de hacer la revisión mecánica de las miles de unidades, situación que no garantiza que todas sean inspeccionadas.
Menos de una decena de inspectores son los que se encargan de verificar que los vehículos de transporte público cumplan con todos los requisitos de Ley para operar como tales, lo que deriva en omisiones e ilegalidades.
El propio director de Transporte Municipal, Javier Salas, informó que las empresas de traslado de personal ponen en circulación camiones sin haberlos dado de alta ante la dirección, “simplemente los pintan y rotulan y les ponen placas fronterizas de servicio particular y así están trabajando, otros sin permisos. Otros sí tienen permiso, pero el chofer no tiene licencia para laborar como tal”.
El funcionario expuso que es poco lo que se puede hacer en el ilegal actuar de las empresas concesionarias de transporte, debido a las “lagunas” que tiene el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana.
“La infracción más grave que hay en el Reglamento de Transporte es el remolque”, anotó el funcionario, al indicar que en infracciones graves, como es el provocar lesiones o la muerte de una persona, sí establece cancelar la concesión, pero hasta que haya una sentencia condenatoria.
Si el chofer de la unidad incurre en alguna falta, no establece corresponsabilidad por parte de la empresa que lo empleó.
“Por eso estamos analizando que se reforme la fracción del artículo 198 del Reglamento, para que el no cumplir con la póliza de seguro sea causal de cancelación de la concesión”, indicó.
El funcionario público aseguró que además se está trabajando en la revisión de cada uno de los 298 artículos que contempla este Reglamento, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, “el cual debe ser renovado en cuando menos tres cuartas partes”, subrayó.
La Dirección de Transporte carece de un banco de datos informático que permita llevar un control de las infracciones en que incurren los concesionarios y permisionarios de transporte, por lo que se desconoce el nivel de reincidencia. “La Dirección no está preparada en cuestión de informática para tener la información a detalle, mejora administrativa en la que también se trabaja, así como en el establecimiento de un banco de datos de choferes, ya que oficialmente se carece de un padrón de ellos”, dijo.