En la calle Lago Sur de Valle Dorado se proyectó la construcción de 24 viviendas bajo régimen condominal, pero el emprendedor no tenía capital, por lo que buscó quien financiara parte de la obra, no pagó y el complejo se encuentra en litigio y en riesgo de remate forzoso. El problema es que nuevos compradores que adquirieron o pudieran comprar, están en riesgo de perder su inversión
Cuando los constructores creían que el gobierno municipal era uno de los peores enemigos del gremio por omitir el pago del último trienio de obras del Ramo 33, un contratista de la empresa Femagu se topó con una peor experiencia al invertir 3 millones 489 mil pesos en un proyecto con una empresa foránea con sede en Tijuana, la cual no le regresó el financiamiento.
Se trata del fraccionamiento Córdoba Residencial, ubicado en la calle Lago Sur en Valle Dorado, en Ensenada. Allí se proyectó la construcción de 24 viviendas bajo el régimen condominal, pero el emprendedor no tenía capital, por lo que buscó quien financiara la obra.
Hay quejas de que solicitaron materiales y hasta la publicidad con créditos que van desde los 5 mil pesos en adelante, que también quedaron impagados.
Ahora, las viviendas están en pie, equipadas, con todos los servicios y se publicitan desde hace tres años como un fraccionamiento con el lema “Más que un hogar, un estilo de vida”, y los fraccionadores intentaron dar a la empresa ensenadense que arriesgó capital familiar solicitando además créditos bancarios.
El expediente 142-2015 fue resuelto, y por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, resolvieron el 14 de julio de 2017 no amparar ni proteger a Eduardo Quiroz Tejeda, representante de Desarrollos Minarete, SA de CV por el acto emitido por la Primera Sala, y reiteran la condena de pagar el total del adeudo más intereses y otros gastos que se deriven del mismo juicio, pero el indiciado ha hecho caso omiso a la instrucción.
En caso de no pagar, deberá cubrir la deuda de los demandados y, de no hacerlo, se procederá al remate forzoso de los bienes en garantía en el desarrollo inmobiliario Córdoba Residencial, donde ya se vendieron al menos cuatro viviendas por un millón 200 mil pesos cada una.
A versión de los afectados, los compradores de las casas están en riesgo, ya que de ejecutarse el remate, el nuevo comprador no reconocerá los pagos ya efectuados, lo cual incurriría en nuevas demandas para el empresario inmobiliario.
ZETA se comunicó a Córdoba Residencial para tener el testimonio de la fraccionadora, y aunque mostraron sorpresa por la queja de los proveedores, no volvieron a establecer contacto con este Semanario.
A grandes rasgos, el proceso se prolongó por tres años a partir de que la empresa contratista demandó en febrero de 2015, entonces Eduardo Quiroz argumentó ante un Juzgado local que los pagarés no estaban seriados, no tenían lugar de pago y éste nunca le fue requerido.
Permite Ayuntamiento publicidad fraudulenta
La publicidad que se encuentra en distintas partes de Ensenada con lonas, banderines y espectaculares tampoco se pagó, el propietario de un negocio de diseño imprimió el material y mostró las facturas que nunca se pagaron en su totalidad, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí cobró lo correspondiente.
“Así se maneja esta gente, pide un trabajo, lo paga, pide otro mayor, paga una parte y aquí la gente confía en la palabra para recibir los pagos, luego piden más cosas para pagar lo anterior, cambian proveedores y así acumulan deuda”, compartió quien solicitó el anonimato.
Fueron días, meses y hasta un año de llamadas en Ensenada o Tijuana, al final las voces que responden el teléfono tenían tono amenazante, mencionó resignado con documentos en mano.
“Debería haber un buró local de empresarios fraudulentos como los de Córdoba, pero el gobierno permitió que se colocara publicidad de un fraccionamiento en litigio, la gente lo vio y cree que todo está bien, así es como han comenzado a comprar”, alertó.
El abogado y propietario de la empresa Brava Concretos Industriales, Rubén González, llamó “pillo” al representante de la empresa Minarete por fugarse con una deuda de 350 mil pesos en concreto.
Comentó que en 2014, un familiar directo que estaba al frente del negocio accedió a dar el millonario crédito sin imaginar que se trataba de robo.
Como abogado llamó a los afectados a unirse e interponer una demanda en lo penal para detener los desfalcos.
Pelayo inauguró el fraccionamiento
En abril de 2012, el entonces alcalde Enrique Pelayo Torres inauguró el fraccionamiento Córdoba con apenas dos viviendas, pero los periódicos dieron cuenta de la novedad inmobiliaria.
Otro de los timados fue el contratista “Erick”, quien recordó ser el primero que tuvo trato con Eduardo Quiroz, y en noviembre de 2011, iniciaron el proyecto. “Hasta ahí trabajamos de maravilla, pero a finales de 2012 tronó”, debido a la crisis económica.
La obra quedó suspendida seis meses, lo rescató otra financiera y es cuando comenzaron a reactivar el proyecto; de ahí empezaron las malas administraciones.
A él, le quedaron debiendo más de 300 mil pesos en obra, pero a diferencia de otros no firmó pagarés que le garantizaran el pago y no solo perdió dinero, sino que cerró la compañía.
“Financié con las tarjetas de crédito, tuvimos que irnos a quitas bancarias en 2013, me metí en problemas con Hacienda porque ese dinero era para pagar impuestos y seguro social. Estuve a punto de cancelar cuentas”, remembró “Erick”, quien describe a Eduardo Quiroz como un hombre político, por lo que en sus encuentros futuros le dijo tener un “pendiente”, pero sabe que es muy raro que le vaya a beneficiar con más trabajo o pagar con un bien.
Lo que le preocupa es que una familiar indirecta compró una casa en el mismo sitio y teme que tras el proceso legal, su patrimonio esté en riesgo.
Presentan reglamento para regular publicidad
En los reglamentos urbanos no existe una cláusula que obligue a un negocio o empresa a presentar requisitos como la legalidad de la propiedad, así como la garantía de que los productos que ofrecen son iguales a los que presentan en la publicidad.
El regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, David del Moral Silva, reconoció que es urgente modificar los reglamentos existentes para controlar no solo el pago de permisos, sino que se dé el mantenimiento adecuado para que no sean un peligro en la vía pública, como también la calidad de los productos que en ellos se comercializan.
No obstante, en junio pasado presentó un punto de acuerdo para la creación del Reglamento de Publicidad, Anuncios, Rótulos y Similares del Municipio de Ensenada.
No dudó en que se incluya textualmente el requisito de que la publicidad sea fidedigna para que el gobierno no sea cómplice de este tipo de problemas, como el que enfrentan los compradores de Córdoba Residencial.
La justificación, planteó, es la necesidad natural de las grandes empresas y pequeños negocios de promover sus productos, así como captar compradores para detonar sus ingresos, encontrando en el espacio urbano un amplio espacio a utilizar para presentar su publicidad, dando uso a edificios, fachadas, vallas, mobiliario urbano, vehículos de transporte público, paradas de autobuses, estacionamientos; estableciendo y utilizando todo tipo de elementos como lonas gigantescas, rótulos luminosos, pantallas.
Ante el crecimiento comercial de la ciudad, el auge de eventos de todo tipo y el crecimiento de la mancha urbana “tenemos la necesidad de una reglamentación que regule la invasión creciente del espacio urbano y nos ayude a evitar el descontrol y la invasión de los espacios públicos”, indicó Del Moral Silva.
Financiar obra, mala decisión
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) y ex presidente del Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Ensenada (Comice), Marco Coronado Valenzuela, lamentó que como organismo no puedan interceder por los agremiados: “Ahora sí que es decisión de cada empresa, todos corremos el riesgo y, repito, cada quien invierte donde crea posible. Hay mucha gente que por desesperación o por una mala decisión le apuesta a un proyecto fraudulento, porque a veces no tenemos el cuidado de revisar a quien nos contrata”.
Para Coronado, el hecho de que los gobiernos del Estado y Federal hagan contratos con empresas foráneas para realizar obras que puedan ejecutar contratistas locales ha sido un factor para que los constructores arriesguen su capital, como sucedió en Córdoba.
Un ejemplo es su empresa constructora, con la que es sumamente cuidadoso para no trabajar con subcontrato, por el riesgo que se corre al momento de que los vendedores pagan primero a quienes ellos quieren y no priorizan al constructor.
Lo más común en la industria es que se “corran la voz” sobre los empleados que en algún momento causan perjuicio a la empresa por un robo o mal desempeño.
Añadió que tienen reportes de empresas que mantienen contratos de obra pública en San Quintín y delegaciones cercanas, pero el gobierno no paga, lo cual dificulta la operación, ya que resulta complicado mantener un equipo de trabajadores y el traslado de materiales.
“En ocasiones la misma desesperación nos hace aceptar contratos de este tipo, pero es muy importante pensar bien antes de comprometerse”, recalcó el constructor.
