El lunes 23 de octubre podrían iniciar las comparecencias de los aspirantes para integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en el cual se inscribieron trece personas, la mayoría de carácter docente o empresarial: el abogado Enrique Gómez Llanos León, de Fedabo; Jesús Esteban Castillo Rojas, propuesto por la Universidad Politécnica; Cuauhtémoc Castilla García, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Daniel Valdez Delgadillo por la UABC; Eduardo Letafy Slim por CETYS Universidad; Yolanda Sosa Silva, del Centro Nacional de Investigadores Académicos; Alfonso Jesso Espinoza, del Centro Internacional Agua Viva; Edgar Silva Rivera, de Edificadores de México, AC; y Gustavo de Italia Gargallo, de la Universidad Xochimilco.
Los empresarios promovieron a Fernando Cervantes Conde, del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, y a Francisco Fiorentini Cañedo, de Coparmex Mexicali, quien desde hace varios años lleva una rivalidad con la diputada Victoria Bentley por su actuación en el Sindicato de Burócratas. Además de María Luisa Walther Cuevas -madre del actual dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther- por parte del ObserBC; y Enrique Rodríguez Luengas, propuesto por la Universidad 16 de Septiembre. De entre estos hombres y mujeres saldrán los ciudadanos que elegirán en un futuro próximo a los integrantes del Comité Coordinador Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Habrá que esperar las sesiones públicas, transparentes, para atestiguar las entrevistas, las valoraciones, los procesos de selección y resultados, tal como se hizo en el ámbito nacional.
Mala fama
De entre todos los ciudadanos propuestos, hay uno que no carga con buena fama. Se trata del comunicador Enrique Rodríguez Luengas, propuesto por la Universidad 16 de Septiembre, y de quien en medios no cuentan buenas historias. Por ejemplo que salió en no muy buenos términos tanto de Televisa como de Canal 66, señalado por reporteros y personal de deberles sueldos, con todo que representantes de Televisa refirieron que vendía productos sin estar autorizado para ello, de ahí que su partida haya sido inminente para refugiarse en Canal 66, de donde salió -explicaron en la televisora- básicamente por dos razones:
1. Vender cobertura al dueño de uno de los edificios que fueron bloqueados a principios de año por panistas encubiertos, quienes estaban en el acceso a los edificios federales donde se encuentra el SAT y ahora el Infonavit. El comunicador habría prometido una campaña de desprestigio contra los manifestantes que habían tomado los edificios a raíz del gasolinazo de diciembre de 2016, convenio y cargo que no enteró al dueño del canal, Luis Arnoldo Cabada.
2. En una reunión del Consejo Editorial del mismo canal, cuestionaron a Rodríguez Luengas las negociaciones fuera de las institucionales, por ejemplo con Víctor Ramírez, un cirujano privado a quien –señalaron-, a cambio de una importante suma en dólares, Enrique le mejoraría la imagen luego que su fama cayó cuando una de sus pacientes, una mujer de origen australiano, falleció.
Después de la salida de ambas televisoras, básicamente por el mismo comportamiento, Enrique Rodríguez Luengas inició un proyecto de televisión por internet, donde trasmite de vez en cuando. Y ahora quiere ser parte del Comité Seleccionador de los Ciudadanos para el Sistema Estatal Anticorrupción. Uff.
Boda plurinominal
Sin una brillante carrera política, Aníbal Cañez Morales quiere ser diputado federal de lista. Así, sin batallar, ni hacer campaña, pero de la que se cree merecedor luego de casarse con la diputada local priista Patricia Ríos.
Foto: Internet/Santiago Creel, al fondo
Su intención es que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional lo integre a los candidatos de lista federales, y le apuesta también a su cercanía con Santiago Creel Miranda, pues este, junto con Rodolfo Valdez, el ex alcalde de Mexicali, estuvieron en la boda de ensueño entre el panista y la diputada priista.
La fecha del enlace coincidió precisamente con la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, por ello, mientras manifestantes y diputados se daban un encontronazo en el edificio estatal con el fin de aprobar los dictámenes 94 y 95 relativos al C5i y las Asociaciones Público Privadas, Ríos disfrutaba de su boda, la cual duró tres días, ya que, según cuentan algunos de los invitados, fueron varios eventos.
Buscan firmas
El abogado Luis Alfonso Vargas dijo que se encuentran en proceso de recabar firmas a favor de María de Jesús Patricio Martínez, quien respaldada por el Consejo de Gobierno Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y diferentes organizaciones indígenas, aspira a una candidatura independiente a la Presidencia de la República en la elección de julio de 2018..
Foto: Cristian Torres/Luis Alfonso Vargas
Como uno de los requisitos para ser candidato independiente, el Instituto Nacional Electoral ha determinado la recolección de 866 mil 593 firmas distribuidas en por lo menos 17 estados de la República Mexicana. La intención es recabar 27 mil firmas en Baja California.
Apoyando a la representante indígena se encuentran miembros del Partido Comunista, De la Sexta, Graciela Romo y pueblos indígenas de la región, al menos así lo informó Vargas, quien busca el apoyo de los pueblos del Valle de Mexicali y San Quintín.
Las personas interesadas en proporcionar su firma pueden acudir a Pasaje Pátzcuaro 567, en el Centro Cívico.
SETE
En el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación continua la tensión en cuanto a la dirigencia estatal que aún preside Agustín Morales. Resulta que desde el pasado proceso electoral se encuentran en impugnaciones, por lo que el Tribunal de Arbitraje del Estado aún no entrega el toma de nota a la planilla ganadora, hasta resolver el amparo que interpuso Héctor Lara Ochoa, quien compitió por la dirigencia fundada por su padre, Héctor Lara Moreno.
Refilón
Desde la semana anterior, el Congreso del Estado se encuentra sitiado por agentes de la Policía Estatal Preventiva y por policías ministeriales, pese a que esta semana se realizó la primera tanda de las comparecencias públicas derivadas del Informe de Gobierno. Así, cientos de funcionarios, burócratas y secretarios han tenido que entrar por la puerta trasera del Congreso, ya que los accesos principales se encuentran cerrados para todo el público, pese a que no se han aparecido manifestantes en el edificio.
