Al tiempo que se declaró incompetente para realizar el plebiscito “por no estar reglamentado”, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro desacreditó al grupo de ciudadanos que lo promueve, poniendo en duda el uso correcto de las firmas recabadas para llevar a consulta pública el aumento de las tarifas de transporte y la inminente concesión del servicio de alumbrado público.
Al considerar el movimiento como enteramente político, “yo espero que ahora que inicie el proceso electoral no usen ese listado de nombres para fines políticos, para fines electorales, como respaldo de firmas”, manifestó el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, respecto a las más de 15 mil rúbricas que el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes -COCI- entregó al Instituto Estatal Electoral -IEE- de Baja California, el 28 de agosto de 2017.
El 20 de septiembre, el órgano electoral remitió al Ayuntamiento de Tijuana el llevar a cabo la consulta ciudadana; de inmediato, ese mismo día, el gobierno de Gastélum dio respuesta al oficio SEIEE/508/2017 del Instituto Estatal Electoral, declarándose también incompetente para realizar el plebiscito.
El argumento del XXII Ayuntamiento fue la inexistencia de un Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Tijuana, el cual sí existía, pero fue abrogado por acuerdo de Cabildo, el 27 de noviembre de 2013, creándose en su lugar el Instituto Municipal de Participación Ciudadana -IMPAC-.
Pero la función del IMPAC es realizar consultas públicas para determinar acciones de gobierno, no así asuntos controversiales contra el propio Ayuntamiento, subrayó Raúl Felipe Luévano Ruíz, secretario de Gobierno Municipal.
Para el funcionario resulta controversial e “incongruente que sea el propio ayuntamiento el que lleve a cabo las consultas, cuando es en contra del propio ayuntamiento. Obviamente no podemos ser juez y parte”, dijo, al estimar que “sí podríamos ver cómo reglamentarlo, pero sería incongruente, tendría que ser una autoridad imparcial, en este caso, la autoridad electoral”.
Luévano Ruíz dice quedarle muy claro que quienes solicitan el plebiscito es “un grupo de ciudadanos que están en una organización con fines políticos. Me da la impresión que lo único que pretenden es desacreditar sin ningún sustento y de la forma más fácil, es decir, sin aportar nada a favor, únicamente el criticar por criticar; de otra forma, los veríamos activos y participativos en los consejos municipales, cuyas convocatorias han sido abiertas”, a los cuales, sostuvo, ni siquiera han intentado inscribirse.
Ante la controversia surgida, el regidor independiente, Roberto Quijano Sosa, promueve la creación de un reglamento municipal que permita regular el desarrollo de un plebiscito, la cual estaría presentado a más tardar para diciembre, comprometió.
En tanto, COCI busca combatir por la vía legal la respuesta del IEE, por lo que presentó un juicio de derechos políticos electorales ante la sala superior del Tribunal Electoral, bajo el principio de per saltum, “que permite saltarnos a la autoridad local, no queremos que se resuelva en el tribunal local porque son parte de este sistema corrupto estatal”, dijo Carlos Atilano Peña. El organismo también promueve un juicio de amparo para que “se obligue al órgano electoral implementar este tipo de instrumentos de participación ciudadana”, añadió el abogado.
