Líderes empresariales adscritos a diversas cámaras, confederaciones y consejos en el Estado, se han mostrado divididos ante la intención de votar a favor del dictamen propuesto por el Gobierno del Estado para llevar a cabo la implementación del Sistema de Coordinación, Comando Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i). Unos consideran que no existen las condiciones requeridas para asumir un proyecto de esta magnitud y envergadura, mientras algunas cámaras lo avalan argumentando que esto vendría a coadyuvar para disminuir los índices delictivos en el Estado; sin embargo, todos coinciden: la información del proyecto y los contratos se tiene que transparentar
Tras dos fallidos intentos por votar a favor el dictamen 95, referente a la construcción de un C5i (Sistema de Coordinación, Comando Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia), entre los empresarios del Estado se han dividido las opiniones, principalmente, porque se trata de un proyecto que implica un presupuesto de 750 millones de pesos, más IVA, a pagar en 10 años.
Grupos como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Tijuana, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Consejo de Desarrollo Económico de Ensena (Codeen), son algunos de los que han manifestado su postura a favor de que esta iniciativa se vote en alguna sesión inmediata del Congreso del Estado, debido a la urgencia que existe por abatir la delincuencia y disminuir los índices delictivos y de asesinatos.
Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada, así como el Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten) y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, han considerado que efectivamente se requiere de un C5i en Baja California; sin embargo, están en contra de que se apruebe en el Congreso, debido a que consideran que las condiciones no están dadas para ello, ya que se requiere primero cimentar las bases, o en su caso, la inversión y el proyecto serán fallidos y no cumplirán con su objetivo primordial.
En el contexto que en Baja California exista una alta incidencia delictiva, responde a la operación de grupos del crimen organizado que mantienen una disputa por el control de la distribución y narcomenudeo local, así como el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. El 12 de junio del presente año, el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una iniciativa de decreto para que le autorizaran al Ejecutivo un contrato de servicios plurianual para la implementación del C5i.
Con ello, justificó el funcionario, se abatirían los índices delictivos, disminuirían los tiempos de respuesta de los cuerpos de seguridad pública y de emergencias para la población, además que optimizarían los recursos humanos, financieros y materiales, al tiempo que combatirían la impunidad al fortalecer la investigación policial. Todo ello con la integración y uso eficiente de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicación para sistemas de voz, datos de imágenes, utilización de fibra óptica y antenas para beneficiar a los cinco municipios del Estado.
La iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Hacienda el 9 de septiembre, establece tanto el contrato de servicios plurianual, como la inversión de 750 millones de pesos a cubrir en 10 años.
En contra: deben cimentarse un proyecto integral
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, señaló que ellos no están contra el C5i, puesto que todo el equipamiento, la infraestructura y la inversión que se dé en materia de seguridad se aplaude, sin embargo, sí cree que antes de aprobar este proyecto se necesita reforzar el resto de las áreas en seguridad.
Hernández investigó en qué consiste un C5i y encontró que realmente “no hay una normatividad clara, ni una descripción clara sobre cuál es la diferencia entre un C4 y un C5i”. La distinción que vio es que se trata solamente de “valores entendidos”, es decir, que el C5i lo que lleva prácticamente es una “estrategia de inteligencia que se ve reflejada en operaciones tácticas”.
Lo cual habla que se requiere de un grupo selecto de policías que a través o mediante la tecnología, estén intercalando cierta información para abatir la delincuencia, lo que a final de cuentas lleva a la apreciación en cuanto al esquema: “que si este proyecto no se acompaña con la gente correcta, con los protocolos y las certificaciones correctas y con los presupuestos correctos, pues simple y sencillamente vamos a tener un elefante blanco, como tantos que hemos visto ya en materia de seguridad”.
Refirió las carencias ante el proyecto:
* Un cuerpo de policías muy reducido.
* Falta de bomberos en los municipios.
* Ausencia de estructuras.
* Recursos insuficientes de lo que se entiende y pretende lograr tecnológicamente.
* Una inentendible estrategia integral en materia de seguridad.
Reflexionó: “Si no se acompaña este C5i con gente capaz y especializada, con procesos y presupuestos, pues no vemos de qué manera pudiera funcionar”.
En la misma sintonía está Gilberto Fimbres Hernández, presidente de la Coparmex Tijuana, quien señaló a ZETA que antes de votarlo se tiene que plantear y dejar bien claro un objetivo para la operatividad, porque queda por visto que se ocupa “tal cantidad de policías, de patrullas, de equipo y demás, el cual se debe tener contemplado, y hasta donde tenemos entendido, no se tiene previsto”.
Ellos como confederación, ven que las autoridades “quieren hacer un tercer piso para su casa, pero no se ha hecho el piso uno y dos”, e insisten: “la idea es buena, pero se adolece de todo el apoyo que se requiere para que este proyecto tenga éxito y no queremos que se hagan cosas y que al final de cuentas no se tenga a quien ni con qué operarlo, porque nuestra preocupación no es que no estemos conscientes y de acuerdo en que se ocupa un C5i, pero si no tienen el presupuesto para los gastos posteriores que se requieren, es difícil contemplarlo de esa manera”.
Personajes como Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex; Marco Coronado Valenzuela, presidente del CCE; Carlos Ibarra Aguiar, del Consulten; y el regidor Roberto Quijano Sosa, entre otros, están de acuerdo también en que no se debe votar a favor esta iniciativa, porque entre todos los detalles que ven, consideran que hacen falta policías, además de capacitación y equipamiento policiaco, el proyecto implica un compromiso económico y de responsabilidades.
Coinciden:
* No existen protocolos para responder a los reportes ciudadanos.
* Hace falta transparencia.
* Falta de estrategias en seguridad pública.
Y consideran que primero se debió haber contado con el aval del Congreso y después haber licitado el proyecto, el no haberlo hecho, sentencian: denota una falta de voluntad política para poder dejar en claro lo que significa y abarca este proyecto.
A favor: urge ante la creciente ola de violencia
Contrario a estas opiniones, Mario Escobedo Carignan, presidente de la Canaco, destacó que la aprobación de este proyecto “es tan urgente como los mil 300 homicidios que llevamos tan solo en Tijuana”; por lo tanto, está a favor de que se contemple el uso de la tecnología de punta para combatir el tema de la inseguridad, además que los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas están “obligadas” a utilizar la tecnología más avanzada.
Consideró se debe trabajar en la coordinación y ser más exigentes con las corporaciones policiacas, pero más allá de ello, dijo, la tecnología vendrá a contribuir porque “hace el trabajo de muchos elementos”. Escobedo reiteró que se tiene que aprovechar y utilizar una plataforma nacional intercomunicada con otros estados para abatir la delincuencia.
Marcello Hinojosa, presidente de la Canacintra; Octavio Sánchez Ramonetti, titular del Codeen, se han pronunciado también a favor del C5i, argumentando:
* Permitirá capitalizar el recurso humano disponible.
* Mayor eficacia para abatir la delincuencia.
* Homologación de las políticas nacionales en seguridad.
* Reducción de tiempos de respuesta de las corporaciones policiacas.
* Estrategia coordinada con cámaras de vigilancia en comercios.
“Oposición” priista a favor, reculan por dirigencia
Pese a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es oposición en el Estado, de entrada apoyaron incondicionalmente la iniciativa del Gobernador. Tanto el líder de la fracción, Alejandro Arregui, como Benjamín Gómez Macías, presidente de la mesa directiva del Congreso, quien justificó, no escatimarán “en invertir el recurso que sea necesario en temas de seguridad”.
Esto porque ellos “sí” entienden y están conscientes que en seguridad hay una crisis en el Estado y que hay un acuerdo de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) de homologar el tema de los C5i, además que el uso de la tecnología “va a permitir encarcelar a quienes cometan un delito”.
Sin embargo, el dirigente estatal del PRI, David Ruvalcaba, detuvo los ánimos gobiernistas de los diputados priistas y suspendió el respaldo de la fracción priista al proyecto de Francisco Vega de Lamadrid hasta no consensuarlo y verificar la información con las áreas especializadas del gobierno Federal, como la Secretaría de Gobernación respecto la estrategia de seguridad y la Secretaría de Hacienda para ver la viabilidad financiera del proyecto.
De las pláticas sostenidas por Ruvalcaba con los diputados priistas, se determinó que “por lo pronto no va ninguno de los dos dictámenes, al menos con el apoyo de nuestro partido”.
Información no se ha transparentado
El diputado Benjamín Gómez reconoció que aunque esté de acuerdo con el proyecto, lo que sí se tiene que hacer es que el Estado comparta la información a los bajacalifornianos y dé transparencia sobre el documento del contrato multianual; además que se hagan los esfuerzos presupuestales por parte del Ejecutivo para tener más elementos de seguridad pública tanto en Baja California, como en los municipios con mejores prestaciones.
En la transparencia que le hace falta al proyecto multianual de “Kiko” Vega que costará 750 millones al Estado, coincidieron la mayoría de los entrevistados, los que están a favor y los que no. Compartió Hernández Niebla que el Gobernador únicamente ha explicado contextualmente lo que es el proyecto, pero no ha dado detalles del mismo en cuanto a costos-beneficios, infraestructura y proceso de licitación, lo cual debería de ser del conocimiento de la ciudadanía.
Escobedo Carignan coincidió que al gobierno en sus tres niveles le ha faltado “socializar” los temas y proyectos que se echan a andar, además que hace falta la comunicación para que todos entiendan el porqué de este proyecto y no se generen dudas.
Sí pasa, aunque no se conozcan los detalles: Presidente del Congreso del Estado
Más allá de que la falta de información y que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado haya aceptado que no la conoce, dijo que si no se hubiera bajado del orden del día la iniciativa, con la información que tiene, y como diputado, “en mi caso personal, el C5i transita, en lo personal, el C5i sí pasa, con los datos que se tienen y con los avales”.
Sobre ello, Hernández Niebla dijo que hay una omisión muy grande por parte del Congreso, consideró que “cómo pueden ellos votar o posicionarse sobre un proyecto de ese tamaño y esa envergadura sin conocer los detalles. Ellos son nuestros representantes populares, ellos deberían, por obligación, tener esa información que a nosotros como ciudadanos, que no nos pagan por hacerlo, la estamos solicitando y ellos no la tienen”.
Además que de aprobarse así, sin los complementos, puede provocar que no se den los resultados en seguridad que este proyecto debería generar, que seguirá empeorando la inseguridad y se comprometerían recursos que son del gobierno del Estado y de la comunidad en un proyecto que no va a ser viable.
“Ya tenemos demasiados elefantes blancos en el Estado, se han hecho inversiones que no han dado resultados, con la seguridad no podemos jugar, es algo que nos está doliendo a todos los bajacalifornianos. Por ello, cada peso que se invierta deberá tener un fin específico y una estrategia específica… Sería una inversión fallida en un proyecto fallido, sobre todo porque de alguna manera se está ilusionando a todos los bajacalifornianos de que se va a mejorar la seguridad, cuando no entendemos la estrategia integral”, puntualizó.