Carlos Mendoza Davis tomó la determinación de poner en manos de las Fuerzas Armadas el combate a la criminalidad que, tan solo en lo que va de octubre, ha dejado 69 ejecutados. Ante este escenario ahora se integra Armando Nava Sánchez, Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, relevando al ahora ex subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez. Blindar la zona turística, una de las prioridades
“Vamos a reducir, de manera coordinada, con la participación que existe del Grupo de Coordinación, los índices de violencia en la Capital, esa es la primera acción”, expresó el 27 de octubre de 2016, el ex subsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Ismael Sigala Páez, no obstante, renunció al cargo el lunes 16 del mes en curso.
Su principal encomienda había sido lograr que La Paz dejara de figurar entre los 50 municipios más violentos del país en un plazo no mayor a seis meses, pero el resultado no fue para nada el esperado; la violencia creció irremediablemente durante su gestión.
“No había oportunidad que un perfil sin experiencia pudiera hacer algo contra los embates de la delincuencia, se requería a alguien que verdaderamente tuviera las herramientas, pero, sobre todo, de sacar adelante la seguridad pública del Estado”, refirió uno de los miembros del Grupo de Coordinación, “faltan más que deben ser destituidos por el bien de la institución”.
Desde la llegada de Sigala Páez -en octubre de 2016- la cifra de homicidios se disparó hasta un 95 por ciento, durante su periodo incluso se tuvieron los meses más violentos en la historia de Baja California Sur, marzo y octubre de 2017, lo que dejó mucho a desear con 448 homicidios cometidos de manera violenta, la mayoría atribuidos directamente a la delincuencia organizada y confirmados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), cuyo titular, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, se limitó a comentar: “Cuando el victimario se convierte en víctima, y viceversa, de esos hechos no ponen su denuncia”, lo que deja entrever que la disputa entre grupos rivales continúa en la entidad.
Esta historia inició desde la recomendación que hizo Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado, evidenciando que la estrategia de seguridad pública era improvisada y los mismos oficiales conocían a detalle la manera de detener las operaciones e imponer su ley.
“Ni al mismo secretario general han escuchado, pese a que se dijo que serían destituciones por instrucciones de la Federación, solo bastó que algunos levantaran el polvo para que se movilizaran, eso hicieron incluso con el antiguo comisario Mireles, se manifestaron y pararon las medidas para erradicar la impunidad dentro de las corporaciones, ahora se las van a ver más difíciles con dos mandos de la Marina al frente de la institución, lo mejor que le pudo haber pasado a la corporación”, reveló un experto en delincuencia organizada consultado por ZETA.
El relevo de Sigala es Armando Nava Sánchez, Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, elemento en activo de la Secretaría de Marina y con un perfil idóneo para combatir la delincuencia.
Egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, de la carrera de Infantería de Marina, titulado como ingeniero hidrógrafo y de la Universidad del Valle de México como licenciado en Derecho; con especialidades de Mando Naval e Informática en el Centro de Estudios Superiores Navales; tres maestrías en Administración Naval, Diplomado de Estado Mayor; en seguridad Nacional y en Administración Pública, entre los cargos de Nava figuran: Comandante de Sección, Comandante de Compañía y jefe de Grupo de Comando de Batallón de diferentes unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, ejerciendo el mando en el Batallón de Infantería de Marina Número 8 en Guaymas, Sonora.
De igual manera, se ha desempeñado como jefe de Sección Primera y Segunda en la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California; en la Cuarta Zona Naval en Mazatlán, Sinaloa; y como jefe de Grupo de Comando en los sectores navales en Matamoros, Tamaulipas, y Zihuatanejo, Guerrero.
Las comisiones que ha encabezado son: jefe de Organización y Protocolo en la Sección Tercera del Estado Mayor Presidencial; secretario particular del subsecretario de Marina a nivel nacional; además de coadyuvar a asesores jurídicos en las unidades de Marina y mandos navales donde ha estado adscrito.
Sus primeras palabras en el cargo en Baja California Sur, fueron que buscará “recobrar la confianza en la Policía desde la Subsecretaría, coadyuvaremos para el mantenimiento del Estado de Derecho y trataremos de lograr el objetivo que la ciudadanía recupere y pueda transitar por las calles, en sus colonias, y sobre todo que el turismo que nos visita pueda disfrutar de las bellezas del Estado”, lo cual será posible “con la participación de la Policía, una vez que hayamos realizado algunas estrategias, algunas no podemos establecerlas”.
Los relevos
Desde la salida de Francisco Moreno Montaño y el encargado de despacho de la Comisaría de la Estatal Preventiva, Luis Alfredo Espíndola Peralta, el cual duró tres meses; el Capitán de Navío, Arnulfo González Mireles, asumió el cargo el 15 de julio de 2017, solo por un par de meses, ya que “al interior de las instituciones se manejó que golpeaba y trastocaba directamente ciertos intereses, lo que orilló a que hubiera trabas y fue orillado a renunciar”, dijo un agente de la Policía Estatal Preventiva a ZETA.
De la misma manera, el elemento señaló que agentes vinculados a acciones de la delincuencia organizada hoy están en la mira de la Marina, pues serían los primeros en brotar en la revisión, por lo cual resultó positiva la asignación desde el Ejecutivo estatal, al Capitán de Navío Víctor Beltrán Peña, con vasta experiencia en delincuencia organizada e investigación criminal.
Entonces la designación del nuevo comisario, nuevo titular de la SSPE, deja un sabor de boca a que las Fuerzas Armadas, en particular la Secretaría de Marina, ha retomado la cabeza de la Seguridad Pública en la entidad.
Precisamente Carlos Mendoza Davis, gobernador del Estado, tomó la determinación de poner la seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas.
“Este desarrollo nos obliga, por tanto, a planear la estabilidad, gobernabilidad y seguridad para el presente y el futuro, para ello hemos mantenido el propósito de mantener una estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno, las afecciones de las familias no conocen ni deben conocer de siglas partidistas o de órdenes de gobierno, demandan soluciones y tienen razón”, advirtió.
En el marco de la visita del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional y tras inaugurar las nuevas instalaciones militares en el municipio de Loreto, con una inversión de 15 millones de pesos para ayudar a combatir la delincuencia y vigilar quién entra y sale del aeropuerto de la zona, el gobernador reconoció que para recuperar la tranquilidad en el Estado se debe trabajar en equipo.
“Hoy volvemos a dar muestra que la unidad de la nación es la mejor fórmula para enfrentar los desafíos, este día lleva implícito un mensaje, no habrá decisión que no tomemos, acción que no emprendamos, inversión que no realicemos para garantizar nuestra soberanía, nuestra estabilidad y nuestra integridad”, dijo.
De entrada, el trabajo a realizar es sanear desde dentro hacia el exterior, con el fin de que las instituciones sean confiables y que el combate sea sólido contra las células delictivas. El secretario de la Defensa manifestó que aunque no es competencia legal, mantendrán su fuerza atendiendo a la entidad, pues la población lo requiere.
“La seguridad interior es un tema que tendremos que seguir atendiendo, aun sin contar con este recurso jurídico que nos dé la certeza de cumplir con nuestras obligaciones que tenemos. Seguiremos trabajando muy de cerca con el gobierno de Baja California Sur; señalar que es un gobierno confiable, con el que trabajamos y que seguiremos haciéndolo”, apuntó Cienfuegos Zepeda.
La destitución de policías sigue creciendo, ya suman más de 320 elementos, apenas la mañana del lunes 16 de octubre fueron destituidos 23 elementos más, situación que generó la manifestación de elementos municipales en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito de La Paz.
El mandatario estatal fue claro en ese sentido, “desde el Gobierno del Estado estamos trabajando en la profesionalización de los cuerpos policiacos, en unos meses más tendremos una Academia de Policía con la que no contábamos, que nos va a permitir contar con elementos mejor capacitados, hemos invertido en recursos para dotar a los policías con más equipo y de más tecnología”, y refrendó el compromiso de operar la estrategia y derrumbar de una vez por todas la infiltración de las células criminales en las corporaciones policiales.
“Contamos los sudcalifornianos además con una alianza sólida e indestructible la que tenemos con nuestras Fuerzas Armadas, hemos apostado a trabajar coordinadamente con el Gobierno Federal y los municipios no solo en el combate a la delincuencia, sino en muchos otros temas. Y en el marco de esta estrecha coordinación que mantenemos con las Fuerzas Armadas, en especial con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llegamos hoy a este acuerdo”.
Para iniciar con los cambios, se sabe que el nuevo subsecretario de Seguridad Pública retomó algunos de los cambios planteados por el ex comisario Mireles, la rotación será primordial, sobre todo la investigación y revisión de los perfiles policiales, pues los resultados se esperan a la brevedad.
“Tomará unos meses, me gustaría de manera inmediata implementar acciones con la participación de las Fuerzas Armadas, Policía Estatal, Policía Federal, y pues esto no puede esperar; no hago una promesa, pero es lo deseable”, expresó por su parte Armando Nava Sánchez, titular de la Subsecretaría.
Pugna entre criminales afecta al turismo
Con 69 homicidios registrados en 18 días de octubre, la media es de cuatro muertes violentas por día, lo que ha destapado una pugna entre células locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la llegada de nuevos sicarios del Cártel de Sinaloa.
“Una prueba contundente que tenemos, sobre la llegada de nuevos sicarios y armamento, es que se tiene registro de siete rifles AK-47 nuevos, lo que indica que ya son 13 ‘cuernos de chivo’ que se encuentran en las calles y no han podido ser asegurados”, explicó un miembro del Grupo de Coordinación.
A ello se suman rifles de asalto calibre .223 y armas 9 milímetros, las cuales siguen en las calles y en cualquier momento podrían desatar un enfrentamiento entre grupos contrarios, situación en que las fuerzas del orden mantienen atención.
“La inseguridad y el caso como Los Cabos, que se dejó crecer tanto al interior de la misma sociedad, porque todo lo que estamos viendo y está pasando estaban entre nosotros, vivían entre nosotros y ninguno de nosotros lo denunció, así lo dejamos crecer; la misma autoridad en su momento no hizo nada para detenerlo, dejó que se resolviera en el futuro, en este momento le tenemos que entrar”, conminó Julio Castillo, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos.
La suma de muertos en los primeros 18 días de octubre, es la siguiente: uno en Loreto, igual cifra en Comundú, 32 en Los Cabos y 35 en La Paz.
La última alerta realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos surtió efecto retardado, pero con graves afectaciones, al menos así lo prevén algunos empresarios.
“La guerra en las calles de Los Cabos, hoy nos ha pegado duro y creo que hay muchas cosas que podemos hacer, cancelaron algunos, pero desde la gerencia del hotel, desde una oficina podemos ayudar y mucho, tratando de tener la mejor atención y que nuestros visitantes sientan esa tranquilidad y diversión cuando nos visitan. Nos preocupa lo que ocurre afuera, pero más nos ocupa lo que podamos hacer desde adentro”, reveló José Ramón, quien labora en una de las cadenas de hoteles más importante de Los Cabos.
El riesgo en que se encuentra el turismo en BCS no está a discusión, pues solo en lo que va del mes de octubre, se tiene un registro de 65 personas privadas de la vida de manera violenta, lo que preocupa a la población, sobre todo este tema fue dado a conocer a través de la opinión recabada de la población en las calles.
Justamente se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual se lleva a cabo en la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. En su resultado de septiembre de 2017, exhibe 17 mil 400 viviendas a ciudadanos con 18 años o más.
A nivel nacional el 76% de la población encuestada consideró que vivir en su ciudad es inseguro, mientras tanto en las ciudades consideradas en la entidad fueron La Paz y Los Cabos; en junio de este año, en La Paz el 68.2 pensaba que la ciudad era insegura, para septiembre de este mismo año, el 73.1 % manifiesta está percepción.
En Los Cabos, en junio el 54.2 % consideraba insegura la zona, ahora en septiembre, el porcentaje aumentó al 66.2 por ciento.
Sin embargo, a comparación de 2016, del 78.6 por ciento que tenía está percepción en La Paz, bajó al menos el 4.5%. Los Cabos no fue contemplado en la encuesta 2016, pero los hechos recientes, consideran los ciudadanos, podrían incrementar el porcentaje para la próxima encuesta en diciembre de este año.
La estrategia contra la desconfianza
Era justo y necesario que alguien recapacitara si los mandos medios y servidores públicos de primer nivel no comprendían el daño que sobrepasaba y caía sobre Los Cabos y La Paz, la decisión debía tomarse y “así fue, desde la designación de Mireles se veía venir un duro golpe, el despido de más de 300 policías fue el aviso de la nueva era; eran demasiado cochis (sic) muchos policías y se llegó al descaro de hacer malas maniobras frente a ciudadanos, que ya tenemos las quejas, ahora sí tenemos certidumbre que habrá represalias por la corrupción con que operaron”, indicó un agentes de Inteligencia Militar.
El Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos hizo las observaciones pertinentes en materia de vigilancia. Son las siguientes:
* Parte del Centro Histórico, mayor vigilancia de elementos y brindar mayor seguridad a los visitantes.
* Parte tradicional de San José del Cabo, presencia de elementos en los linderos.
* Recorridos en puntos cercanos a la zona turística y hotelera.
* Dieron un periodo de acción para por lo menos ahuyentar los hechos delictivos.
“En dos semanas lo que esperamos, si las acciones que se comprometieron a hacer se llevaron a cabo, hay algunos puntos que se pidieron que se vigilaran más, que se cuidaran más, se tuviera más presencia, hay algunos señalamientos que se hicieron en torno a todo el Bulevar Turístico y de la carretera cuatro carriles hasta la entrada de Fonatur” lanzó Julio Castillo.
Ven con buenos ojos las designaciones y coinciden en que se debió hacer desde hace mucho tiempo con fin de rescatar al destino, este año -para temporada alta en próximos meses- fueron canceladas gran parte de las reservaciones, hoteles denunciaron paquetes rechazados y la pérdida de clientes, por lo que “nuevos aires” dan un respiro al sector y una salida con miras a reparar el daño.
“Lo que se está haciendo, el hecho de que la Secretaría de Marina sea quien coordina las operaciones contra la delincuencia organizada es una excelente decisión, creo que esto lleva tiempo, no es algo fácil, es complejo”, reconoció el CCE de Los Cabos, refrendando la confianza que se tiene a este tipo de instituciones y que inmejorablemente darán el resultado esperado, de entrada la confianza de los empresarios ha sido depositada en la institución, y en el caso de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal, se esperan buenos resultados.
“Si hay una institución capacitada y reconocida en el país, la más eficiente es Marina, y los tenemos aquí, tenemos que esperar a que tomen decisiones, que se organicen, hay puntos que tienen que resolver como punto interinstitucional, hay variables que se presentan en el transcurso de los días, desde nuestro punto de vista la institución que es más acreditada, es la que está dando la lucha”, refirió Castillo.
Justamente desde el Palacio de Gobierno, se reconoce que es urgente la intervención de las Fuerzas Armadas, sobre todo para sacar de raíz el problema, vislumbran mayor coordinación e investigaciones que lleven a la detención de los principales actores involucrados.
“Conlleva a una mayor coordinación, no olvidemos que dentro del Grupo de Coordinación forma parte principal las Fuerzas Armadas como Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, por ello la presencia y la designación del Capitán Armando Nava Sánchez, obedece a esto a que vamos a hacer un fortalecimiento de las relaciones y con la operatividad con las demás instituciones; estamos enfocados en enfatizar los puntos que tenemos vulnerables”, cerró el secretario de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.
Los pendientes
Ha quedado claro que la misma ciudadanía ha sido omisa al no denunciar la comisión de delitos, sobre todo la venta y distribución de estupefacientes, la mayoría de los casos, y de acuerdo con el testimonio de policías, los ciudadanos conocían a los fallecidos como narcomenudistas o las viviendas donde fueron ultimados como “picaderos” o puntos de venta y consumo de droga.
“Estamos fortaleciendo las áreas que son básicas para operar de una mejor manera, sobre todo La Paz y Los Cabos”, refirió Álvaro de la Peña Angulo.
Y desde el Consejo Coordinador Empresarial se exhortó: “Nos piden paciencia, no es algo que se haya gestado en un día, pero que de alguna manera se tiene que resolver; nos pidieron denunciar, cómo es posible que ocurra un ilícito, un asesinato al aire libre y a plena luz del día, y llegamos a preguntarle a cien personas y no es posible que nadie haya visto nada, ni siquiera el color del carro, es increíble que en esa parte como sociedad no la hagamos, tenemos que ponernos los pantaloncitos, tenemos que sumarnos y juntos dar la batalla”,
Autoridades por fin cayeron en cuenta que la afectación al turismo es inminente, la escalada de violencia siempre ha sido hacia arriba y no ha disminuido, pero se desató en octubre.
A finales del mes de agosto, cuando el Departamento de Estado norteamericano actualizó de la alerta de viaje a sus connacionales, donde los municipios de La Paz y Los Cabos se encuentran en los ojos del gobierno estadounidense, “Baja California Sur experimentó un aumento en las tasas de homicidios en comparación con el mismo período en 2016. Si bien la mayoría de estos homicidios aparecieron como objetivos, los asesinatos de organizaciones criminales, batallas territoriales entre grupos criminales dieron como resultado hechos violentos, crimen en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses. Los incidentes de disparos, en los que inocentes transeúntes han resultado heridos, ocurrieron durante las horas del día”, expresa la alerta.
Ante ello, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad manifestó que se encuentran temerosos, pues apenas inicia la temporada alta y puede inhibir a los turistas, lo que sería una afectación seria.
“Por supuesto que estamos temerosos de que todas esas alertas que se están poniendo, que están permanentemente en Estados Unidos de alguna manera va inhibir, cuánto va ser esa inhibición, lo ignoramos, lo vamos a saber hasta que concluya esta temporada, tenemos esperanza a que si bien es cierto hay cancelaciones, estas puedan ser las menos posibles”, indicó Lorena Hinojosa Olivas, representante de la Cámara.
Es la segunda quincena del mes inicia la temporada fuerte de turistas que visitan BCS, por lo que comerciantes agremiados en la Canirac garantizan que darán lo mejor de sí con la intención de que el visitante se lleve la mejor imagen.
“Vamos a poner todo para que la gente que nos visita se sienta como en casa, háblese de cruceros, de la gente que viene a pasar la temporada de invierno, de los turistas en general; vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en poderlos recibir como merecen, que vengan a dejar la mayor derrama económica posible”, finalizó Lorena Hinojosa.
Y aunque ya se habla de algunas cancelaciones por parte de turistas, a Los Cabos y Loreto comienzan a llegar turistas que naturalmente pasan su periodo de vacaciones en los destinos de la entidad.
Precisamente con las nuevas instalaciones militares al norte de la entidad, en Loreto, el General Cienfuegos Zepeda reconoció que su labor será blindar al turista.
“Es un punto estratégico el que tenemos aquí, la presencia de nuestros soldados deberá garantizar la certeza, certidumbre y seguridad de los habitantes de esta área de la República. Es una de nuestras misiones velar por la seguridad de las y los mexicanos. La labor que harán y que ha hecho siempre aquí, es la que estamos haciendo en toda la República”, reiteró.
Mientras tanto en Los Cabos, empresarios de la zona ven con buenos ojos que se haya determinado que policías federales de la División Gendarmería hayan reforzado la seguridad en los próximos meses, pues los municipios más conflictivos en cuanto a homicidios, son La Paz y Los Cabos.
“Desde luego que es importante que se quede la Gendarmería, que sea más importante que con mayor número de elementos, ante este vacío de presencia física y de percepción que se tendrá con la depuración. Nosotros le hemos extendido al alcalde, de manera directa, el acuerdo y el apoyo de la Asociación de Hoteles y Desarrolladores Inmobiliarios y el propio Consejo, de estar apoyando, como se ha venido apoyando al municipio hasta marzo”, expuso Julio Castillo, del Consejo Coordinador Empresarial.
Se plantea trabajar y aumentar la vigilancia en La Paz, Loreto y en Mulegé, donde se pretende instalar una unidad de inspección en San Ignacio, “sin descuidar Los Cabos”, puntualizó el secretario de la Defensa Nacional.
Godofredo, el factor de la discordia
“Cómo es posible que él (Godofredo Contreras) tranquilamente siga en como encargado de despacho y nosotros que tenemos todas las capacitaciones que nos ha impuesto la Academia, Exámenes de Control y Confianza, y estén dando de baja a compañeros de 23, 25 y 28 años de servicio, es injusto que alguien que no está capacitado para el encargo y después de reprobar tres veces el examen, siga al frente de la corporación”, denunció uno de los agentes que se manifestó en la explanada del XV Ayuntamiento de La Paz.
La molestia de los agentes municipales, es que de nuevo se hizo un anuncio: fueron dados de baja 42, en esta nueva etapa 23 y faltan 55 más, lo que da como resultado 120 elementos cesados supuestamente por reprobar los Exámenes de Control y Confianza.
Desde la mañana del jueves 19 de octubre, más de 200 elementos de la Policía Municipal, entre elementos rasos, jefes de grupo, comandantes y mandos policiales se manifestaron a las afueras de Tránsito Municipal, marcharon a la explanada del Palacio Municipal y después marcharon al Congreso del Estado; consideran un abuso a sus derechos ser despedidos de manera arbitraria.
A la marcha acudieron policías en activo que se encontraban de vacaciones, de descanso y francos, aunque es un menor número, la solidaridad fue notoria por parte de elementos en funciones.
“Queda claro que los malos elementos siguen dentro de la corporación, he visto cómo buenos elementos reprueban Control y Confianza, desde siempre que te hacen el examen te presionan, te tratan como malandro y eso por supuesto que afecta en el resultado, en cambio a los malos elementos los pasan porque están acostumbrados al estrés y la presión; en cambio nosotros, por simples problemas familiares salimos mal”, refirió uno de los manifestantes, adscrito al Mando Mixto.
Ante el despido masivo que se ha dado en las últimas semanas, el CCE de Los Cabos aplaudió la determinación que tuvo la Secretaría de Gobernación, pues es notorio que hay elementos coludidos con el narcotráfico.
“Respaldamos completamente la decisión, no solo del Municipio o del Estado, sino del país entero, si todos los estados, si todos los municipios, todas las corporaciones policiales y de seguridad se metieran en esta dinámica, verdaderamente serio y no político, y lo hubiéramos hecho desde hace años, muchas de las cosas que están pasando no estarían pasando ahorita”, lanzó el titular del CCE.
Con el despido de cientos de policías en Baja California Sur, es claro que se requiere de apoyo para mantener estable la seguridad, pues se ha creado un vacío y por ello se tiene mayor presencia de fuerzas federales.
“No hay que permitir que la delincuencia organizada como ha sido en los últimos tiempos, siga haciendo acciones ilícitas, que van contra la seguridad, contra la certeza de los ciudadanos; estamos obligados a respetar la Ley y debemos ser ejemplo, y con la Ley en la mano y los recursos que dispongamos, seguiremos actuando en apoyo del Gobierno del Estado y de los municipios”, finalizó Salvador Cienfuegos Zepeda, de la Sedena.
Según el subsecretario de Seguridad Pública en Baja California Sur, pese a los recortes de personal que se mantienen “vamos a procurar tener presencia en las zonas más sensibles, cuando la ciudadanía vaya a las plazas comerciales ante la presencia de nuestra Policía, que ya haya recobrado la confianza, se va a sentir más segura de entrar a la plaza y salir, y que su carro la esté esperando; vamos a tratar de tener mayor presencia donde concurra el público”, por lo cual “deben estar seguros que la vigilancia no se va a caer”.
Pero el interés también se ha puesto en los mandos recién nombrados, pues ha quedado claro que la seguridad en manos de militares era la estrategia que nadie quería aceptar.
“Vamos a coordinar con los tres niveles de gobierno porque solos no podemos, y por supuesto con mayor presencia de las Fuerzas Armadas, se implementarán operativos como ocurren en otras zonas de la República. He estado en lugares en municipios prioritarios como Matamoros, Tamaulipas, y mi anterior comisión en Zihuatanejo, Guerrero, donde se han hecho operaciones coordinadas con la participación de Fuerzas Armadas, policías estatales y municipales y la Policía Federal”, finalizó Armando Nava, designado apenas hace unos días al frente de la SSPE de la entidad.
Instituciones de gobierno, fuerzas de inteligencia militar y los propios empresarios, coinciden en que por años la inseguridad se dejó crecer, responsables han sido tanto los gobernantes como la población, al callar y dejar pasar el problema, dejando que otros lo resolvieran; hoy el problema se vino encima con malas decisiones y la impunidad que ha quedado al descubierto en cada uno de los eventos, pues se ha visto a policías cerca de los hechos y estos han permitido que sucedan los casos, pero la misma población ha permitido que familiares, amigos y conocidos sigan delinquiendo sin tener la cultura de la denuncia en cada uno de los eventos.
“Todos somos responsables y tenemos que ponernos la camiseta, nadie tiene que entrarle por su lado, pero todos juntos podemos limpiar las calles y permitir que nuestros hijos puedan gozar de una tranquilidad”, finalizó un agente de Inteligencia Militar.