Salvo previo conocimiento de las bases, no hay manera de cumplir en tres semanas los requisitos de la licitación para concesionar a una empresa privada el servicio de alumbrado público de Tijuana, lo que podría dejar desierta la convocatoria, advierten interesados en participar, quienes además de los obstáculos para poder concursar, detectaron en el documento ambigüedades técnicas que en nada garantizan ahorro y una buena iluminación, a pesar de que el monto total del proyecto se estima en cuando menos 4 mil 680 millones de pesos, de acuerdo a cálculos de Tesorería Municipal
De acuerdo con el análisis de expertos, el título de concesión que el gobierno de Juan Manuel Gastélum prevé estar firmando en diciembre de 2017, está plagado de riesgos financieros y legales, además de imprecisiones técnicas que, lejos de garantizar un óptimo servicio de alumbrado público, comprometen su calidad.
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Los interesados en participar señalan que la calidad y cantidad de documentos requeridos para poder concursar no se pueden reunir en tres semanas, plazo establecido entre la junta de aclaraciones y la entrega de propuestas.
Según la convocatoria, a falta de proyecto ejecutivo por parte del Municipio, en la propuesta la empresa interesada debe presentar un diagnóstico de la problemática, lo que implica hacer un recorrido calle por calle para ver la necesidad de iluminación y presentar soluciones.
En caso de declararse desierta, la administración de “El Patas” Gastélum tendrá la facultad de hacer una designación directa, o realizar otra convocatoria.
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A la fecha, más de una decena de empresas han adquirido las bases de licitación, de las cuales solo tres son de Baja California.
Al respecto, el tesorero municipal Ricardo Chavarría reconoce: “No sé cuántas empresas puedan participar, las bases no vienen muy cómodas para ellos, tienen que decidir si les conviene o no”.
LOS RIESGOS DEL TÍTULO DE CONCESIÓN: TECNICO
En las bases no hay un proyecto técnico como tal en el que se asienten las propuestas, y menos un proyecto ejecutivo; pero aún, el proyecto se deja a la iniciativa del licitante, lo cual hace que este programa no refleje la necesidad real de alumbrado público de Tijuana y que la selección entre licitantes sea arbitraria.
Tampoco hay algún criterio relativo a la composición socioeconómica de la sociedad o a criterios urbanísticos, exponen los expertos.
Foto: Isabel Mercado.- Presentan queja en CEDH
Al fijar la duración de la concesión a 15 años, la elección tecnológica hecha en 2017 será “congelada” durante 15 años, esto no tiene sentido si se considera la evolución rápida de las tecnologías y el costo decreciente del lumen -unidad de iluminación-, ya que al paso de los años la iluminación es menor.
Al obligar la sustitución de las luminarias actuales por luminarias de tecnología LED, se restringe el abanico de soluciones técnicas y económicamente más viables.
La obligación impuesta al licitante de un ahorro de energía superior al 50 por ciento no es técnicamente factible, habida cuenta los niveles de iluminación requeridos en la NOM- 013; dicho de otra manera, si se logra el 50% de ahorro de energía, las calles estarán mal iluminadas.
A la empresa se le otorgará un plazo de 18 meses para cumpla con el reemplazo de las 80 mil lámparas establecidas actualmente en Tijuana, con la posibilidad de que pueda obtener una prórroga.
FINANCIERO
De inicio, el título de la concesión obliga por 15 años al pago mensual de la contraprestación, lo que para el Ayuntamiento de Tijuana significa un compromiso financiero que a decir del tesorero Chavarría, se estima en 4 mil 680 millones de pesos.
Tan solo el costo de modernización y mantenimiento de luminarias, tendrá un costo promedio de 20 millones de pesos al año, monto al que hay que sumar los 6 millones de pesos mensuales que se pagan por el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para un pago al mes de 26 millones, lo que al año significará una erogación de 312 millones de pesos.
Multiplicados por los 15 años del término en que se establecerá el contrato, da un monto de pago de cuando menos 4 mil 680 millones de pesos.
A decir del tesorero, actualmente el municipio de Tijuana eroga 29.5 millones en pago de servicio y mantenimiento del sistema de alumbrado. “Queremos pagar 20 millones de pesos -a la empresa a concesionar- más 6 millones de consumo, lo que significa un ahorro de 3.5 millones de pesos de ahorro”.
Actualmente el excedente del Impuesto al Alumbrado Público, es de un monto que fluctúa entre los 6 y 7 millones de pesos, por lo que el gobierno de Tijuana tendrá que determinar una partida del erario de alrededor de 20 millones de pesos para cubrir el pago mensual, dinero que ya está presupuestado en el gasto del programa de mantenimiento, aseguró Ricardo Chavarría.
Respecto al fideicomiso, si no hay ahorro suficiente, el Municipio deberá destinar de su partida presupuestaria para no faltar al pago. Es decir, a pesar de que el financiamiento es tema del concesionario, si hay un compromiso real del Municipio para liquidar el pago comprometiendo sus ingresos propios.
Las bases establecen claramente que el Impuesto Predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles -ISABI-, los remanentes del Impuesto al Alumbrado Público -IAP- y otros recursos presupuestarios, serán comprometidos para pagar la contraprestación mensual del concesionario de manera irrevocable.
Además, la licitación no establece límite a la tasa de financiamiento, lo cual es claramente desfavorable al Municipio.
Al no tener un proyecto definido, el monto a pagar depende de un documento llamado “valor técnico de referencia”, cuya base de cálculo y monto son secretos, por ende, no se conoce el monto del compromiso financiero de este programa, de ahí que las declaraciones de funcionarios del XXII Ayuntamiento, solo se pueden tomar como estimaciones.
Tampoco se definió una cláusula que límite la tasa de financiamiento, es decir, no hay incentivo para que el concesionario busque el menor costo financiero y esto repercute en el proyecto.
El hecho de que no haya un proyecto ejecutivo que el licitante pueda revisar, no permite cuantificar el tamaño del mismo, lo que aumenta el riesgo financiero.
La indemnización por rescisión garantiza al concesionario el pago de todos sus gastos, incluyendo su utilidad. Dicho compromiso se transmite a todas las administraciones posteriores durante los 15 años.
LEGAL
Las bases no incluyen ningún indicador de solidez corporativa o financiera que deben cumplir los licitantes, lo cual hace elevado el riesgo de cumplimiento al solo requerir un capital contable de 80 millones de pesos. Si la concesionaria falla, se declara en quiebra o en suspensión de pagos, no se establece una base que blinde al Municipio de ese riesgo.
Comprometer impuestos y egresos para pago, punto irrevocable
Más aún, el formato legal de contrato de prestación de servicios es mucho más favorable que el título de concesión, al no definir garantía alguna para que la empresa a la que se asigne el contrato cumpla con la Ley de Disciplina Financiera y con la Ley Anticorrupción.
Al respecto, el tesorero Ricardo Chavarría anotó que todos estos aspectos se definirán una vez que se tengan las propuestas, “en la junta de aclaraciones”.
DESIDIA LEGISLATIVA
Cobijado dentro de la facultad de autonomía que el Artículo 115 constitucional otorga a los municipios, el gobierno de Tijuana decide en forma unilateral, sin escuchar la oposición de los ciudadanos.
Cuestionados al respecto, diputados locales señalan que el Cabildo de Tijuana decidió autorizar al Ejecutivo municipal para que el proyecto trascienda la administración, por lo que solo demandan “que todo se haga conforme a Derecho”, dejando la revisión del mismo al Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California -ORFIS-. “Yo no estoy de acuerdo, pero está dentro de las facultades del 115 constitucional del Ayuntamiento, son ellos los que deciden”, expuso Bernardo Padilla, diputado priista.
Aunque consideró que el proyecto de concesión “atenta contra los intereses de los ciudadanos, pues puede ser el Municipio quien debe prestar el servicio por cuenta propia”, Catalino Zavala dijo respetar la autonomía del municipio, opinión que secundó Víctor Manuel Morán, ambos legisladores por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En general, los diputados de Baja California solo manifestaron su rechazo al proyecto de palabra, pero en cuestión legislativa no plantearon ninguna propuesta que evite al gobierno municipal realizar convenios unilaterales, sin el aval de los ciudadanos.
AMPAROS Y PROTESTAS
Para los empresarios locales y grupos de ciudadanos, “es de esperar que la comunidad tijuanense se oponga al programa de esta administración, que al igual que en las administraciones anteriores, será una mala utilización de los denarios públicos, en detrimento de los tijuanenses”.
Para Víctor Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Civiles de Baja California -AMICBC-, el concesionar el servicio en esas condiciones solo “podría dar un incremento en el Impuesto Predial, en la tarifa de alumbrado público y algún nuevo impuesto que van a tener que sacar para complementar el pago”.
Ante ello, opinó que “como ciudadanos debemos sumarnos todos a una protesta, porque el tema de las luminarias como otros que ha manejado el Ayuntamiento de Tijuana no ha sido transparentes. Debemos sumarnos a los grupos”, dijo en referencia a organismos como el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes –COCI-, que por la vía legal, buscan combatir el proyecto de entregar a una empresa privada el servicio de alumbrado público.
Esta semana COCI presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la negativa del gobierno municipal y el Instituto Estatal Electoral de Baja California de realizar un plebiscito para llevar a consulta pública el concesionar este servicio, lo que viola el derecho a la participación ciudadana.
A la par, preparan amparos federales en busca de frenar lo que consideran una arbitraria decisión del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. (Con información de Cristian Torres Cruz)
