Verónica Pérez Lima, ganadora del primer lugar del premio que otorga la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), señaló que la escasez de notarios públicos en México provoca que existan altos costos, baja calidad en los servicios y discrecionalidad.
El órgano regulador nacional dio a conocer el premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir en el país, el cual fue otorgado a la citada investigación sobre las leyes estatales que regulan la actividad notarial.
“Los notarios son abogados autorizados y regulados por las entidades federativas para, mediante sus servicios, otorgar autenticidad y certeza a importantes actos jurídicos entre particulares, como la compra/venta de inmuebles, los contratos de hipotecas, testamentos, poderes, constitución de sociedades y certificación de documentos, entre otros”, señaló la Cofece.
“Debido a la importante labor que realizan, las limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios y a las restricciones a la competencia entre ellos perjudican al ciudadano”, dijo el organismo regulador en un comunicado.
El organismo regulador señaló que en el México existen 3.4 notarios por cada 100 mil habitantes, mientras que Alemania tiene 9.4 y Suiza, 33.3, por el mismo número de habitantes.
“Las limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios y a las restricciones a la competencia entre ellos perjudican al ciudadano, pues resultan en incertidumbre jurídica al haber menos uso de servicios notariales por los altos costos”, señaló la Cofece.
Las leyes estatales de notarios hacen que el trabajo de los notarios se vea entorpecido en sus funciones, lo que afecta la actividad económica y social, aseveró Pérez Lima en su investigación, en la que también reveló que 35.2 por ciento de los hogares en el país carecen de escrituras que les permitan acreditar su propiedad.
Por su parte, el comisionado Alejandro Faya Rodriguez destacó el carácter discrecional en el otorgamiento de notarías, ya que en al menos 30 entidades de la República, los gobernadores entregan las patentes bajo criterios arbitrarios, por lo que se seleccionan agentes que no necesariamente cuentan con la capacidad suficiente para ofrecer servicios notariales de calidad.
Además, en 30 estados se establecen referencias para determinar los precios máximos de estos servicios a través del “arancel notarial”. Ello genera incentivos para que los notarios se apeguen a esta referencia, en vez de competir mediante precios más accesibles.
Por otra parte, en 18 entidades restringen el número de notarios a uno por cada determinado número de habitantes. Destacan los casos de Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero, con un máximo de un notario por cada 50 mil habitantes, lo que asegura a los notarios un mercado cautivo en detrimento de la población.
“Incrementar el número de notarios y la intensidad de la competencia entre ellos, son factores esenciales para modernizar y formalizar la economía, porque incrementa la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos de propiedad”, señaló la Cofece.
Estas discrecionalidad ha sido ampliamente documentada por los medios. Por ejemplo, antes de dejar la gubernatura, Rafael Moreno Valle entregó 29 notarías violando la ley. En otro caso, a dos meses de concluir su Gobierno, Eruviel Ávila Villegas repartió notarías a sus allegados y aliados.
El entonces gobernador del Estado de México creó 11 notarías, de las cuales una la entregó a su brazo derecho, el ex Secretario de Finanzas e Infraestructura Erasto Martínez Rojas, entre otros, como por ejemplo, el hijo del mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.
