La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, requerido por la justicia de los Estados Unidos, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de envíos de dinero sin licencia.
La dependencia cumplimentó la orden de detención a través de personal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El ex mandatario tamaulipeco, de 67 años de edad y nacionalidad mexicana -dijo la PGR a través de un comunicado, aunque se sabe que Hernández Flores tiene 58 años- es solicitado por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.
El ahora recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, continuará su proceso con fines de Extradición Internacional internado en el penal estatal, señaló la PGR.
Ayer martes, Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR, anunció que el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas, para poder enjuiciarlo en aquel país por lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude bancario.
Ayer también, tras encontrarse vigente la orden de aprehensión para extraditar al ex gobernador, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal de Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, libró la orden de detención provisional en su contra, de acuerdo con el expediente 1/2017.
“Se libra orden de detención provisional con fines de extradición contra Eugenio Javier Hernández Flores”, señaló el documento firmado por el juez federal, quien también ordenó remitir copia autorizada de la determinación al Procurador General de la República y a alguno de los agentes del Ministerio Público de la Federación autorizados en la petición atendida.
Lo anterior para que se proceda al cumplimiento de la orden y una vez lograda la detención del extraditable sea internado en un Centro de Readaptación Social (Cefereso) a disposición del Centro de Justicia Penal Federal.
El juez federal también notificó de la resolución a la PGR, y autorizó el aseguramiento de artículos, instrumentos, objetos y documentos que el reclamado tenga en su poder en los términos autorizados en la resolución judicial.
Hernández fue detenido el pasado seis de octubre y desde ese día se encuentra en el Cedes local, tras el auto de formal prisión que dictó el Juez Segundo Penal, Juan Manuel Ham Cortés, quien encontró culpable al ex mandatario tamaulipeco por los delitos de peculado y lavado de dinero.
La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT) lo acusa de haberse apropiado en el 2007 de más de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira a través de su presunto prestanombres Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S. A. de C. V., a un precio subvaluado de 16 millones de pesos, cuando su valor actual asciende a mil 684 millones.
El domingo pasado, el Juez Décimo Primero de Distrito Dederal de Ciudad Victoria, concedió un amparo al ex gobernador Hernández Flores, para que no sea trasladado a ningún otro penal, según lo informó uno de sus abogados, Juan Jorge Olvera Reyes.
El pasado viernes, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas había solicitado el traslado del ex mandatario a un Centro Federal de Readaptación Social, “que cuente con la infraestructura y la seguridad suficiente” por el alto perfil del procesado.
Pedro Argüelles Ramírez, secretario de Gobierno de la entidad durante la gestión de Hernández Flores, que gobernó Tamaulipas del 2005 al 2010, contó en un video cómo se involucró con la delincuencia organizada para negociar con Los Zetas, porque el ex mandatario quería ser presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los contactos del ex Secretario General de Gobierno fueron Rogelio Díaz Cuéllar, alias “El Rojo”, jefe de plaza en Ciudad Victoria, y un ex militar, José Alberto González Xalate, “El Paisa”, a través de quienes los capos Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca” y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, supuestamente enviaron sobornos mensuales para Hernández Flores, que promediaron el millón de dólares, cuando su organización se comenzó a independizar del Cártel del Golfo (CDG).
“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, según señalan documentos de la Corte Federal de Corpus Christi, en Texas.
En especifico el documento Case 2:14-cr-00178 señala que Eugenio Hernández y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra “conspiraron” para transferir, transportar y cometer fraude en bancos de Texas, en los cuales depositaron fondos robados del erario público, así como sobornos de grupos criminales por un monto de 30 millones de dólares.
Eugenio Hernández y Gómez Guerra utilizaron los bancos National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce para depositar ilegalmente los 30 millones de dólares, con los cuales comprar al menos cuatro propiedades valuadas en 4.1 millones de dólares, ubicadas en McAllen y Austin, en Texas, mismas que el Gobierno de Estados Unidos le busca decomisar.
