En días pasados, un grupo autodenominado Mexicali Resiste tomó las instalaciones del Congreso del Estado, en protesta por la posibilidad de que la Cámara de Diputados local aprobara una serie de medidas financieras que, según los manifestantes, causarían un severo daño a las finanzas públicas de esta entidad.
Los protestantes fueron desalojados mediante la fuerza pública y el tema ha adquirido interés periodístico, trascendiendo las fronteras.
Es importante su análisis por el resultado de constitucionalidad que conlleva. Alegan los inconformes que se violó en su perjuicio la libertad de manifestarse, misma que forma parte de todo sistema democrático.
Por su parte, el Congreso del Estado presentó denuncia penal, señalando como presuntos responsables de diversos delitos a los participantes, miembros de Mexicali Resiste. Se trata pues, de inconformidades no escuchadas, no resueltas y el empleo de la fuerza como solución, cuando podrían aplicarse otras medidas que van más acorde al principio que dicta al pueblo como dueño del poder.
El diálogo, acuerdo o concertación, debieron, a mi juicio, no ser abandonados, tomando en cuenta que las soluciones de fuerza generan e incrementan la violencia gubernamental que debe ser la última ratio en un conflicto de naturaleza social, tal como lo hemos expresado anteriormente, y del que deriva la acumulación de problemas del orden político-partidista a los que se suman diversidad de complicaciones de carácter económico, político-electoral y de seguridad, local y nacional.
No desconocemos que es obligación de quien gobierna, proteger el patrimonio público, tampoco ignoramos que los señores diputados requieren de un espacio para desempeñar sus funciones. El derecho debe imponerse coactivamente si es necesario, pero sobre la obligación del Estado de aplicar la Ley, está la necesidad de mantener la tranquilidad y el buen gobierno, evitando, por parte de la fracción gobierno y manifestantes, el conflicto y la provocación que no solo alterar el orden, sino que también genera la posibilidad de enfrentamientos que pueden desembocar en hechos de sangre.
Vivimos en una sociedad convulsa, crítica, participativa, plural, cuyo gobierno exige talento político, criterio amplio, ánimo conciliador y buena fe; una sociedad que obliga a la autoridad a fundar y motivar toda política pública con plena transparencia.
La concertación, el arbitraje y la composición, son instrumentos que emplean los estados modernos para establecer un diálogo y acuerdos con el fin de evitar los choques políticos innecesarios.
Los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados, a proponer alternativas de solución en el caso de situaciones conflictivas y a participar en la toma de decisiones fundamentales.
Existe una crisis de representatividad política a la que debemos agregar la inserción en el proceso social de elementos perturbadores que, aprovechan cualquier resquicio para introducir en los conflictos, políticas de choque, cuyo manejo debe ser basado en la participación democrática del cuerpo social.
La imagen de señoras del grupo Mexicali Resiste arrastradas por los suelos para desalojar los salones del Congreso del Estado, grabadas en video y difundidas en las redes sociales, crearon la percepción de que existe un grupo de ciudadanos que no es escuchado y que el único camino para ello es llamar la atención de la sociedad para que volteen a ver la problemática social que vive el Estado; aunque ésta tenga que ser mediante la toma de instalaciones gubernamentales y actos de protesta cercanos a la desobediencia civil.
Este hecho delata un error político, como lo es también llevar a la escena del conflicto a grupos de provocadores, cuando lo adecuado hubiera sido el establecimiento de mesas de acuerdo que pudieran haber incluido un diálogo entre las partes, constructivo y respetuoso con el Gobernador del Estado.
La posibilidad de establecer un sistema de diálogo para solucionar este conflicto, está vigente y es válido, falta solamente la voluntad de ambas partes porque la sociedad no desea choques como el que estamos viviendo.
Los bajacalifornianos estamos conscientes de la cercanía de un proceso político-electoral encaminado a la elección de Presidente de la República, pero del mismo modo sabemos separar los esfuerzos político-partidistas de quienes luchan por conquistar un espacio electoral, de la grave problemática que está viviendo el país y en particular, nuestro Estado.
