Bajo la administración de Francisco Vega de Lamadrid, la constructora -sin contar sus filiales- ha recibido cuatro contratos para realizar obras públicas que suman los 808 millones de pesos. De estas, dos han sido entregadas meses después de lo planeado y una con fallas estructurales. Sin embargo, los malos antecedentes de la compañía se remontan al estacionamiento subterráneo del Ayuntamiento, clausurado por los malos trabajos hechos
Constructora Makro, junto a sus filiales Futura Industrial y UR Obras y Servicios, obtuvo un contrato con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) para construir, operar y dar mantenimiento durante 15 años a una tubería de drenaje pluvial en la Capital de Baja California.
Por medio de una Asociación Público Privada (APP), de acuerdo con el contrato firmado el 24 de octubre de 2016, se contempla la construcción de dos ductos paralelos de una longitud combinada de 6 mil 535 metros más todos sus accesorios, así como la construcción de pozos de visita y otras estructuras requeridas.
La nueva infraestructura se encargará de conducir las aguas del dren Mexicali por el tramo de la calle Esmeralda a la Avenida Santacruz.
A cambio de la obra, Operadora de Pluviales de Mexicali, nombre del consorcio integrado por las tres empresas nombradas, recibirá un pago mensual de 2 millones 845 mil 744 pesos al mes con Impuesto al valor agregado (IVA) incluido.
Ello resulta en 34 millones 148 mil 933 pesos al año y un total de 512 millones 234 mil pesos por los 15 años de duración de la APP.
De acuerdo con documentación oficial, este proyecto, una de las once APP que se presentaron ante el Congreso en diciembre de 2016, fue aprobado por el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas en sesión del 4 de septiembre de 2015.
La propuesta presentada por Constructora Makro, Futura Industria y UR Obras y Servicios indica que el costo del proyecto será de 254 millones 703 mil 234 pesos. Esto significa que la empresa recibirá más del doble de lo que invertirá en la obra.
El periodo de inversión será de 22 meses, los cuales incluyen tres meses de proyecto ejecutivo, trámites y autorizaciones, 18 meses de construcción y un mes de pruebas.
Mientras que la operación y mantenimiento se llevará a cabo durante 15 años, “en los cuales se brindará mantenimiento preventivo y correctivo periódicamente y se contempla una vida útil residual de cuando menos 50 años”, señala el documento.
Bajo este cronograma, el colector entraría en operaciones en octubre de 2018 y, por lo tanto, el compromiso de pago al desarrollador iniciaría en noviembre de 2019, justo al concluir el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, por lo que el contrato finalizaría en octubre de 2033.
La convocatoria para la adjudicación de esta obra se publicó bajo el número 001/2016, el 26 de febrero de 2016 y, para el 10 de junio del mismo año, el comité había determinado que el fallo ganador era para el consorcio conformado por Futura Industrial, UR Obras y Servicios y Constructora Makro.
Sin embargo, la firma del contrato se dio en octubre, un mes después de que Constructora Makro fallara en entregar la obra Nodo Exprés 20 de Noviembre, la cual obtuvo en 2015 y que según la ficha del expediente, concluiría el 5 de septiembre de 2016.
Los hombres detrás del negocio
UR Obras y Servicios está conformada por los hermanos Víctor Ismael y Alejandro Lázaro Llamas Galván, así como Alberto Barrutia Calderón, todos ellos socios de la empresa Urbaca, otra de las grandes beneficiadas con los contratos de APP.
Urbaca resultó ganadora, junto con Urbanizadora Roma, del proyecto de rehabilitación, reposición y conservación de un tramo de la red de agua potable en Ensenada durante 15 años, trabajos por los cuales recibirán un monto de mil 110 millones 258 mil pesos.
Constructora Makro está constituida por Marco Antonio Santacruz Cuevas, Alberto Romero Guakil y Luis Alejandro Santacruz Rodríguez.
Mientras que Futura Industrial la integran Héctor Jesús Rodríguez López, Rodrigo Javier Castro Monarque, Alberto Barrutia Calderón, María Guadalupe Villavicencio y Margarita Soto Medrano.
Las tres empresas, junto con Ingeniería de Bombas y Controles, forman parte de otra sociedad denominada Administradora de Obras y Concesiones, cuyo consejo de administración fue conformado en 2006 por Ismael Ariel Gutiérrez Castro como presidente, Víctor Ismael Llamas Galván como secretario y Alberto Barrutia Calderón como tesorero.
Los contratos para Makro
Desde el inicio de la administración del gobernador “Kiko” Vega, Constructora Makro ha recibido cuatro contratos para obras públicas que suman 808 millones de pesos.
Entre estos, el acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada por 133 millones de pesos en 2014, la primera etapa del Paso Express Aeropuerto-Bellas Artes en Tijuana por 75 millones de pesos en 2015, la primera fase del Nodo Exprés 20 de Noviembre por 88 millones de pesos en 2015, y ahora la APP para la red de tubería de drenaje pluvial en Mexicali.
Tanto las obras del Paso Express Aeropuerto-Bellas Artes como el Nodo Exprés 20 de Noviembre iniciaron en febrero de 2016 y ambas presentaron rezagos en sus tiempos de entrega. Aunque el Paso Express Aeropuerto-Bellas Artes ya se encuentra en funcionamiento, el segundo proyecto no.
Mala calidad del Nodo 20 de Noviembre, la marca de Makro
El gobernador Vega de Lamadrid dio el banderazo de inicio del Nodo 20 de Noviembre, el 17 de febrero de 2016. Anunció que la obra representaba una inversión de 140 millones de pesos y que concluiría en agosto de ese año.
De este monto, Constructora Makro obtuvo el contrato para construir la primera etapa del proyecto por 88 millones 992 mil pesos.
No obstante, los costos de rezago hicieron que, hasta el momento, se haya ejercido un presupuesto de 182 millones de pesos, 42 más de lo presupuestado.
La primera fase, a cargo de Constructora Makro, concluyó en junio de 2017, nueve meses después de lo estipulado. La segunda fase, bajo la responsabilidad de otra empresa, está proyectada para concluir el próximo 9 de noviembre. De ahí, se requerirá una tercera fase.
Los trabajos entregados por Makro presentaban grietas, desvestidos de concreto y ladeados, así como 21 pilotes inclinados y desprovistos de recubrimiento de concreto, a pesar de no existir tránsito vehicular.
Organismos como Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción (Comice) y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana han levantado la voz para alertar de los riesgos de abrir el paso a los 120 mil conductores que al día transitan la zona.
También han exigido se sancione la negligencia y las omisiones de los responsables de la supervisión de la obra, así como un peritaje independiente y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
… y un estacionamiento clausurado por Protección Civil
En octubre de 2014, Protección Civil clausuró de manera parcial el estacionamiento subterráneo del Ayuntamiento de Tijuana por considerarlo inhabilitado para su operación total.
El estacionamiento fue construido durante la administración del hoy diputado federal Jorge Ramos, por Administradora de Obras y Concesiones, empresa constituida en 2006 y conformada por las empresas Constructora Makro, Urbanización y Riego de Baja California (Urbaca), Futura Industrial e Ingeniería de Bombas y Controles.
Tres años después de su apertura, el Ayuntamiento de Tijuana detectó fallas estructurales visibles en la obra y, cuando la Dirección de Administración Urbana (DUA) tuvo conocimiento de que trabajadores de la empresa intentaron realizar reparaciones sin haber presentado un programa de reparaciones a la dependencia, los detuvo.
Los daños estructurales del estacionamiento impiden además la utilización de la Plaza Independencia para eventos masivos debido al riesgo de colapso, este espacio ubicado a espaldas del edificio del Ayuntamiento, en la explanada, fue construido también por Constructora Makro.
Una licitación con dedicatoria
En junio de 2015, SIDUE presentó el análisis de viabilidad para la inversión del proyecto denominado de tubería para drenajes pluviales en Mexicali, cuya construcción se calculó en 316 millones 352 mil 507 pesos, cantidad ligeramente superior a la propuesta por el consorcio ganador de la obra.
En el documento se apoya la construcción de nueva tubería, ya que la segunda alternativa, que consistía en la rehabilitación del dren agrícola/pluvial en el tramo de la Avenida Río Santa Cruz a calle Esmeralda, implicaba un costo mayor por 1.5 millones de pesos.
Para recomendar la creación de una Asociación Público Privada, SIDUE estableció que este proyecto no contaba con viabilidad financiera con recursos programados.
Incluso, podía “poner en grave riesgo la suficiencia presupuestal del Gobierno del Estado” debido a la “la insuficiencia en su presupuesto para financiar los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y operación del proyecto”, refiere el documento.
Tras informar de los detalles de la obra, SIDUE recomendó a seis empresas para que se encargaran de los trabajos de construcción: Arca del Pacífico, Aranda Sistemas y Equipos Hidráulicos, Makro, Cadena, Gallego y Urbanización y Riego de Baja California.
Mientras que como compañías proveedoras nombró a Arca del Pacífico, Aranda Sistemas y Equipos Hidráulicos, Eysa del Pacífico, Futura Industrial, Aceros Depot, Amitech México y Artículos y Partes Internacionales.
Entre estas, se encuentran las que integran el consorcio ganador, pese a que se trató de una licitación pública y abierta.