El paso de la tormenta tropical “Lidia” por Baja California Sur, sobre todo en Los Cabos, dejó en claro que la naturaleza reclama lo suyo y tiene memoria, pues, con la crecida de los arroyos, varias colonias fueron borradas del mapa urbano.
Al menos siete personas fallecieron al ser arrastradas por la corriente y más de mil viviendas resultaron afectadas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que existen 32 arroyos en Baja California Sur, lo que representa un riesgo latente, estos se distribuyen de la siguiente manera:
Los Cabos:
– Cabo San Lucas: 4
– San José del Cabo: 8
La Paz: 16
Loreto: 3
Mulegé: un arroyo
De acuerdo a datos obtenidos por ZETA, hasta antes del impacto de “Lidia”, se encontraban más de 36 mil familias asentadas en zonas de riesgo; 16 mil en el municipio de Los Cabos. Lamentablemente hubo permisos por parte del Ayuntamiento para habitar y construir en pleno cauce de río.
Algunos ejemplos son Chulavista, en Cabo San Lucas, y Puerto Nuevo, en San José del Cabo, aprobados durante la administración de Oscar René Núñez Cosió; sin embargo, José Antonio Agúndez Montaño aprobó la construcción de viviendas y, lo que es peor, comercios y grandes empresas automotrices, como la empresa Chevrolet, y empresas turísticas, como la cadena de hoteles ONE, aunque se justificó que él no había aprobado nada, sino el cabildo.
Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador General de Justicia en el Estado, de entrada dijo que “estamos con la idea de encauzar esos elementos en contra de quien se deba proceder. Desde luego ya se hicieron las primera diligencias, como la ubicación fotográfica, la ubicación planimétrica y todo lo que nos permita el día de mañana, como lo dijo el señor gobernador, hasta las últimas consecuencias”.
Actualmente ya son 479 personas atendidas y asesoradas para que denuncien a la persona o empresa que les vendió los predios en zonas de riesgo, de modo que se consiga llegar al culpable de la situación.
De entrada, los mismos documentos presentados señalan el riesgo latente en el que vivían estas familias. Alcaldes emanados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, como Narciso Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Oscar René Núñez Cosió y José Antonio Agúndez, actuaron negligentemente ante la problemática; lo que resulta peor, algunos promovieron invasiones en zonas federales, es decir, arroyos, de modo que utilizaron la necesidad de la gente como capital político. Hoy, todos les dieron la espalda.
En total, resultaron afectadas 5 mil 275 familias en Cabo San Lucas, en colonias como Caribe Bajo, Real Unidad, Ampliación Real Unidad, Lagunitas I y II, Ampliación Lagunitas, Cactus, Cabo Diamante, Vista Azul, Ampliación Palmas, Tierra y Libertad, además de Guerrero, Mesa Colorada y 16 de Septiembre. En San José del Cabo, las colonias fueron: Vado de Santa Rosa, Arroyo el Zacatal, Ampliación Vista Hermosa y Obrera, siendo mil 298 familias las dañadas; es decir, la cifra de damnificados llegó a 6 mil 573 familias.
En La Paz, familias de Ampliación Vista Hermosa y Villas de La Paz, están en revisión para poder regularizar sus predios, gestión que ha iniciado la diputada Federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jisela Páez Martínez, así como Norma Peña, diputada Local.
“Sostuvimos una reunión de gestión con autoridades en pro de la tenencia de la tierra, estamos en revisión y dentro de poco podremos tener noticias, sobre todo, que puedan tener certidumbre de su hogar. Si esto resulta como esperamos, lo replicaremos en otros municipios, donde también hay problemas en la tenencia de la tierra e invasiones”, expuso Norma Peña.
Investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar), La Paz, indicaron que es urgente el ordenamiento territorial para que los desarrollos inmobiliarios y turísticos queden fuera de zonas de riesgo.
“Hay que hacer efectivamente eso, ordenar, ordenar y ni olvidar, porque pasa el tiempo y empiezan a establecer donde no lo deben. Entonces, una vez que se ordene, hay que hacer respetar todos los cauces de ríos y todas las zonas inundables para que no haya asentamientos”, apuntó Ricardo Palomares, profesor investigador del Cicimar.
Indicaron que zonas, como Los Cabos, que no cuentan con barreras naturales y prácticamente el poblado se encuentra en un arroyo, debe estar debidamente delimitada y evitar asentamientos humanos, a su vez que también existan los mecanismos para que no haya intentos de invasión y se pueda garantizar el libre flujo de los cauces.
Baja California Sur es un punto natural de impacto, como los huracanes, por lo que debe contar con instrumentos y medidas para evitar desgracias.
“Naturalmente hay zonas que carecen de protección, por ejemplo Los Cabos, y si a eso le abonamos que están asentados en zonas donde no deberían haber asentamientos, eso crea los problemas que ya sabemos”, expresó el profesor investigador.
Puntualizó que los gobiernos municipales deberán coordinarse con investigadores para llevar a cabo los desarrollos inmobiliarios y de asentamientos, además que deben existir los candados para que las mismas autoridades sean sancionadas en caso de que se apruebe esta clase de asentamientos en puntos considerados como de riesgo.
“Hay una serie de cuencas hidrográficas que sí se tienen establecidas y mapeadas, y con base en eso debería de hacerse el ordenamiento territorial. En el estado hay muchas instituciones y de mucho nivel y deberían de ser el soporte de toda decisión”, finalizó Ricardo Palomares, del Cicimar.
El tema de los asentamientos en zonas irregulares es un tema que los municipios deberán tomar en cuenta, después del paso de fenómenos tropicales que afectaron a la región. En pasadas administraciones, sobre todo las perredistas, lamentablemente postergaron y fomentaron las invasiones, situación que hoy en día es un grave problema de seguridad pública.
