Para el ejercicio 2013, los ayuntamientos en Baja California estrenaron dos figuras: la Sindicatura Social, y la Sindicatura Procuradora de oposición. En la primera, la idea iba más encaminada a promover la participación social para el acompañamiento de programas y la creación de políticas públicas. En la segunda el objetivo fue que el encargado de fiscalizar programas y uso de presupuesto no perteneciera al mismo partido del titular de la presidencia municipal, para evitar contubernios, complicidades, opacidad, y promover una cultura de la legalidad, la transparencia y la efectiva supervisión del manejo de los recursos y en la toma de decisiones.
Ninguna de esas figuras persiste a la fecha. En tres años los políticos bajacalifornianos se dieron cuenta que no les funcionaba y las eliminaron con la misma celeridad con que las crearon, y volvimos al esquema en el cual el síndico procurador, al ser integrante de la planilla del alcalde ganador, se convierta en su tapadera, en juez y parte, y defienda los intereses personales de la figura o el partido, por encima de la legalidad y transparencia que exigen los ciudadanos.
No hay mejor ejemplo de esa dupla perniciosa que lo que acontece en Tijuana, donde desde la Sindicatura que ostenta Marcela Guzmán, y en contubernio con la alcaldía que encabeza Juan Manuel Gastélum, se han ocultado convenios, se ha encontrado la forma de hacer opaca la administración y se han quebrantado reglamentos de transparencia para no informar de manera clara y oportuna, cómo, en qué, en quién y de a cuánto se gasta la administración local los dineros públicos.
Desde la Sindicatura no dieron a conocer los resultados de las inconsistencias detectadas en la entrega recepción de la administración en 2016, y si no las hubo, tampoco dijeron que la administración del doctor Jorge Astiazarán terminó sin mayores conflictos administrativos, situación distinta a la recalcada una y otra vez por el alcalde, que a prácticamente un año de tomar posesión, sigue culpando a la anterior administración de sus adeudos y sus arrendamientos.
Por su parte, la síndico procuradora ha intentado clasificar información que debería ser pública, precisamente la de los convenios de arrendamiento, incluso las investigaciones que debiera llevar sobre empleados denunciados como corruptos, no solamente en el caso de los policías, sino funcionarios panistas que han abusado del poder para transar, que incluso han dejado evidencia grabada, pero que a la síndico ni así la convencen de la realidad.
Otra labor de la Sindicatura es la transparencia, y ha sido público (especialmente en las páginas de ZETA), cómo desde que entró la administración de Gastélum, se eliminó del portal de transparencia la información de adjudicaciones directas, aquellos contratos que realiza el Ayuntamiento con empresas vendedoras de productos o generadores de servicios. A pesar que por Ley tal información debe ser pública y que está en la facultad de la síndico supervisar que así sea, no hay nada transparente en el uso de los recursos tijuanenses.
De suyo, aparte de pensar en contratos de arrendamientos de productos y servicios para delegar las responsabilidades básicas, en el Ayuntamiento de Gastélum les ha dado por hacer actos de relumbrón. Celebrar con conferencias de prensa, fotógrafos oficiales, videos especiales y publicidad pagada, cuanto acto está en su facultad y obligación hacer, u obra proveer y construir. Es decir, no hacen nada que no estén obligados a hacer, pero aun así lo celebran a lo grande y lo venden como acciones únicas, no antes vistas. Nada más alejado a la realidad, pero harto ponderado en un afán electorero para hacer notar que se hace lo que se está obligado a hacer.
Ahora, como si cumpliera de manera eficiente con su trabajo de fiscal municipal y la supervisión del correcto manejo del presupuesto y la aplicación de los programas, a la síndico Guzmán le ha dado y le han encomendado acudir a los actos de relumbrón para inaugurar obras, arrancar la aplicación de recursos, iniciar construcciones y darse sus baños de pueblo a costa del erario, que está obligada a vigilar sea bien utilizado.
Es una de las más fieles colaboradoras de Juan Manuel Gastélum y recibe trato de funcionaria de primera al acudir en representación del alcalde, cuando debería estar vigilándolo a él y a sus colaboradores, a los actos de corte de listón.
Esa no es labor de un síndico, no se recuerda que los síndicos panistas, ni la síndico priista o el del Verde Ecologista, anduvieran cortando listones, alzando banderas, entregando obras, inaugurando construcciones. Nada de eso. El papel de un síndico no es ese y la Sindicatura ni siquiera tiene presupuesto para gasto social o desarrollo urbano, que es en lo que anda metida Marcela Guzmán, de la mano y con el espaldarazo del alcalde.
Por si lo ha olvidado, aquí las facultades de un síndico Procurador:
“Planear, organizar y coordinar el sistema, control y evaluación del Gobierno municipal. Expedir las normas técnicas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal. Establecer las bases generales para la realización de revisiones administrativas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Ejecutar auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Inspeccionar y vigilar que las dependencias de la Administración Municipal cumplan con las normas y disposiciones que sean aplicables dentro de su ámbito de competencia.
“Dar opinión previa a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y control. Participación en la designación de auditores externos para la práctica de revisiones a las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal. Proponer la designación de comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia de los consejos de juntas de gobierno y administración de las entidades de la Administración Pública y paramunicipales. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos. Proponer al Presidente Municipal los nombramientos de los Comisarios Sociales Honorarios. Representante legal del Ayuntamiento. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos municipales”.
En ningún punto dice que será representante del alcalde en inauguración de obras y programas. Pero el jueves 12 de octubre, desde el Ayuntamiento de Tijuana informaron: “La Síndico Procurador, Ana Marcela Guzmán, acompañada de 297 vecinos de la colonia Granjas Familiares en la delegación La Presa, encabezó el arranque de los trabajos de construcción de red de agua potable. La obra tendrá una inversión de 700 mil 802 pesos del Programa Ramo 33”, por supuesto se enviaron fotografías de la síndico, que más parece titular de Desarrollo Social o fiscal encampañada, que fiscal de hierro.
Antes, el sábado 7 de octubre, incluso el Ayuntamiento de Tijuana pagó publicidad en redes sociales para promocionar: “La Síndico Procuradora, Marcela Guzmán, encabezó el arranque de los trabajos de construcción de red de agua potable en la calle 26 de febrero de la colonia El tecolote, en la delegación San Antonio de los Buenos. La inversión de la obra que beneficiará de manera directa a 112 personas integradas en 28 hogares, es de 261 mil pesos del Programa ramo 33”.
En las fotos la síndico aparece rodeada de gente humilde, que se convierte en accesorio de una campaña que le impide cumplir con su obligación de supervisar que en efecto, ese tipo de actos no sucedan.
Es el colmo de la administración de Gastélum. Sus amigos hacen campaña a costa de todos, y la encargada de velar porque eso no suceda, ya le entró también a la banderita y corte de listón.
