Estadísticas de la Procuraduría General de la República muestran una tendencia a la baja en cuanto a aprehensiones, aseguramientos de armas, municiones, granadas, gasolina, dinero y otros artículos relacionados con el narcotráfico en los últimos tres años. Aunado a esto, en un periodo de diez meses, solo el 5% de las sentencias obtenidas contra miembros del crimen organizado corresponden a miembros del CJNG, la organización criminal que más ha crecido y mantiene mayor poderío en el sexenio de Enrique Peña Nieto
La fallida estrategia en seguridad pública del Presidente Enrique Peña Nieto se refleja no solo en el crecimiento de los índices delictivos, también en los pobres resultados obtenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate al narcotráfico.
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Registros oficiales de esta dependencia federal exhiben, por ejemplo, cómo de 2014 a 2016, las detenciones realizadas por agentes ministeriales federales disminuyeron en un 39 por ciento, mientras que el aseguramiento de armas se redujo a la mitad.
En el sexenio peñista, Jesús Murillo Karam inició al frente de la PGR, pero renunció al cargo en febrero de 2015, después de las críticas en torno a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, en Guerrero.
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Arely Gómez ocupó el cargo hasta octubre de 2016, fecha en que la relevó Raúl Cervantes, quien después de un año como titular de la PGR, también presentó su renuncia.
Bajo el actual Gobierno Federal, se creó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano adscrito a la Oficina del Procurador General de la República, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de septiembre de 2013.
El objetivo de esta agencia es “planear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos”, según su descripción.
Para ello, tiene bajo su mando a la Policía Federal Ministerial (PFM), a la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) y al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, esta agencia ha dado cumplimiento a 8 mil 859 mandamientos judiciales, de los cuales 4 mil 485 corresponden a aprehensiones, 3 mil 971 a reaprehensiones, 398 a comparecencias y cinco a localizaciones y presentaciones.
Sin embargo, tan solo la cifra de aprehensiones en 2014 fue de 8 mil 865, y pasó a 6 mil 992 en 2015; de ahí a 5 mil 478 en 2016 y, de enero a junio de 2017, sumó 2 mil 836 detenciones más.
En términos de investigación, la AIC contaba con 105 mil 193 expedientes judiciales hasta el 30 de junio de 2017, de los cuales se cumplimentaron 92 mil 576 mandamientos ministeriales.
Por otra parte, en los primeros seis meses de 2017, se localizó a 136 personas fugitivas de la justicia en México en el extranjero, un aumento respecto a las 90 localizadas en 2016, 35 en 2015 y 38 en 2014.
Cártel de Sinaloa, sin sentencias
En términos de tribunales, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la PGR ha obtenido sentencias condenatorias para 279 personas detenidas en el país, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Según información de la SEIDO, de las 136 condenas, algunas incluyen a múltiples sentenciados, 51 se refieren a “cárteles independientes” que no fueron plenamente identificados.
De los cárteles del narcotráfico cuyos miembros sí fueron identificados, aparecen el Cártel del Golfo y La Familia, con 15 cada uno, seguidos del Cártel del Pacífico y Los Zetas, con 13 cada uno.
Después se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que más ha crecido durante el sexenio de Peña Nieto, con siete sentencias condenatorias; con el mismo número se encuentra el Cártel de los Beltrán Leyva. La cifra representa apenas el 5% del total de las sentencias.
Mientras que el Cártel Arellano Félix (CAF) y Los Caballeros Templarios sumaron cinco sentencias, cada uno, en este periodo.
Sin embargo, el gran ausente en la lista es el Cártel de Sinaloa, cuyo principal líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue aprehendido, se fugó, fue recapturado y extraditado a Estados Unidos durante el actual sexenio.
A pesar de que este año también se detuvo a Dámaso López Núñez “El Licenciado”, operador financiero de “El Chapo” y quien buscaba quedarse con el liderazgo del Cártel de Sinaloa, ninguna sentencia contra eta organización criminal figura en los últimos diez meses.
Otros cárteles cuyos miembros sí fueron sentenciados en este periodo, son La Resistencia, Cártel de Juárez, La Línea y La Barredora.
Por parte del Cártel del Golfo, figura la condena de Eleno Salazar Flores, identificado como operador financiero de esta organización en Tamaulipas, quien recibió 20 años de prisión y 500 días de multa por el delito de delincuencia organizada.
A Salazar Flores se le investigaba por el trasiego de drogas como cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, así como el cobro de piso a otros traficantes. Se le detuvo en julio de 2014.
En cuanto a los miembros del CJNG sentenciados, la SEIDO identifica a José Bernabé Brizuela Meraz, Humberto Soto Zavala, Lorena Sánchez Rodríguez y Tania Jesabel Maciel Pulido.
Por parte de Los Zetas, se lograron condenas contra Jonathan Castro Galaviz, Jorge Torres Velázquez, Moisés Escamilla Mayo, José Luis Chávez Ruiz, Pedro Álvarez Narro, Isidro Álvarez Pérez y Santiago Jiménez Añejo.
51 años de cárcel a homicidas de policía tijuanense
No obstante, algunos de los recién sentenciados fueron detenidos desde el sexenio de Felipe Calderón e incluso de Vicente Fox y esperaban en prisión la conclusión de sus procesos penales.
Por ejemplo, los homicidas del policía municipal de Tijuana, Luis Armando González Dorantes, quien fue atacado el 4 de julio de 2004. Se trata de Gilberto Valenzuela Zazueta “La Marmota” y Fernando Elizalde Félix, miembros del CAF, detenidos en una casa de seguridad en la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana.
Las sentencias de 51 años y ocho meses de prisión y 633 días de multa que recibieron, fueron por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud por posesión de marihuana con fines de comercio, secuestro, portación de armas, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos.
Ambos pertenecían a la célula de Mario Alberto Rivera López “El Cris”, jefe de plaza del CAF. De acuerdo con información dada a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al momento de la detención, ambos detenidos admitieron haber participado en el homicidio del agente municipal.
González Dorantes, quien fungía como subjefe de la Policía Municipal, fue secuestrado el 3 de julio de 2004 y un día después apareció su cuerpo, que presentaba huellas de golpes y tortura, en la colonia Lomas del Matamoros. Una de las armas que se les decomisó a “La Marmota” y a Fernando Elizalde Félix, precisamente fue utilizada para disparar las balas que acabaron con la vida del policía municipal.
Según sus confesiones, participaron en por lo menos seis secuestros más y varios homicidios.
Foto: Cortesía- Eleno Salazar Flores, “El Pantera 6” operador financiero del Cártel del Golfo / Melvin Gutiérrez Quiroz, “El Melvin”
“El Melvin”, sicario del CAF, figura también entre los sentenciados. El 5 de enero de 2017, se le fijó una condena de 25 años de prisión por la comisión del delito de delincuencia organizada.
Melvin Gutiérrez Quiroz, lugarteniente del CAF, fue detenido el 15 de marzo de 2013 en la colonia Juárez de Tijuana. En febrero de 2012, amenazó con atentar contra ZETA.
Menos decomisos en épocas de mayor violencia
De seguir la tendencia este año, con un promedio mensual de 18 mil 808 robos con violencia denunciados en el país, 2017 superaría las cifras de años anteriores.
En lo que va del año, suman 169 mil 277 robos con violencia a nivel nacional, a punto de rebasar los 171 mil 420 registrados en 2016, ya superando la cifra de 164 mil 773 en 2015 y todavía por debajo de los 182 mil 246 reportados en 2014.
Sin embargo, en el aseguramiento de armas de fuego reportado por la PGR a través de la AIC, se nota un importante descenso. De un total de 12 mil 12 armas aseguradas en 2014, la cifra disminuyó en 2015 a 9 mil 388 y nuevamente descendió drásticamente en 2016 con 6 mil 198 armas, la mitad de las retiradas de las calles dos años antes. Mientras que, en la primera mitad de 2017, se reportaron 2 mil 800 armas aseguradas.
Lo mismo ocurre con el número de cartuchos. En 2014, la PGR recibió un millón 884 mil 467 municiones, 2015 cerró con un millón 299 mil 816 municiones y 2016 con 748 mil 524. Un comportamiento similar sigue 2017, con 354 mil 974 cartuchos asegurados de enero a junio.
En armamento más sofisticado como granadas, PGR reportó el aseguramiento de mil 43 de estas unidades en 2014, para 2015 el número se ubicaba en 898, en 2016 se reunieron 457 artefactos de este tipo y de enero a junio de 2016 se llegó apenas a 242.
En cuanto a personas detenidas por delitos contra la salud y conexos relacionados con el narcotráfico, el primer semestre de 2017 ha registrado una diminución radical, pasando de 27 mil 437 personas puestas a disposición a 6 mil 562, casi una cuarta parte de la cifra de hace tres años.
Otros aseguramientos relacionados con el narcotráfico que han sufrido una disminución, son los vehículos, entre terrestres, marítimos y aéreos, pasando de 14 mil 519 en 2014 a 11 mil 594 en 2016, y 6 mil 877 en los primeros seis meses de 2017.
Caso contrario es el del aseguramiento de gasolina que, de enero a junio de 2017, suma 3 millones 318 mil 608 litros, llegando casi a la cifra total asegurada en 2016, de 3 millones 573 mil 405 litros.
Este año, después del enfrentamiento entre fuerzas federales y huachicoleros en Puebla, que dejó varios muertos, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció una estrategia de ataque contra los saqueadores de gasolina de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para su venta en la clandestinidad.
En el rubro de aseguramientos, el de la gasolina presenta el único incremento respecto a años anteriores, por ejemplo, en 2014 se recuperaron 5 millones 595 mil 632 litros.
Ni siquiera en el dinero decomisado se vio este aumento, por el contrario, se observa una fuerte disminución. En 2014, la PGR recibió 98 millones 921 mil 360 pesos en aseguramientos por parte de diversas corporaciones en el país.
La cifra disminuyó a 89 millones 93 mil 846 pesos en 2016 y, para la primera mitad de 2017, quedó muy abajo, con solo 20 millones 258 mil 238 pesos.
Un descenso todavía más drástico se dio en cuanto a las divisas estadounidenses. En 2014, se aseguraron 38 millones 685 ml 425 dólares, para 2016 cayó 83%, con solo 6 millones 759 mil 629 dólares reportados. La cifra empeora en los primeros seis meses de 2017, con apenas un millón 563 mil 859 dólares asegurados.
Con cuatro titulares, más cárteles operando en el país y en los años más violentos de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la PGR tiene su peor desempeño.
