Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue destituido el pasado viernes 20 de octubre por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el cargo de violar el código de conducta ética de la dependencia. La separación del cargo, ordenada por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se produce a unos días de que Nieto Castillo revelara presuntos detalles de la indagatoria abierta contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por presuntos vínculos en los sobornos que le habría entregado la constructora brasileña Odebrecht y el financiamiento de la campaña electoral de 2012.
Inquieta y es absolutamente insuficiente que la explicación ofrecida por el encargado de despacho de la PGR sea que el “servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, particularmente cuando la última noticia que tuvimos del ahora ex fiscal fue su posicionamiento respecto a que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le había pedido un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso Odebrecht. La declaración del depuesto funcionario fue que “esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.
Lo que más extraña de la destitución del titular de la Fepade son las formas y el momento en que se da, lo cual lo único que refleja, es la impunidad que prevalece en México. Conocemos las formas de nuestro sistema político que funciona a partir de las complicidades y de intereses entendidos de las diferentes fuerzas políticas y que al final del día se traduce en una sola palabra: IMPUNIDAD.
No importa lo que Lozoya diga, el problema es que las acusaciones vienen de investigaciones que están fuera de México, llegan de indagaciones que están en Brasil, en España, y el mismo Lozoya ha estado cabildeando en España con la idea de que no se le mencione, por lo menos que no se le insinúe demasiado; pero ahí están los casos abiertos en diferentes países, por lo menos, en dos países se le señala. En el caso de que el Senado confirme la destitución del titular de la Fepade, lo que vendrá es otro conflicto, la negociación de quién podría asumir la titularidad de esta instancia, quién se encargará de perseguir los delitos electorales en los comicios que están en marcha.
Habría que recordar que en noviembre de 2015, Santiago Nieto se vio envuelto en una situación digna de Franz Kafka: luego de que solicitara una orden de aprehensión en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Arturo Escobar, por delitos electorales cometidos cuando éste presidía el Partido Verde Ecologista de México, se le abrió una averiguación previa.
Al margen de las acusaciones difundidas, resulta innegable que la medida enrarece el ambiente político y vuelve a poner al sistema de procuración de justicia en el centro de las disputas entre el poder Ejecutivo y Legislativo; cuando apenas parecía superarse la crisis abierta por la pretensión, por parte del primero, de que el entonces procurador, Raúl Cervantes Andrade, fuera ratificado de manera automática al frente de la fiscalía general que hubo de surgir cuando se concretó la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014. En este sentido, no puede ignorarse que la destitución de Nieto Castillo se produjo cuatro días después de que se diera a conocer la renuncia de Cervantes Andrade a la procuraduría, y mientras la instancia de persecución del delito se encuentra acéfala.
Todo parece, como dijo Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino y fundador de “Ahora”, “es una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”. Esto huele y mucho a represalia política.
El nivel de cinismo es intolerable, primera vez que un fiscal electoral servía para algo, por lo visto, no lo quieren ahí para 2018. Esta destitución nos dice que vivimos en el reino de la impunidad y que el fiscal anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción son puro cuento.
La separación se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia y cuyo funcionamiento queda comprometido de cara a las elecciones de 2018. Es alarmante que ocurra a unos días de haber iniciado el proceso electoral, ya que la ausencia del titular de la Fepade pone en riesgo la persecución de los delitos, como el uso ilegal de recursos para gastos de campaña o la compra del voto. En un sistema democrático, una instancia que no solo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia.
Habría que entender que la única forma de avanzar en el combate a la corrupción, como lo vemos en otros países, es generando verdaderas condiciones de independencia e imparcialidad de fiscales y jueces.
Álvaro de Lachica y Bonilla
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
andale941@gmail.com
