Debido a que el Congreso del Estado se encontraba prácticamente tomado por decenas de manifestantes, quienes buscaban impedir la aprobación de los dictámenes 94 y 95, relativos a la creación de un C5i y la aprobación de compromiso de pago para las Asociaciones Público-Privada (APPs), el informe del gobierno del Estado fue entregado en la Cámara de Diputados por medio de mensajeros, por medio de una ventanilla.
Mientras, a las 8 de la mañana del 1 de octubre, se entregaron los documentos que conforman el IV Informe, en la oficina de Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados; ni los diputados, ni los funcionarios del Estado se acercaron al edificio legislativo. Tuvo que hacerse la entrega por la puerta chica.
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Ya en la tarde del mismo día, el Presidente del Congreso, el priista Benjamín Gómez se prestó a las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para fotografiarse, recibiendo el supuesto informe, argumentando que también son instalaciones del Congreso del Estado.
Como ya es costumbre, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, entregó el Cuarto Informe de Gobierno a nombre del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, ante el presidente del Congreso del Estado.
Al mismo tiempo, decenas de manifestantes se encontraban aún en la Cámara de Diputados, hasta que se enteraron por medio de diversos medios de comunicación que el informe ya había sido entregado.
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Durante horas previas y gran parte del mismo domingo, todo el personal de Comunicación Social apagó sus celulares o señalaban desconocer en donde se entregaría el informe, hasta que finalmente filtraron un documento en el que se hacía constar que ya se había entregado el documento y 26 juegos del mismo.
Fue hasta que el gobierno del Estado envió una foto -borrosa- que se pudo constatar que fue Francisco Rueda Gómez, quien entregó de manera representativa, en manos de Benjamín Gómez Macías, el cual se hizo acompañar de la diputada Eva María Vásquez Hernández, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso.
Por parte del Ejecutivo: Rubén Armenta Zanabia, subdirector para Asuntos Legislativos, y la ex diputada Lizbeth Mata Lozano, subsecretaria para Asuntos de Justicia; el subsecretario, Francisco Iribe Paniagua, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Víctor Lujano Sarabia.
Informe de la discordia
Fue el pasado primero de agosto que el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, debió entregar el Informe de Gobierno, debido a una modificación que él mismo publicó en la Constitución Política de Baja California, en el Capítulo II, artículo 49, inciso V; en el que señala, deberá “Rendir un informe general por escrito, del estado que guarda la Administración Pública, remitiéndose al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias”.
Según el artículo 22 de la misma Constitución, “El Primer Periodo inicia a partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año”, por lo que el informe se debió entregar en esa fecha.
El informe de “Kiko” se reduce a la repartición de miles de trípticos donde, con más fotos que palabras, da a conocer sus “logros” en Desarrollo Humano, como “apoyamos a 118 mil familias a través del Programa De la Mano Contigo”, el cual no es más que la entrega de una tarjeta prácticamente obsoleta.
Los otros tópicos, con Sociedad saludable, Educación para la vida -como si pudiera ser para otra cosa-, Seguridad Integral, Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura para la Competitividad, donde resalta: “se construyen plantas desoladoras”, obras que no son hechas por el gobierno del Estado, sino por empresa privadas.
…y su popularidad en picada
En la antesala de su Cuarto Informe, Consulta Mitofsky publicó una encuesta elaborada entre el 11 y el 13 de agosto, sobre la aprobación de “Kiko” Vega.
Su aceptación entre sus gobernados se vino abajo, entre 2014 y 2017, de 65.0 a 36.1 por ciento. Actualmente, el “promedio nacional” correspondiente a los 32 gobernadores de la república, es de 37.0.
En 2016, 40.5% de ciudadanos estaban en desacuerdo con Vega de Lamadrid. Hoy día, el promedio asciende a 61.3%. La popularidad del mandatario estatal se ve más mermada entre la población de escasos recursos, así como en el segmento poblacional juvenil:
72.4% de encuestados, con Nivel Socioeconómico Bajo, desaprueban al funcionario panista; en tanto que 71.1%, con edades de 18 a 29 años, tampoco dan su visto bueno. En cambio, 58.9% de personas, con Nivel Socioeconómico Alto, lo mismo que 57.4% con edades de 30 a 49 años, se pronunciaron a favor de Vega.
En términos generales, el número de individuos que desaprueba al gobernante (61.3%), casi dobla al de quienes no lo reprueban (36.1%)
Cristian Torres Cruz/ Eduardo Andrade Uribe
