Sectores de la sociedad bajacaliforniana se oponen a que los diputados locales voten a favor -en este período- , los dictámenes 94 y 95, relativos al endeudamiento del Gobierno del Estado por la creación del C5i y una APP para la construcción y operación de una desalinizadora. Manifestantes han impedido que se realice la sesión de votación, sin embargo, al exponer sus posturas algunos diputados han dejado claro que más allá del reclamo ciudadano, están dispuestos votar ambas deudas a la brevedad
Por cuarta ocasión, el viernes 27 de septiembre, los integrantes de Mexicali y Baja California Resiste evitaron la realización de una sesión del Congreso del Estado en la cual se tenía información, votarían a favor, los dictámenes 94 y 95. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que los integrantes del Congreso del Estado encuentren la forma de continuar y poner en votación los dictámenes. En su discurso, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, también ha dejado claro que en este momento no tiene intenciones de dar marcha atrás.
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El primero de los documentos que generó la presente controversia, es el decreto para implementar un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica de Seguridad (C5i), y el segundo da autorización al Gobierno del Estado para endeudarse a través de la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) para la construcción y operación de seis proyectos en el Estado, cuatro relacionados con abastecimientos de agua y dos con el tema de seguridad. Juntos acumularían una deuda a largo plazo por más de 82 mil millones y medio de pesos.
Para contrarrestar la afectación que pueda generarles el movimiento ciudadano, el Poder Ejecutivo del Estado, que propuso el endeudamiento, decidió combatir a los manifestantes, deslegitimando el movimiento al acusar que los líderes de Mexicali Resiste son pagados por uno de sus partidos opositores, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
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También quemaron piñatas de Kiko y Benjamin Gómez
Así lo afirmó Francisco Rueda, secretario general de Gobierno, aunque en ningún momento mostró pruebas para respaldar sus dichos. El gobernador usó el mismo discurso, acusando a los partidos políticos de estar detrás de los manifestantes, pero en su caso no mencionó directamente alguna organización.
También para menguar la resistencia ciudadana, y responder a los bloqueos –por algunos momentos agresivos- de los manifestantes, también recurrieron a la vía legal. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Benjamín Gómez, presentó el 30 de septiembre una denuncia por despojo y ultrajes a la autoridad en la Procuraduría General del Estado (PGJE) de Baja California. Expediente que fue atendido con inusual rapidez por la fiscalía que trabaja como parte del gabinete del gobernador Francisco Vega, ya que a los dos días ya habían llamado a comparecer a la mayoría de los líderes del movimiento de resistencia.
Caso insólito, ya que en general, el tiempo para citar a comparecencia es aproximado a dos meses, comentaron abogados penalistas consultados por ZETA.
A favor
De acuerdo a un sondeo realizado por este Semanario, hasta la primera semana de octubre, los panistas tienen los votos para apoyar propuestas del gobernador
Para aprobar los dictámenes 94 y 95, el Partido Acción Nacional (PAN) requiere 17 de los 25 votos, en el caso del C5i, el diputado Miguel Osuna se manifestó abiertamente en contra, por lo que tendría solo 12 votos. Aun sumando los de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) Movimiento Ciudadano, el PAN necesitaría la aprobación de los priistas.
David Ruvalcaba Flores, dirigente estatal del tricolor, dijo que el PRI estaría de acuerdo con apoyar el endeudamiento en el caso del primer dictamen, con lo que ya tendrían un total de 20 votos a favor.
Según Ruvalcaba, están dispuestos a apoyar, pese a estar consciente de que “dicho proyecto y las cantidades que ahí se establecen para el pago de la obra a un particular, no corresponden con la realidad financiera del Estado, por lo que el PRI buscaría se generen otros mecanismos tendientes a resolver el problema de la escasez de agua en la entidad”.
Del resto de los partidos de oposición, abiertamente Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano, se han pronunciado en contra del dictamen, pero son dos votos, mientras que el Partido de Baja California (PBC)- un voto- ha pedido mayor análisis para dar un planteamiento sobre el tema.
En el caso del Dictamen 95, el PAN tendría sus 13 votos a favor, además, están los casos de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arregui y Benjamín Gómez, quienes han dado señales de tener la intención de aprobar el dictamen,
por lo que solo requeriría del apoyo del PT, PRD y Movimiento Ciudadano y PBC, sin tener que contar con los votos priistas, ni los del PES o Morena, quienes ya decidieron votar en contra, con lo que tendrían asegurados los 19 votos.
Sesión suspendida
El viernes 29, sin la autorización de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se anexó al orden del día de la sesión del Congreso, el Dictamen 95, el cual modificaba los artículos 2, 6 y 23 del Decreto 57, publicado el 30 de diciembre de 2016, con lo que se daba luz verde al Ejecutivo del Estado para endeudarse bajo el esquema de las APP, por un estimado de 83 mil millones de pesos.
Operativo fue de madrugada
Desde las primeras horas del viernes, integrantes de los movimientos Mexicali y Baja California Resiste denunciaron que un grupo de personas de centros de rehabilitación y que reciben apoyos sociales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social fueron acarreados para ocupar las butacas del Congreso del Estado e impedirles el ingreso
Lo mismo fue confirmado por el diputado, Jorge Núñez, quien manifestó su molestia por la utilización de personas de escasos recursos para hacerlos ir al Congreso y contrarrestar a los manifestantes.
ZETA cuestionó a algunos de ellos, quienes exigían mayor seguridad, sin embargo, nunca pudieron relacionarlo con el Dictamen 94, relativo a la creación de C5i.
Casi al iniciar la sesión, el presidente del Congreso del Estado, Benjamín Gómez, mandó llamar a los líderes de Mexicali y Baja California Resiste, les habló de la urgencia de aprobar los cerca de 43 puntos del orden del día, por lo que les prometió se retirarían los dictámenes 94 y 95.
Pese a ello, las manifestaciones dentro del recinto legislativo continuaron, incluso una persona fue expulsada por gritarle groserías a la diputada Victoria Bentley, situación que no fue tolerado por el presidente del Congreso, quien finalmente decretó una pausa en la sesión.
Fue al filo de las cinco de la tarde que los diputados panistas decidieron no honrar el compromiso con los manifestantes e intentaron modificar el orden del día y agregar nuevamente el Dictamen 95, como lo confirmaron dos diputados de oposición, incluso el presidente de la mesa directiva mandó llamar a agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a agentes estatales preventivos y ministeriales lo que puso el ambiente más tenso de lo que estaba.
En ese momento se planteó que la votación para ambos dictámenes se pudiera realizar bajo cédulas, con el fin de mantener en secreto el sentido de la votación de cada legislador.
Al grito de “¡Salgan ratas!”, pidieron a los diputados que regresaran y, luego de suspender la sesión extraordinaria, ya no volvieron.
Durante la madrugada del sábado 30 de septiembre, varios manifestantes se quedaron a dormir, incluso algunos aprovecharon las butacas del pleno para descansar, taparon las cámaras de seguridad y mantuvieron bloqueado el edificio.
Todo el sábado se mantuvo la incógnita, incluso algunos legisladores entrevistados por ZETA desconocían la hora en que se reanudaría la sesión, ya que no había un acuerdo.
Un elemento de la PEP aplasta un galón con excremento
Fue hasta la madrugada del domingo primero de octubre que decenas de elementos policiacos arribaron a las instalaciones del Congreso del Estado.
Al filo de las 4:30 am rompieron candados e ingresaron, algunos denunciaron el lanzamiento de gas lacrimógeno, dato que no pudo ser corroborado por ninguna autoridad.
Los manifestantes fueron sacados por la fuerza del recinto legislativo, un contingente lo hizo por la puerta principal y otro por la trasera, donde los manifestantes fueron sacados de afuera del estacionamiento hasta la calle.
Pese a la represión enviada por el presidente del Congreso del Estado, los inconformes no se retiraron, incluso se agruparon para evitar la entrada de los legisladores al recinto, además de que se encontraban a la espera del Informe de Gobierno, el cual sería entregado por el secretario general de Gobierno.
En las puertas laterales lanzaron excremento para evitar que pudieran ingresar por ahí, tanto en la principal como trasera se mantuvo un contingente a la espera de los legisladores y de personal de la Secretaría General de Gobierno.
Fue el Ejecutivo del Estado quien señaló que habían dejado 26 juegos de copias del Informe de Gobierno, nadie los vio entrar o salir del recinto.
Para esas horas los ánimos seguían calientes, en venganza del supuesto gas lacrimógeno, varios integrantes del movimiento de resistencia quemaron chile pico de pájaro en un pequeño asador que tenían en el lugar.
Aún molestos por el desalojo, otra persona lanzó un galón de agua con estiércol a los agentes, no fue muy efectivo en primera instancia, ya que no se vació el contenido, fue hasta que un agente de la Policía Estatal Preventiva aplastó el recipiente que todo el “producto” salió, embarrando a sus propios compañeros y provocando la burla de los manifestantes.
No todos estuvieron conformes con las agresiones a los agentes, de inmediato se hizo una discusión entre los que estaban de acuerdo y no de lanzarles cosas a los agentes, por ello parte del grupo se puso a limpiar el piso y a ofrecer disculpas a los agentes, quienes tuvieron que permanecer en la puerta de ingreso sin moverse.
Voces en contra
Entre más pasa el tiempo, aumentan las voces en contra de los proyectos de endeudamiento por parte del Ejecutivo estatal:
Juan Manuel Hernández Niebla del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, expuso: “En conjunto con el Consejo Ciudadano, los presidentes de los comités ciudadanos de Mexicali, José Alejandro Vázquez Valadez; de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar; de Tecate, Juan Aldrete Márquez; de Playas de Rosarito, Eduardo Castro Jiménez; de Ensenada, Faisal Karim Díaz Nassif; reiteramos nuestra posición de sí al C5i, pero no en este momento, ya que se requiere de manera urgente priorizar las necesidades que en seguridad pública y procuración y administración de justicia, se requieren para dar pasos más ambiciosos”.
Desalojo violento
El vocero del PES, Aarón Pallares Aceves, denunció una serie de abusos por parte del Gobierno del Estado al querer aprobar el C5i como un contrato multianual el cual en su opinión, viola “flagrantemente la Ley de Adquisiciones del Estado”.
Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se refirió a “un proceso poco transparente” para un “un proyecto necesario para Baja California” e hizo un llamado a los legisladores para que analicen profundamente el tema y escuchen a la ciudadanía para que no queden evidenciados.
Por otra parte, la diputada federal del PAN, Eloísa Talavera Hernández, dijo que sin transparencia no hay APP, ya que es un mandato ciudadano que se debe cumplir.
Hasta el cierre de esta edición, no se tenía fecha ni hora para continuar la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la cual se encuentra suspendida desde el viernes 29 de septiembre.
