Política Breve y de Emergencia
El viernes pasado, el titular en funciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, destituyó del cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a Santiago Nieto Castillo, presuntamente por no respetar el código de conducta de la dependencia, al revelar información de asuntos en proceso bajo su responsabilidad; hecho que del más ligero análisis, no resiste el argumento de Alberto Elías de que se trata de un asunto técnico y no de una decisión política.
Uno de los preceptos básicos del marco jurídico electoral de nuestro país es que, iniciado el proceso electoral, no hayan modificaciones a las reglas y condiciones normativas que constituyen en sí mismo el proceso; pues bien, para las elecciones de 2018, la cuenta regresiva inició el pasado 8 de septiembre y la remoción del Fiscal Electoral definitivamente es una modificación que altera el contexto jurídico normal y que violenta la certeza de las elecciones.
La reforma constitucional, en materia electoral de 2014, estableció entre otras condiciones relevantes, el nombramiento de un Fiscal Electoral por parte de la Cámara de Senadores y, aunque para efectos de ubicación administrativa, es parte de la PGR. La Fepade es autónoma en la ejecución de sus responsabilidades. Es precisamente esta reforma la que condiciona también la remoción del titular de Fepade, que si bien, el titular puede ser destituido por su superior jerárquico, la decisión puede ser objetada por el Senado.
El 8 de febrero de 2016, fue relevado de su cargo como titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; desde su salida, dos hechos lo han llevado permanentemente al ojo del huracán de la política de las elecciones de 2018, su presunta relación de cercanía con la empresa multinacional brasileña Odebrecht y su paso, desde 2012, por el equipo técnico-político fundamental del entonces candidato y hoy Presidente, Enrique Peña Nieto.
Porque las investigaciones a Odebrecht de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre los presuntos delitos de cohecho y soborno a funcionarios y a actores políticos fundamentales de 12 países, para conseguir indebidamente contratos de obra pública; a decir de los testigos colaboradores del caso, pasa por México, Pemex y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con aproximadamente 10 millones de dólares en aportaciones ilegales.
El 15 agosto de 2017, Santiago Nieto declaró a los medios, que la Fepade había abierto una carpeta de investigación como consecuencia de la denuncia interpuesta por dos partidos políticos ante su autoridad, debido al caso Odebrecht; el 16 de agosto, Emilio Lozoya entregó a la Fepade, una carta en la que solicitaba que se le hiciera parte de la investigación y así poder estar en condiciones de defensa. Ante la negativa a la petición, Lozoya Austin inició un juicio de amparo para la protección de sus derechos, mismo que le fue concedido, por lo que fue incluido en el proceso de Fepade, y programado para audiencia el 26 de octubre, justo a una semana de la destitución de Nieto Castillo.
Debido a que la reforma constitucional de 2014 establece la facultad del Senado de objetar la destitución de Santiago Nieto, las bancadas de la Cámara Alta se polarizaron de tal manera que la decisión tuvo tres intentos fallidos y por primera vez se registró un verdadero “atorón legislativo”, donde comúnmente transita el acuerdo institucional. De un lado, el PRI y sus aliados, del otro, toda la oposición y los independientes.
El dicho de Elías Beltrán, responsable en funciones de PGR, para sustentar como técnica y no como política la destitución del Fiscal Electoral, no se sostiene porque sencillamente una decisión de esa naturaleza en México solo podría venir de una silla, porque, a pesar de literalmente “reventar” el marco jurídico electoral, el sistema y su partido no corren el riesgo, y en un acto de mínimas facultades administrativas, establecen condiciones de auténtica sobrevivencia y eso, es política pura, mexicana, pero pura.
Que la historia lo registre.- Voy a tener que hacer unos cambios, el coordinador te indicará a quién le entregues. Se va poner algo feo, no te preocupes, todo está bajo control.
-Para entender mejor. ¿Quieres que me vaya o no?
Botón rojo.- El voto secreto del Senado es la más clara evidencia de los intereses que hoy mueven la política en México. Aunque parece que aún tienen vergüenza.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: smriubi@yahoo.com
