La delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ensenada considera que el proyecto de la desaladora en Rosarito se mantiene en la opacidad, sí representa una deuda para el estado y privilegia a un solo consorcio en lugar de permitir la libre competencia.
Así lo expresó el presidente de Canacintra en Ensenada, Jorge Cortés Ríos, quien alertó que entregar “la obligación de comprar agua un consorcio por un término de 37 años” afecta la libre competencia y esto puede ocasionar altas tarifas para los ciudadanos.
“En Baja California, pareciera que el gobierno está interesado en crear monopolios”, denunció.
El líder de la Cámara también criticó la falta de información respecto al contrato que obtuvo el consorcio internacional integrado por las empresas NuWater de Estados Unidos, Degremont de Francia y la mexicana NSC Agua por medio de un contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción y operación de la desaladora por 40 años.
“Nadie conoce con certidumbre los efectos que el contrato pueda tener en los costos o tarifas que se tenga que pagar por esa agua, el impacto en la competitividad de las empresas y en las finanzas del estado”, señaló Cortés Ríos.
Explicó que el gobierno del estado tendrá que pagar 149 millones de pesos mensuales por compra obligada de agua a la empresa, lo que equivale a mil 788 millones al año y esto suma casi 70 mil millones de pesos en el tiempo que dura la concesión.
Ambas etapas de la construcción requieren de una inversión de 9 mil 891 millones de pesos. La primera que teóricamente empezaría este año para producir 2.2 metros cúbicos de agua por segundo y la segunda para terminarse en 7 años para completar los 4.4 metros cúbicos, refirió.
Sin embargo, no se tiene claro si el pago contemplado es por el suministro de los 2.2 metros de la primera etapa o por los 4.4 del total de la producción, expresó el representante de Canacintra.
Esta falta de transparencia en los términos del contrato, consideró, se hace presente también en las respuestas del gobierno de Kiko Vega da a los cuestionamientos de la sociedad y de los grupos organizados de la iniciativa privada, ya que solo “dan la información que quieren”.
Por otra parte, manifestó que aunque en términos de presupuesto estatal, los alrededor de 70 mil millones de pesos no se consideran una deuda, técnicamente sí lo son, ya que se trata de pagos por compra obligada.
“Además, más allá de lo que establece la Ley, en la operación de las APP no están muy claras las reglas y los candados para evitar el conflicto de intereses, por lo que es necesario que explique muy bien los proyectos y brinde la información suficiente”, exigió el presidente de Canacintra a través de un comunicado de prensa.
Respecto a la libre competencia, apuntó Cortés Ríos, si el gobierno requiere comprar agua, debe dejar abierta la posibilidad para que cualquier inversionista privado que quiera la produzca y la oferte al mejor precio posible, con lo que se fomentaría además la inversión y la generación de empleos.
De igual forma, señaló que la exclusividad de este servicio para una sola empresa conlleva el riesgo de que la población pague costos innecesarios, ya que, con el avance de la tecnología, en poco tiempo puede haber alternativas más baratas para producir agua desalada.
Además consideró que prever el suministro futuro de agua para Tijuana no es urgente porque la ciudad no sufre desabasto, así que hay tiempo para hacer un análisis a fondo antes de aprobar cualquier proyecto para que represente una solución y no un problema más, dijo.
Finalmente, el dirigente empresarial hizo un exhorto a los diputados del Congreso del Estado para que pongan especial cuidado en toda la información de costo beneficio, impacto social y en los aspectos financieros, para no comprometer el futuro del estado y su población por decisiones precipitadas.
