Maltrato físico y verbal, diferentes tipos de violencia y abuso sexual, así como trato diferenciado y carga de trabajo excesiva contra 22 menores de edad, fueron denunciados por antiguos residentes y colaboradores del orfanato Casa de la Esperanza, en Tijuana; señalamientos que los directivos argumentaron, provienen de pleitos personales. La Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia sostiene que inspecciones realizadas en el lugar no han develado irregularidades
Castigados sin comer, obligados a labores físicas excesivas e incluso abusados sexualmente, son los señalamientos que menores de edad, bajo custodia del orfanato Casa de la Esperanza, han confiado a ex trabajadores -psicólogos y maestros- y a algunas personas altruistas que han apoyado con donativos a la casa hogar.
Estos, a su vez, los han revelado a ZETA en una denuncia pública, ante la impotencia que indican, les generó el haber expuestos estos hechos, primero a la directiva del hospicio y luego a DIF Estatal, sin que se atendiera del todo la problemática.
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Lo que sí lograron los denunciantes fue que, tras denunciar estos hechos, sus servicios no volvieran a ser requeridos en el orfanato, por lo que la institución no cuenta con personal que atienda estas necesidades con regularidad. También dicen haber sido amenazador por parte del personal del orfanato.
Las acusaciones de los infantes iniciaron contra un trabajador a cargo de cuidarlos, a quién responsabilizaron de abuso sexual, siendo que éste dormía en la misma habitación de los adolescentes del lugar.
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Para corroborar si los infantes eran maltratados o víctimas de abuso sexual, se les realizó entrevistas, proceso con el que la Procuraduría de DIF descartó tales imputaciones que solo derivaron en la separación del empleado Ulises Solís Díaz, por maltrato físico a uno de los menores de edad, única irregularidad que la dependencia pudo confirmar.
De otras irregularidades denunciadas, como maltrato hacia los niños, personal laborando sin la capacitación adecuada, infraestructura carente de la certificación de seguridad correspondiente, o el no contar con la licencia adecuada para operar; la instancia encargada de la protección de los menores de edad solo emitió una recomendación.
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En tanto, los denunciantes sostienen que las acciones de maltrato hacia los menores de edad, como obligarlos a realizar trabajo en exceso o dejarlos sin comer, continúan.
LOS SEÑALAMIENTOS
Además del abuso sexual por parte de miembros del personal, señalado así Ulises Solís Díaz, los denunciantes indicaron que los donadores estadounidenses “tienen el privilegio de tener cercanía física con los menores, lo que ha devenido en situaciones de abuso sexual, los cuales no son denunciados por los responsables de la estancia, para no perder el apoyo económico”.
De acuerdo a versiones del personal que ahí trabaja, los encargados de la operación del orfanato permiten este abuso, señalamientos corroborados a ZETA por personas que, siendo menores de edad, vivieron en dicho recinto.
Los quejosos manifestaron que ello se debe principalmente a que el matrimonio compuesto por Antonio Lara Cárdenas y Alejandra Rivera, funge como los directores del centro, cargo que ostentan desde 1995, lo que les ha permitido “hacer de este espacio su negocio personal, desinteresándose por completo del bienestar de los menores que ahí habitan”.
El orfanato Casa de la Esperanza es atendido por 12 personas que habitan en el inmueble, donde se alberga a 32 menores de edad, 22 de ellos canalizados al lugar por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia -DIF-, por encontrarse sus padres en algún centro de rehabilitación, y 10 que son hijos de los empleados del hospicio.
Además de los directores, el organigrama del orfanato está compuesto por dos subdirectores, Sarahí Lara, hija del matrimonio, y Martín Hernández, esposo de esta última.
Obligados al mantenimiento del lugar
Cuatro niñeras, una cocinera y una persona encargada del mantenimiento. Estos conforman el resto del personal, sin que ninguno cuente con la capacitación adecuada, sostienen los quejosos; sumándose esto a que las instalaciones no se encuentran certificadas por autoridades de seguridad.
Aseguran que los directivos sacan provecho de los excesos en donaciones en especie, mediante la venta de mercancías en un almacén, así como de las contribuciones en efectivo realizadas por iglesias cristianas de Estados Unidos. Afirmaron que, a pesar de contar el orfanato con muy buenos donadores, ello no se refleja en mejores condiciones para los menores de edad que ahí habitan.
Los antecedentes del lugar dan cuenta de una denuncia por situaciones similares, la cual logró que en el año 2000, DIF Estatal despojara a Casa de la Esperanza de todos los menores a su cargo, durando la medida breve tiempo.
CASTIGADOS SIN COMER
Los quejosos señalaron que en el orfanato se da un trato diferenciado a los menores conocidos como “voluntarios”, hijos de quienes atienden el lugar, del que reciben los 22 niños remitidos por DIF.
Es en la alimentación entre un grupo y otro de menores donde principalmente se observa tal diferencia, siendo los niños DIF los menos afortunados con el tipo y cantidad de comida que se les provee; la desigualdad en el trato también se da en la educación y distribución de las tareas domésticas.
En los niños DIF, aseguran, recaen por completo las labores de mantenimiento y limpieza del orfanato, traduciéndose ésta en trabajo excesivo, sobre todo, cuando ésta se usa como castigo. Otra manera de sancionarlos, señalan, es dejar a los menores sin comer.
RESPONDEN ACUSACIONES
ZETA logró entrevistar a Alejandra Rivera y Martín Hernández, directora y subdirector del orfanato, para que dieran contestación a los señalamientos.
La directora del orfanato, Alejandra Rivera, explicó que las acusaciones de casi dos décadas atrás, como las presentes, no son bien intencionadas ni veraces, por lo que en ambas ocasiones se pudo demostrarse la inexistencia de irregularidades.
De la denuncia actual, Rivera aseguró que ésta proviene de su nuera, quien actualmente lleva un proceso de divorcio con uno de sus hijos y que pretende “manchar la reputación de la institución”, convenciendo a las personas que tuvieron relación con la misma para que hablen negativamente.
“Se llevó a cabo una investigación, debido a estas personas que fueron con ustedes y que de alguna forma quieren dañar la imagen. Una de ellas duró aquí 21 años. En 21 años no creo posible que no se haya dado cuenta del maltrato. Ella vivió aquí, ella fue mi nuera… este es un caso personal, no se debe de involucrar la casa… no sé qué es lo que pretenda”, afirmó. Si bien, ZETA no reveló en ningún momento la identidad de los denunciantes.
Juegos sin niños
Del ex empleado Ulises Solís Díaz, la directora Rivera mostró a ZETA el documento en el que DIF Estatal recomendaba la remoción de Solís Díaz, debido a medidas disciplinarias inadecuadas. El subdirector Hernández explicó que Solís sujetó por el cuello a uno de los menores para separarlo de otro, mientras estos se liaban a golpes, lo que DIF consideró inapropiado.
Sobre las acusaciones de abuso sexual contra Solís, puntualizó que las primeras fueron orquestadas por los ex empleados del orfanato, aunque no negó que éste durmiera en la misma habitación que los menores, para lo que justificó que, si bien DIF lo prohíbe, Protección Civil exige como medida de seguridad, la presencia de adultos en las habitaciones donde duermen los menores para ser ellos quienes apliquen protocolos de evacuación en caso de emergencia.
Respecto a los abusos presuntamente cometidos por los “donadores americanos”, aseguró que los menores están instruidos para no tener contacto físico cuando estos acuden a fiestas realizadas en el orfanato, siendo que dicha indicación también se realiza a los invitados, con el fin de evitar que pueda presentarse alguna situación de este tipo.
Manifestaron que no siempre se han mostrado de acuerdo con las disposiciones de DIF Estatal respecto al manejo interno de la casa hogar, para lo cual han acatado todas las indicaciones de la dependencia, como lo fue el despido de Solís Díaz. Aseguraron que están por cumplir con los últimos requisitos para obtener licencia de operación por parte de dicha autoridad.
Además, comentaron que no existe un trato diferenciado entre los menores voluntarios y los que se encuentran a cargo de DIF, pero que si los padres de los primeros deciden darles una alimentación distinta, “están en la libertad de proporcionárselos con sus propios medios”.
De la acusación de carga de trabajo diferenciado y en exceso, negaron la misma, aclarando que las tareas del orfanato se encuentran calendarizadas para distribuirse equitativamente. Alegaron que, siguiendo las disposiciones de DIF, trabajo adicional o no alimentar a los menores, “no son medidas disciplinarias que se apliquen a los menores”, asentó.
Cuestionada sobre la larga permanencia de ella y su esposo al frente de la casa hogar, Rivera indicó que ésta no ha sido decidida por ellos, ya que en diferentes ocasiones han intentado dejar el cargo, sin encontrar quién los reemplace al no contar los mismos con un sueldo, únicamente poseen las donaciones que les son hechas, las cuales son destinadas para cubrir necesidades básicas del lugar, asegurando Rivera percibir tan solo mil 300 pesos semanales.
INSPECCIONES NO HAN DEMOSTRADO IRREGULARIDADES: DIF
En enero de 2017, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia realizó una inspección en este orfanato al ser informada de estas presuntas irregularidades y abusos, entrevistando a los menores y encontrando tan solo irregularidades mínimas y no constitutivas de delito o de sanción administrativa.
Consuelo Luna Pineda, titular de la procuraduría, aclaró a ZETA que por esta situación se realizaron recomendaciones a la casa hogar, siendo la principal, la separación de la institución de uno de los empleados por maltrato físico a uno de los menores, siendo éste Ulises Solís Díaz.
De la anterior clausura del orfanato por denuncias similares en el año 2000, alegada por los quejosos, además de confirmada y demeritada por la administración del orfanato, la procuradora Luna Pineda dijo no contar con el registro de dicha inspección.
Respecto a las instalaciones de Casa de la Esperanza, ésta no cuenta con las medidas básicas de seguridad, así como de personal idóneo para laborar; la funcionaria señaló que dicha institución ya presentó su trámite para obtener licencia de operación, según los lineamientos de la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California.
En conclusión, de la revisión realizada en enero como respuesta a las denuncias públicas ejecutadas contra Casa de la Esperanza, no resultaron indicios que demostraran la existencia de los actos denunciados.
