El 27 de marzo de 1999, Carlos Rodolfo Montero Vázquez desposó en Estados Unidos a Dulcemaría L. Martínez, tres meses después y sin mediar un divorcio, contrajo matrimonio en Tijuana con una persona distinta, Lizette Graciela Verduzco Garza.
Un año después, el segundo matrimonio fue anulado por petición de la primera esposa, pero, para entonces, Carlos Montero y Lizette Verduzco habían procreado un hijo.
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De acuerdo a documentos presentados por Lizette Verduzco, el 18 de junio de 1999, en la Oficialía Número 2 del Registro Civil, con sede en la Delegación La Mesa, en Tijuana, contrajo matrimonio con Carlos Rodolfo Montero Vázquez; entonces, él tenía 22 años.
Al firmar el acta de matrimonio, quién a futuro sería Magistrado, incurrió en un acto ilícito, el de bigamia, al no mencionar frente a la oficial del Registro Civil, Silvia A. García Hentzen, que sí tenía un impedimento legal para casarse, porque tenía un matrimonio vigente en Las Vegas, Nevada.
El 3 de julio de 2002, la mujer con la que se casó en Estados Unidos solicitó la nulidad del matrimonio civil que los demandados asentaron en el acta Número 00665.
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El “matrimonio celebrado entre la codemandada y mi esposo, señor Carlos Rodolfo Montero Vázquez, es nulo de pleno derecho y está afectado de nulidad absoluta por ser posterior al celebrado entre la suscrita y mi esposo, señor Carlos Rodolfo Montero Vázquez, y por ir además contra leyes prohibitivas y de interés público”, se expuso en la queja civil.
Acta de matrimonio en México
De acuerdo a lo que se lee en la demanda de nulidad, Carlos Montero incurrió en bigamia a plena conciencia, al exponer la primera esposa del Magistrado, que su esposo le informó “que dicho matrimonio era nulo y que ante la codemandada, solo quería que su hijo naciera dentro de matrimonio… que inclusive habían acordado los codemandados divorciarse por mutuo consentimiento en junio de 2000”.
NIEGA BIGAMIA
— ¿Usted se casó con ella -Lizette Verduzco- teniendo un matrimonio vigente?
No.
— ¿Estaba casado en Estados Unidos?
Sí, yo estaba casado.
— ¿Y se casó con ella aquí -Tijuana-?
No.
— ¿Y entonces, por qué la anulación de…?
No, está diciendo mentiras de nuevo… híjole, no traigo mis documentos pero… hay inexistencia. Yo hice una inexistencia de matrimonio, puedes buscar. Entre ella y yo no hay vínculo matrimonial, nunca lo ha habido, no lo hay ni legal, ni moral, ni religioso, no hemos vivido juntos. Es un chip que ella trae desde antes del nacimiento de mi hijo, yo no sé por qué sigue con ese aferre.
—Ella nos trajo un expediente de anulación de matrimonio, se le informó.
No te voy a hablar de eso, eso es mi vida personal, creo que eso nada tiene que ver con la función pública.
DEMANDADO PARA QUE PAGUE PENSIÓN
En 2001, Lizette Verduzco interpuso un juicio sumario de alimentos en contra del Carlos Rodolfo Montero Vázquez, para el pago de pensión de su hijo, la cual quedó asentada en el expediente número 1476/2001, acción que también sirvió de referencia para la anulación matrimonial.
Entonces logró que durante un año se le depositaran cantidades mínimas en el juzgado civil, “pues Carlos se declaró con trabajo inestable”; cinco años después, el padre apareció en la vida de su hijo, cubriendo desde entonces y hasta enero de 2016, año en que se reanudó el juicio, una cantidad fija no mayor de 300 dólares al mes, así como el pago de consultas y tratamientos de especialistas que requiere el menor.
Certificado de matrimonio en EU
El 7 de julio de 2016, la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, Ana Carolina Valencia Márquez, exhortó a las partes sobre la posibilidad de dar por terminado el juicio mediante un convenio judicial, comprometiéndose el padre del menor a proporcionar, a título de alimentos, la cantidad que anteriormente cubría, de 300 dólares mensuales, así como mil dólares al mes, para “gastos médicos que requiere su menor hijo”.
“En el juzgado me advirtieron que si no aceptaba ese convenio, entonces a mi hijo solo le darían una pensión de un mil 500 pesos, ya que se remitirían a lo estipulado en la demanda de 2001”, expuso Lizette Verduzco.
En el acuerdo que se le condicionó a entregar, vía correo electrónico, fueron los comprobantes de los gastos erogados mensualmente. Al no cumplirlo, fue emplazada, so pena de arresto, a comprobar que el dinero lo gastó en cuestiones médicas del menor.
Sobre el apercibimiento, Carlos Montero negó que fuera un ataque contra Lizette, “no es por ahí, es solo que ella adquirió una obligación ¿para qué la adquiere? Cuestionó, para subrayar que “yo cumplí con los depósitos, no me puedo quedar cruzado de brazos porque ella no acató el convenio”. Y aseguró haberse hecho responsable de su hijo desde antes de su nacimiento, a pesar de haberlo conocido en persona hasta cuando éste tenía 6 años.
