“Quién sigue, no sé, lo triste de todo es
que no se sepa nada, en esta
administración ya van cinco abogados
asesinados cobarde, artera e
impunemente”, dijo a ZETA el licenciado
Arturo Rubio Ruiz, tras el homicidio de
su colega Bruno Castro González,
perpetrado por un comando armado el
12 de septiembre
“Nos da una enorme preocupación, me avergüenza el silencio de los compañeros. Si comparas con otros gremios ofendidos, martillados, los abogados que nos dedicamos a defender a otras personas, en estos casos no alzamos la voz”, reclama el licenciado en Derecho, Arturo Rubio Ruiz.
Y es que el 12 de septiembre de 2017 fue un martes rojo para los abogados de Baja California Sur. Bruno Castro González, de 51 años de edad y originario de Los Cabos, fue ejecutado por un comando armado que disparó en repetidas ocasiones.
“Fue terrible ver a la mujer, yo digo que su familiar, llorar incansablemente al lado de la persona muerta arriba de la (Jeep) Liberty, la señora le daba vuelta a la camioneta lamentándose, luego de unos minutos llegaron elementos de la Marina y una ambulancia de la Cruz Roja”, dijo uno de los vecinos que observó momentos después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.
El homicidio ocurrió al filo de la 5:30 pm, en las calles Valerio González y Batalla de Puebla de la colonia Primero de Mayo, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos. El abogado quedó recostado sobre el asiento del copiloto y con la puerta abierta. Vestía playera a rayas color gris y negro, y al parecer un pantalón deportivo color gris.
“Me siento expuesto, todos los que nos dedicamos al litigio estamos en un marco de impunidad, cualquiera nos puede matar, porque solo hay que parecer sicario para ser ejecutado y no pasa nada. Quién sigue, no sé, lo triste de todo es que no se sepa nada, en esta administración ya van cinco abogados asesinados cobarde, artera e impunemente”, lanzó Rubio Ruiz.
Demandan abogados de BCS y la misma ciudadanía que haya perfiles calificados y con capacidad en los diferentes puestos de Seguridad Pública, pues dicen se requiere mayor compromiso y no trabajo político.
El abogado Castro González era muy popular en Los Cabos, incluso estuvo al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio, en procesos administrativos, territoriales; contaba con propiedades a su nombre que alquilaba, llevó fuertes procesos de propiedades de diferentes empresarios, incluso contra la administración pública.
En el Ayuntamiento cabeño trabajan dos de sus familiares, Isaac Castro González, hermano y director municipal de Asentamientos Humanos; además de Julio César Castro, primo y titular de Recursos Humanos en el municipio cabeño.
En su gran mayoría los casos de litigantes asesinados tienen tintes de participación de la delincuencia organizada, pero “no le quieren entrar para aclamar justicia, tienen miedo frente a un Estado de Derecho roto por delincuentes, si ellos que conocen la Ley no quieren denunciar y reclamar, ahora imagínate los ciudadanos comunes, necesitamos que haya denuncias para que nosotros como instituciones podamos entrar y atender la demanda ciudadana, si no hay queja, cómo activar nuestros protocolos”, lamentó por su parte un agente de investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque el llamado de las fuerzas armadas es la denuncia a la sociedad, hay algo que los propios abogados han dejado claro: conocer la Ley no es materia suficiente para hacer que esta se cumpla.
“Es la triste realidad, dime quién está al frente de la seguridad pública del Estado, qué experiencia tiene; es como poner a realizar una cirugía de hígado a alguien que se dedica a la carpintería o electricista, es lo que estamos haciendo: le estamos dando la responsabilidad de la seguridad pública a un administrador”, denunció otro asistente legal consultado por ZETA, el cual pidió anonimato.
Es de reconocerse que en Baja California Sur, las instituciones han quedado mucho a deber debido a la falta de preparación no solo de la fuerza pública, sino de quienes conducen la seguridad pública del Estado; hay un total descontrol de la “coordinación” que tanto han pregonado.
“No hay instrucciones precisas, nadie está operando la parte estatal, no hay instrucción de perseguir, detener y castigar a los sicarios o delincuentes, necesitamos que haya una cabeza congruente, quien esté al tanto de las acciones que estamos tomando y no solo de materia política y buscar un escaño más”, reveló un agente adscrito al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado.
Respecto a la muerte del abogado cabeño, hasta el cierre de esta edición, se determinaban modus operandi a través de terceras personas, ni siquiera con la capacidad de investigar o una abstención de investigación; solo no han retomado los detalles, únicamente se archivó.
El grave problema reside dentro de la tropa institucional, dicho por los propios elementos de investigación y seguridad pública, “no hay instrucción de detener, mucho menos investigar, solo se está llevando los casos como archivo, la raza así lo ha manifestado y prefieren otros caminos para apoyar en algo a la gente”, lamentó el agente consultado.
Es claro que la incompetencia de ciertos servidores es pública, lo peor de todo es que no les importa lo que les digan, menos aún saber que van en un camino equívoco.
Homicidios y cruces en gran parte de Los Cabos y La Paz, los municipios donde
hay mayor concentración de ejecuciones en los últimos dos años
“Es la preocupación, indignados por la impunidad, preocupados por la sordera de las autoridades a nuestros reclamos, mientras sigan al frente las personas que no están capacitadas, esto va a seguir empeorando y este barco no se va a enderezar”, advierte el abogado Arturo Rubio.
El recuento de abogados asesinados
La muerte de Bruno Castro González es solo la muestra de la impunidad en las calles de la entidad, ni los encargados de la seguridad de los tres niveles, los de procuración, menos aún los de brindar protección a la ciudadanía, han podido frenar los asesinatos a narcomenudistas, ciudadanos comunes, policías, comunicadores y ahora abogados.
“Estamos permitiendo que alguien que no conoce de seguridad pública juegue al encargado de la seguridad pública, que alguien que no sabe procurar justicia se ponga a dar clases y vender libros cuando debiera estar haciendo una labor eficaz y contundente, y no se está haciendo. Basta de improvisación, siguen dando nombramientos al amigo, al conocido”, lamentó el abogado litigante.
Los hechos se han registrado en diferentes puntos, algunos en los propios despachos jurídicos, en sus hogares o en la vía pública, algunos caracterizados por defender a narcotraficantes, otros simplemente por dedicarse a lo que estudiaron.
Aquí cinco casos:
Manuel Martínez Mercado. Ejecutado el 10 de noviembre de 2015 en el interior de su domicilio en calle Coahuila, en el Ejido Chametla de La Paz. Fue despojado de algunas pertenencias.
Samgar Salvador Gómez Reyes. Asesinado el 29 de junio de 2016, muy cerca de su domicilio en las calles Airapí casi esquina con Puesta del Sol, Colonia Guaycura. Tenía 37 años de edad y se desempeñó como encargado de despacho de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE). Su nombre apareció en una narcomanta colgada el 23 de abril de ese año: “CDS Samgar y Viviano, tienen cinco días para entregar los 5 millones por limpiar la plaza, traidores hijos de su puta madre contesten los blackberrys ratas traidoras…CDS”). Fue además abogado litigante y defendió a policías estatales haciendo mal uso de sus armas de fuego.
Felipe Moreno Acosta. Acribillado el 21 de febrero de 2017 a la puerta del despacho donde llevaba algunos casos, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo de La Paz. Perdió la vida a los 33 años, tras llegar al hospital con múltiples heridas de bala. Llevaba algunos casos de riesgo.
Carlos Palos Arocha. Ultimado a balazos el 23 de agosto de 2017 a las afueras de su despacho jurídico. En vida fungió como subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE. Además fue abogado litigante y tomó el caso del ex líder de plaza por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en Los Cabos, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, detenido la madrugada del 19 de junio del año en curso, en su vivienda del lujoso fraccionamiento Pedregal de Cabo San Lucas.
Bruno Castro González. Privado de la vida la tarde del martes 12 de septiembre en la colonia Primero de Mayo en San José del Cabo. Aún se siguen las líneas de investigación que motivaron su asesinato:
- La posible trata y cobro de piso por parte del crimen organizado, misma que ha sido denunciada por algunos comercios, debido a que contaba con algunos locales en alquiler.
- Vínculos con el crimen organizado, debido a que pudiera haber mantenido relación o casos de cuidado de propiedades de narcotraficantes establecidos en Los Cabos.
- La línea de menor fuerza, pero que ha sido tomada dentro de las investigaciones, tiene que ver con asuntos políticos y de litigio de propiedades.
Aunado a estos cinco homicidios cometidos contra litigantes, algunos profesionistas han sido perturbados por atentados criminales que los han llevado a solicitar protección de las fuerzas del orden.
Diversas narcomantas han sido colgadas contra servidores públicos, abogados y
miembros de la delincuencia organizada como amenazas.
ZETA registró al menos tres eventos de amenaza:
Ramón Ochoa. Ha sufrido dos atentados en su contra, el primero registrado en noviembre de 2014, cuando fu agredido en la calle Morelos, muy cerca del conocido en su momento como Gimnasio Auditorio; resultó gravemente lesionado. Mientras que el segundo episodio tuvo lugar el 10 de diciembre dl 2016, en las calles Miguel Hidalgo entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto de la colonia Centro de La Paz, cuando resultó herido en una pierna.
Despacho Jurídico Duarte Gómez y Asociados. El 14 de agosto 2015, cuando se llevaba la defensa de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” o “El Sepulturero”, la oficina que se ubica en las calles Allende y Altamirano de La Paz, fue atacada a tiros. Allí dejaron una cartulina en la cual se leía: “LIC ROBERTO DUARTE GÓMEZ LIC GETZABE MURILLO SANCHEZ DEJENDE DEFENDER ASESINOS SI LO SIGUEN HACIENDO USTEDES SEGUIRAN A LITIGAR AL PANTEON”.
El temor de abogados litigantes del Estado es justificado, cinco compañeros han muerto por desempeñar su labor, y otros más han sido amenazados por el crimen organizado, y no se han entregado cuentas de estos y muchos otros homicidios ocurridos en Baja California Sur.
El mismo detalle ha sido señalado una y otra vez, todos los expertos consultados han caído en el mismo dilema: “Revisa todas las corporaciones del Estado, no vas a encontrar a ningún profesional de carrera al frente de ninguna. Cómo vamos a esperar que se recupere la seguridad, cuando no hay profesionales al frente de las instituciones que deben estar encargadas de darnos la misma”.
Incapacidad al descubierto
“Vemos patrullas circulando, pero no vemos eficacia y operatividad, vemos a demasiada uniformada pero muy poca gente haciendo la labor que es más importante en esos casos, que es la de inteligencia policial y coordinación. Es lamentable, pero no va a mejorar la situación si no tenemos profesionales y si no tenemos aquí en el Estado, hay que traerlos de otro lado, pero hay que poner las cosas en manos de profesionales”, denunció un experto en criminología.
Pero esto no ocurre solo en Baja California Sur. En redes sociales trascendió un video supuestamente grabado en Tamaulipas, donde un comando armado se paseó frente a un retén de gendarmes de la Policía Federal, e impunemente, los presuntos criminales se retiraron del sitio sin ser molestados.
La historia fue similar en Los Cabos la tarde del miércoles 13 de septiembre, cuando un comando armado abrió fuego en las calles de Paseo Barlovento y Chinook de la colonia Rosarito en San José del Cabo, frente al Hotel Renata (antes Carolina II), en el que ya se habían presentado ejecuciones y balaceras, además, es el hotel donde se hospedan elementos de la Policía Federal División Gendarmería.
Las fuerzas armadas sin apoyo de las fuerzas estatales están deteniendo a sicarios y salen libres por la incompetencia en los asuntos del fuero común, debe existir acompañamiento de autoridades civiles y éstas han dejado de perseguir delitos.
“Es terrible el nivel de impunidad con que estamos viviendo en Los Cabos, para que el comando armado siga a una familia y dispare en repetidas ocasiones en contra de los ocupantes del carro justo enfrente de los elementos federales, esto no tiene nada que ver en si los ocupantes estaban vinculados o no al narco, se trata de que los delincuentes están atacando a sus víctimas en sus propias narices y es una burla”, expuso un elemento del Mando Mixto Policial adscrito a Los Cabos.
La camioneta Honda CRV de color blanco era perseguida varias cuadras atrás, incluso en su afán por huir de los agresores intentó escapar y entrar al hotel resguardado por gendarmes, pero quedó en el acceso, donde recibió una fuerte descarga de rifles automáticos. Después se conformó un fuerte dispositivo de seguridad en la búsqueda de los agresores, que hasta la noche mantenía en vigilia a las fuerzas federales, quienes establecieron operativos y retenes en varias colonias a la redonda.
El resultado, según el reporte obtenido, fue de cinco personas ocupante del vehículo, tres de ellos hombres -dos son jóvenes-, una mujer y un niño; de los ocupantes, tres resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. Hasta el cierre de esta edición, no se dieron a conocer mayores detalles del atentado.
Anteriormente ese hotel fue escenario de una masacre y de recurrentes balaceras:
* Al mediodía del 16 de diciembre de 2016, un comando armado abrió fuego contra la habitación número 22, entre ocho y diez disparos de arma de fuego desde un pick-up dorado en circulación.
* A las diez de la noche del 6 de enero de 2017, una pareja armada ingresó al hotel y penetró la habitación marcada con el número 18, donde había cuatro personas (tres masculinos y una femenina); en el sitio quedaron tres hombres sin vida, mientras que la mujer pereció camino al Hospital General de San José del Cabo.
Se sabe que los dueños del hotel decidieron cambiar el nombre debido a la imagen que proyecta tras el hecho de sangre, sin embargo, cabe destacar que cada rincón ahora es escenario de balaceras, aún se encuentran elementos de seguridad de la Federación.
Los niveles de inseguridad han sido desbordados, incluso el 7 de septiembre de este año quedó evidenciada la mala coordinación y el mal trabajo que se ha realizado, esa tarde, pasadas las cuatro, se informó del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el arroyo del Vado de Santa Rosa. Los presuntos sicarios viajaban a bordo de un pick-up de color blanco, la cual portaba material de construcción en la cajuela.
Tras una persecución, efectivos de la Secretaría de Marina lograron la detención de cuatro tripulantes, tres hombres y una mujer; sin embargo, fueron puestos en libertad y, 48 horas después, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión.
“La cuestión es que nosotros como fuerzas federales no podemos realizar ese tipo de detenciones si no hay una autoridad civil para el apoyo, por eso en cuanto fueron detenidos sabíamos que no había mucho, pero las instituciones locales han dejado de lado su acción, y nosotros estamos atendiendo en la medida de lo posible la demanda ciudadana”, externó el efectivo militar.
Con total impunidad sicarios ingresan a viviendas, negocios o en las calles, ejecutan y se retiran sin ser vistos por las autoridades, las cuales se han hecho a un lado por miedo a equivocarse.
Pero lo que la Federación, en este caso militares de la Sedena, Marina y Policía Federal desconocen, es una paralización de las fuerzas locales para atender la demanda de la ciudadanía, hay extrema precaución de las cabezas institucionales en otro tipo de procesos. Álvaro de la Peña Angulo, secretario general; Ismael Sigala Páez, subsecretario de Seguridad Pública estatal; y Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador; incluso los encargados de las direcciones generales de Seguridad Pública de los municipios, están más preocupados por atender procesos de elección en puestos, que en las tareas que actualmente deberían desempeñar.
Nadie quiere equivocarse y que le cueste un cargo, quieren crecer más en política que incentivar la credibilidad de la gente.
“Me ofende la pasividad de los diputados que están bien apurados sacándose fotos, repartiendo despensas, para congraciarse con la comunidad, haciéndose pasar como grandes benefactores de la humanidad, los escucho en sus informes llenos de generalidades, de vaguedades, de ambigüedades y no escucho a nadie hablar de lo que más nos preocupa a todos que es la seguridad, con bombo y platillos todo el fin de semana estuvieron cacaraqueando sus resultados, ninguno que trascienda como importante”, denunció el encargado de la Asociación de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio.
Pero en el lado de justicia, la queja de policías es clara, pues arriesgan su vida portando uniformes y no actuando.
“Estamos de manos atadas, la palomilla no puede operar la estrategia para detener puchas ni a nadie, no quien se encargue de ordenar las detenciones, por eso la palomilla se encuentra atendiendo en lo que puede”, señaló un agente de la Policía Ministerial.
Para abogados litigantes del Estado, los cuales ya realizan sus cálculos sobre la labor que desempeña Erasmo Palemón Alamilla Villeda, el resultado es que el servidor público ha quedado mucho a deber: “Se está generando una impunidad espantosa, 360 muertos, sobre la base de 360 y con base a las personas que han sido consignadas, el nivel de impunidad es del 99.3 por ciento, esto es increíble, es una tierra sin Ley, donde no pasa nada”, denuncian.
Ceresos sin Ley
La mañana del 12 de septiembre, en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, se registró una riña entre internos y, tras varios minutos de angustia, surgió la información de que una persona había perdido la vida “producto de un arma punzocortante, una ‘puntala’ o un cuchillo hechizo, realizado con herramienta de trabajo del taller”, apuntó la fuente de seguridad.
De acuerdo al informe médico, la víctima resultó con herida punzocortante en carótida, lo que le costó la vida y murió desangrado cuando era trasladado a la unidad médica; personal del Cereso denunció ante ZETA que “es imposible mantener un control en el penal, se tienen que ir algunos personajes que están causando muchos problemas y no hay quien les pare las actividades ilícitas, si ya saben quiénes son, quienes desde dentro solicitan quién debe morir, ojalá se les prenda el foco a los jefes”.
La única justificación que ha sido presentada, es que los elementos no tienen la capacitación requerida o los exámenes de Control y Confianza, pero como denunció el elemento del penal, se requieren las condiciones laborales para poder operar, y con toda franqueza se dirigió a este medio, informando que aparte de laborar como custodio, cuenta con negocio para poder solventar y sobrellevar los gastos en el hogar.
Álvaro de la Peña Angulo, Secretario General de Gobierno, asegura que se perseguirá los homicidios de abogados y todos los ciudadanos que han sido ultimados por la delincuenia organizada.
Ante dicha denuncia, Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur, respondió:
“Es importante que el personal de los reclusorios estén capacitados y con mejores salarios. Están instalados los equipos de video vigilancia al interior, y tenemos posibilidad de determinar responsabilidades cuando se dan situaciones al interior del Cereso, no nada más de una agresión de esta naturaleza, sino de cualquier ilícito que se presente”.
Pero cómo conseguir que los elementos que resguardan el penal puedan actuar en contra de las “irregularidades” que se viven dentro, si ni siquiera existe el apoyo necesario para atender las necesidades básicas.
“Los dejaron ahí parados durante un buen tiempo, después les dan una hora para comer, y el problema es que los mandan con sus propios recursos, así cómo quieren que haya un buen trabajo”, denunció uno de los efectivos de la Marina, quienes sí recibieron atención e insumos en la hora de comida que recibieron.
El joven fallecido en el penal llevaba por nombre Max Daniel Peralta Pacheco, de 25 años de edad y, de acuerdo a la información obtenida, se encontraba recluido desde finales de febrero de 2014. Policías ministeriales ejecutaron orden de aprehensión girada por el juez segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, el delito imputado fue lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida.
Desde ese entonces se encontró recluido en el penal, su condición de problemático dentro del centro, terminó cuando fue acuchillado.
“Es muy complicado poderlo controlar, porque dentro del Cereso hay talleres en que los internos se mantienen ocupados, y en una riña entre ellos, sin embargo, no va a quedar impune, el interno señalado está ahí dentro del mismo reclusorio, se tendrá que llevar un procedimiento penal como cualquier hecho que acontece”, argumentó De la Peña Angulo.
Reconoció que es complicado establecer vigilancia y evitar que los reclusos se hagan daño, lo que deja entrever que están expuestos a la furia de otros internos, o bien, que la lucha entre diferentes grupos dentro del penal sigan en disputa por la venta y distribución de estupefacientes.
“Estamos haciendo una vigilancia con diferentes corporaciones del Grupo de Coordinación, Sedena, Marina, Policía Federal, la Estatal y la Policía Municipal están haciendo recorridos constantes en la periferia de los Ceresos, principalmente en Los Cabos, que es donde tenemos que observar mucho más”, finalizó el secretario general de Gobierno.
Ha sido muy obvio el descuido de las autoridades en los centros penitenciarios, pues es claro que algunos internos que han pasado su estadía, algunos larga, otros corta, han vivido sin carencias, incluso familiares han denunciado a ZETA en múltiples ocasiones que para estar tranquilos, sin que los molesten, deben cubrir una cuota semanal.
Quien pasó tranquilamente su estadía en el penal de La Paz, fue Raúl Castañeda “El Pay”, que por haber sido boxeador olímpico, dedicó gran parte de esa estancia a entrenar a distribuidores de droga, pero no solo eso: brindaba protección a otros, llevándolo a ganarse el respeto de muchos.
“Entró y al poco tiempo se hizo de amigos, mismos que lo fueron enrolando en el movimiento dentro del Cereso, al poco tiempo ya tenía a muchos entrenando, algunos gozaban de su protección, incluso con el intercambio de celulares que él les prestaba a cambio de favores”, expresó una fuente penitenciaria.
“No pueden dentro de cuatro paredes, cómo van a poder fuera en las calles”, reveló un litigante, “conozco cómo es el movimiento adentro, y quien no tiene amistades, difícilmente la pasa bien”, finalizó.
“El Pay” fue aprehendido el 5 de noviembre de 2012, por robo con violencia, ocurrido a las afueras del banco Banamex de las calles Isabel la Católica y Juárez de la colonia Centro, en La Paz; el hurto fue de más de 165 mil pesos, perpetrado entre él y dos compañeros más.
El miércoles 6 de septiembre de 2017, Castañeda fue ejecutado en las calles Márquez de León y Chiapas de La Paz; murió al llegar al hospital.
“Cada tanto tiempo cambiaba de carro, ya eran varios en menos de dos meses, lo que hace pensar que andaba en movimiento con la delincuencia organizada”, informó un agente del Mando Mixto de La Paz.
El caso de “El Pay” es solo una evidencia más de que la impunidad, dentro y fuera de los penales, sigue siendo el pan de cada día, autoridades hacen oídos sordos en algunos casos, otras actúan sin el apoyo real que dicen tener, por lo cual es necesario:
* Aprehender a líderes criminales que siguen operando en las calles y que las propias autoridades conocen.
* Que los mandos y directivos tengan la capacidad para actuar, que sean profesionales de carrera y con intenciones de atender la demanda de la población y no sus necesidades políticas.
* Trabajar de manera coordinada y no de discurso para adentro.
* Por último, y quizá lo más importante: que haya un verdadero trabajo de inteligencia e investigación.
