Con criterios totalmente opuestos, jueces aplican la misma Ley. Las capturas de delincuentes son declaradas ilegales porque algunos juzgadores consideran que “los puñales no son armas” y porque califican como “acto de molestia”, el hecho de que los policías revisen los antecedentes de una persona intervenida por una falta administrativas y después lo capturen por encontrarle órdenes de aprehensión, o en posesión de arma o drogas. La juez Patricia Hernández ha declarado ilegales al 36 por ciento de las detenciones, terminando en liberaciones
El 14 de agosto se reportó el asalto a mano armada en un Oxxo de la colonia Libertad, en Tijuana. En un proceso coordinado, establecido por esta empresa -la más asaltada en el Estado por el número de sucursales-, los policías que atendieron el llamado recibieron imágenes claras de los asaltantes y de su actividad criminal, antes de iniciar su búsqueda.
Más tarde, el número de emergencia recibió el reporte que en la calle Azueta, frente al número 16 de la colonia Libertad, parte alta, se había detenido a José Gallegos Villalobos “El Pepe” y a Bryan Omar Ángeles Arciniega, ambos nativos de Tijuana, estaban en posesión de dos navajas, dos cajetillas de cigarros y 200 pesos que era el “botín” de lo robado en la tienda de autoservicios, minutos antes.
Además de corresponder a las fotos, Bryan y “El Pepe” traían la misma ropa que usaron para asaltar la tienda de autoservicio.
De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH), al ser intervenidos, ambos “estaban infringiendo el bando de policía y buen gobierno articulo 98; “Arrojar a la vía pública o en lotes baldíos, basura, desechos u objetos que pudieran causar daño o molestias a los vecinos o transeúntes”.
Los municipales entregaron a José Gallegos Villalobos y a su cómplice, pero no por el asalto cometido en Oxxo, porque ya no había flagrancia. El Ministerio Público intentó judicializarlo por “posesión de armas”, las dos navajas, pero en el juzgado calificaron la detención como ilegal; la justificación fue “acto de molestia”, de acuerdo al juzgador, ya que la policía no tiene derecho a consignar al detenido por un delito, si antes lo detuvo solo por una falta administrativa.
Trece días después, la noche del 27 de agosto, acompañado de un hombre con la cara cubierta, “El Pepe” fue identificado nuevamente delinquiendo. Entró al restaurante La Espadaña, ubicado en la “zona blindada” de Río Tijuana y robó, junto a su cómplice, el dinero de la caja, después amenazaron a los comensales y los asaltaron, para posteriormente huir sin ser atrapados.
El tatuaje en su cuello y el ingreso previo permitieron a las autoridades tener una fotografía que mostraron a cinco testigos que los identificaron plenamente, información con la que obtuvieron una orden de aprehensión que ejecutaron el lunes 4 de septiembre.
Al ser detenido Gallegos Villalobos, negó haber participado en el robo violento, como a aceptar la existencia de algún cómplice.
En el organigrama delictivo, las áreas de Inteligencia del Consejo de Seguridad Pública de Baja California, ubica a Gallegos Villalobos como cercano a Cristian Salvador Serrano Flores “El Veneno”, operador criminal del Cártel de Sinaloa, en la célula de los Mendoza Uriarte.
Criterios con los que declaran ilegal las detenciones
Previo al inicio de operación del Nuevos Sistema de Justicia Penal, personal del Poder Judicial y de la Procuraduría del Estado, se reúnen cada dos o tres meses en mesas conversatorias para afinar detalles y mejorar los procesos; sin embargo, los acuerdos no terminan de llegar a los jueces, quienes cada uno cuenta con un criterio propio. Por ejemplo:
- Algunos de ellos consideran que las armas punzocortantes “no son armas”. Esto a pesar de que existan casos, como el del párroco Antonio Zambrano, quien fue apuñalado, el 8 de junio, al sorprender a unos ladrones que lo atacaron con cuchillo y después le clavaron un desarmador en la cabeza.
- Otros tiene problemas con los tiempos que transcurren entre la detención y presentación de un imputado. Al respecto, Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, declaró: “Hay eventos complicados como el robo en la Buena Vista, donde el ladrón robó tres autos y allanó una casa; imaginen un IPH con la entrevista de todas las víctimas, recopilación de información de todos los autos, etcétera.
“Hay IPH más sencillos. Hay IPH más complicados, a veces el tema aquí es que el tiempo está contando y que el tiempo está registrado por todos lados, en el C4, en el radio, en las cámaras de la calle, en las testimoniales, si por algunas razón te tardaste en un IPH complejo, me parece ilógico que por eso los dejen en libertad, entendería un día, pero unas horas. Se me hace que atenta contra la seguridad de todos.
“Afortunadamente vienen cambio al IPH que lo va hacer más corto y sencillo con información básica para la investigación y ese tipo de problemáticas se van ir disminuyendo”.
El subprocurador Jorge Álvarez explicó que en este punto están trabajando con el poder Judicial en cómo justificar presentaciones que tarden dos o tres horas.
- Un tema que es motivo de liberación, es la ausencia de flagrancia.
“Tienen razón jurídicamente”, dijo Sotomayor, “pero creo que es un tema que se debe revisar para reformar” y ejemplificó con el ladrón de La Espadaña y su robo previo a un Oxxo: “Lo detuvieron con la misma ropa, el arma, el dinero, los cigarros, pero como ya pasó tiempo, no hay flagrancia y tiene razón y ahí sí, con la Ley actual, no hay nada que hacer”.
- Los “actos de molestia” contra los delincuentes. Cuando el aseguramiento de un delincuente se da de manera incidental, porque inicia con una intervención por la comisión de una falta administrativa y al revisarlos encuentran en posesión de drogas o armas, o al revisar sus datos o los del carro se da cuenta de que tiene orden de aprehensión o reporte de robo. Para algunos jueces esa es una violación a los derechos humanos y un acto de molestia.
“Eso es totalmente ilógico, ahora resulta que si tú vas en la calle y una unidad detecta un auto con reporte de robo y lo interviene, o pasas por un lector de placas y te detecta, ya no te pueden intervenir ni llevar ante un juez porque es detención ilegal, porque no se justifica el acto de molestia”, expuso Sotomayor.
“Si hay una intervención preventiva, el protocolo establece que por seguridad debes correr las placas, es parte del proceso administrativo de ejercer este acto de autoridad, pero ahora resulta que el acto de molestia no está justificado.
“Creo que todos debemos trabajar en capacitación incluidos los jueces y que entiendan la situación que viene la ciudad, que entiendan que también ellos pueden colaborar sin decirles que hagan nada ilegal, simplemente que tengan criterios lógicos”.
- Los antecedentes delictivos no son suficientes. Argumentan que son muy viejos o alguna otra razón. “El Código Nacional dice que el fiscal podrá solicitar prisión preventiva cuando el imputado tenga antecedentes penales o procesos abiertos. Pero en el criterio del juez es que no es suficiente los antecedentes o los procesos abiertos, tiene que haber otro elemento, como por ejemplo la falta de arraigo”, detalló el secretario de Seguridad municipal de Tijuana.
“Desde mi punto de vista, sin ser un jurista, el sistema está mal, porque debería tener controles para que los casos iguales se juzguen iguales. Debería decir, si un imputado tiene antecedentes y procesos abiertos, el juez decretará prisión preventiva, entonces ya no es lo que diga el juez, tendría que atender la Ley.
“Recuerden que estos jueces fueron formado con doctrina muy diferente, ellos buscan que el sistema de justicia funcione como está diseñado, donde la prisión preventiva es la última medida cautelar a buscar, por eso normalmente se van por firmas.
“Mi opinión es que si queremos resolver el problema de fondo, hay que reformar el código, pero tiene toda una corriente del sistema Penal mexicano que está en contra de eso y dicen que es una aberración jurídica mezclar, el sistema viejo y el nuevo”.
MP también califica de ilegal
“Desde el Ministerio público, yo califico de ilegal no porque la policía municipal haya hecho mal su trabajo, lo hago porque un delito se comete y la autoridad tiene conocimiento y lo expresa como es y si yo tengo un reporte al 911 y encuentro dos horas después al delincuente, ya no hay flagrancia. No quiere decir que la policía haga mal su trabajo, me los presentan, yo no justifico esa detención, pero inmediatamente voy al Juzgado y solicito una orden de aprehensión, si es procedente, pero ya no me desgasto en llevar un asunto al poder Judicial, sabiendo que no hubo violación al procedimiento, peor, no hubo flagrancia del delito, todo eso también lo hemos platicado”, detalló Jorge Álvarez, subprocurador zona Tijuana de la fiscalía de Baja California.
Consejo Ciudadano de Seguridad: jueces enfocados en el proceso y no en la peligrosidad de delincuentes
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, se refirió a los jueces de control y las 114 liberaciones que dictaron al declarar detenciones ilegales, los primeros meses del año, 41 por no considerarlas validas la detenciones que iniciaron con faltas administrativas y 63 por otras causas.
“En la presentación de imputados, la pregunta en ese momento no es si es culpable o inocente, la pregunta es si enfrenta el proceso adentro o lo enfrenta afuera.
“Es muy obvio que una persona con ciertas características, ciertas circunstancias y cierta recurrencia, ya no va a regresar. Es ahí donde el juez no está aplicando el criterio correcto, están premiando -¿Cómo le llaman ellos?- el proceso y no están calificando correctamente al delincuente.
“Los jueces argumentan que el Ministerio Público no aporta toda la información y no fundamenta bien o el IPH de las policías municipales y estatales no aporta toda la información debida.
“Pero el juez está enfocado en el proceso y no está enfocado a la calidad o la calificación del posible delincuente; entonces, cuando está aplicando el criterio se está enfocando en el proceso y no en la capacidad del delincuente para regresar a cumplir las medidas cautelares o para volver a delinquir”.
— ¿Y si de verdad el MP no están haciendo las cosas de manera correcta?
“Si sabemos que no han sido correctamente capacitados, pero yo digo, si agarraron a un individuo con arma de alto poder y lo remiten y el juez lo deja salir, ¿podemos creer que el juez está aplicando el criterio correcto?, ¿cómo los pueden liberar?”
— De sus pláticas con la gente de las procuradurías y de las policías preventivas. ¿Cuál es el problema detectado en relación a los jueces?
“Que son garantistas y los criterios son demasiados cerrados. Hay algunos jueces que enfrentan a los ministerios públicos diciéndoles, desde el inicio de la audiencia, ‘si usted ya sabe lo que voy a juzgar, para qué me trae esos casos’, advirtiendo que van a rechazar”.
Tribunal Superior de Justicia, solo administrador
Los integrantes del CCSPE se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Armando Vázquez, para revisar el tema de los jueces sin éxito.
“Él nos respondió que solo era un coordinador, que él no normaba criterios de los jueces, que la final de cuentas cada uno tenía la libertad y autonomía para aplicar la ley a su entendimiento y tiene razón en esa parte”, admitió Hernández Niebla
— Entonces, si observan que un juez no está haciendo las cosas de manera correcta ¿cuál es el camino?, se le preguntó al consejero ciudadano.
“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es una de las cosas que hemos estado evaluando en el Consejo Ciudadano, es agarrar a un juez, darle seguimiento a lo que está haciendo y ver si podemos presentar una demanda ciudadana, en relación al exceso de garantías”.
— ¿Hay antecedentes de denuncias contra jueces por ser garantistas?
“Habría que investigarle y hacer comparativos y normar criterios, pero para mí, esto está bien claro”, comentó Hernández Niebla, apuntando la lista que él hizo pública en el mes de agosto, donde se registraron las 114 detenciones calificadas de ilegales entre los meses de enero y junio del presente año, esto por los 10 jueces de control de Tijuana. El presidente del CCSPE señaló, de manera especial, a la juez Patricia Hernández, quien ha decretado 37 de esas liberaciones, en comparación con Daniel Patiño, quien solo ha dictado cuatro.
“La diferencia es muy clara, algo sucede con esta juez, es muy obvio. Pero habría que analizar caso por caso y sustentarlo”.
El subprocurador Álvarez advirtió que no hay posibilidad de combatir a un juez por ser garantista. “El Poder Judicial estaría lleno de denuncias”.
ZETA solicitó entrevista con el magistrado presidente, a quien se le enteró de los temas a tratar, su labor como administrador, los criterios disímbolos de los jueces y las inquietudes de otras autoridades y ciudadanos por la forma en que se están dictados liberaciones. Pero pospuso la atención debido a que estaba a punto de salir a la ciudad de México.
Poder Judicial y Procuraduría revisan en qué están fallando; la duda es si el Poder Judicial puede fijar directrices
Jorge Alberto Álvarez Méndez, subprocurador de zona Tijuana, explicó que en las mesas conversatorias que se revisan muchos temas, como los tiempos de presentación, de la flagrancia y los diferimientos de las audiencias por una falta adecuada de notificación del imputado.
“Esos temas los hemos estado afinando con el poder judicial y ha habido un excelente entendimiento con ellos para tratar que el camino entre la comisión de un delito y la presentación ante un juzgado, en aquellos asuntos que no son con detenido, o no son de prisión preventiva, hacerlo lo más corto de se pueda en cuanto a notificación, para que no se difiera tanta audiencia.
“Criterios en cuanto, ¿en qué estás fallando tú y en qué estoy fallando yo? Pero ahí yo sin ningún problema, yo les digo a mis MP, jalen para este lado y están obligados hacerlo. La pregunta para el Poder Judicial que yo no puedo responder es si ellos pueden establecer una directriz, sin decirle a los jueces que hagan, con plena jurisdicción,”
“Lo que si hemos visto es disposición por lo menos de los operadores, administradores, de las cabezas del Poder Judicial de tratar de fijar una postura común en beneficio de la sociedad, nunca me han dicho no”.
Entre ejecuciones, narcomantas y restos humanos, 56 muertos en 7 días
Los hechos sangrientos en Tijuana no paran. En los últimos siete días, 56 personas perdieron la vida de manera violenta. De algunos sus cuerpos fueron encontrados calcinados, encobijados, desmembrados, en alcantarillas; y hasta narcomantas con mensajes amenazantes a una agrupación que tendría su presentación en un bar y centro de baile ubicado en Avenida Revolución.
Con los hechos de la semana suman mil 108 crímenes en lo que va del año en Tijuana, lo que engrosa la estadística estatal que se elevó a mil 460 homicidios dolosos.
“Grupo enigma norteño llegas a tocar aquí en Tj canciones de las lacras como griega ramon y chilaquil los bamos a sentar antes de que salgas de Tijuana tj no es de ellos y con echos los emos demostrado y si cantan los vamos a tomar como represalia ATT LA MAÑA DE LA NUEVA”, fue el texto colgado en un puente peatonal de la colonia Los Españoles el viernes primero de septiembre. De los presuntos responsables nada se sabe. Pero las autoridades mantienen abierta una investigación.
En los primeros tres días del mes se registraron once asesinatos. El cuerpo robusto de una mujer envuelto en una cobija de colores, fue localizado en la colonia Planicie. Luego el cadáver de un hombre, de entre 35 y 40 años de edad, se localizó en la colonia Las Torres parte baja. Mientras que en el asiento trasero de un vehículo Honda CRV color verde fue hallado el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años con lesiones por arma de fuego.
El 2 de septiembre se localizó el cuerpo de un hombre en un canal de desagüe en la colonia Altamira. Posteriormente, en la colonia Nido de las Águilas, se hallaron dos cuerpos con lesiones por arma de fuego; fueron identificados como Francisco Eduardo Leyva Murillo, de 31 años, y Fanny Radilla Flores, de 38. Más tarde Manuel Fabián Madera, de 38 años, perdió la vida en el Hospital General, luego de un ataque armado registrado el 27 de agosto. Posteriormente Erick Ortiz Fruti, de 39 años, fue encontrado sin vida y con una lesión de bala en el hombro, en el interior de un domicilio de la colonia Sánchez Taboada. Por último, un cuerpo calcinado fue localizado en un predio de la colonia Torres del Matamoros.
El domingo 3 se registraron seis crímenes. El primero fue un ataque armado en el interior de un domicilio en la colonia El Pípila, ahí murió Mateo Parra Acosta, de 55 años. Envuelto en cobijas y bolsas de plástico fue localizado el cuerpo de un masculino en la colonia Paseo Santa María. Luego, con una herida cortante en el cuello fue encontrado un individuo en la colonia Ampliación Guaycura. En Cruz Roja murió un sujeto que había ingresado con una herida punzocortante en la región cefálica. Después, en el interior de una alcantarilla fue localizada una persona sin vida en la colonia Palma Real. Por último, Francisco Flores Guzmán, de 45 años, fue ultimado a tiros, falleciendo posteriormente en el Hospital General.
El lunes 4, a bordo de un taxi libre, Alejandro Blanco, de 38 años, murió ejecutado en la colonia Los Altos. Joel Lozano, de 36 años, fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Los Valles. Y en Urbi Villas del Prado fueron asesinados a tiros dos masculinos de entre 25 y 30 años.
El martes 5, en la colonia Los Reyes fue acribillado un sujeto de entre 30 y 35 años; su cadáver estaba envuelto en una cobija. En Valle de Las Palmas, el cadáver de un sujeto de entre 30 y 35 años, envuelto en una cobija. Leonel Rojas Serrano, de 17 años, perdió la vida a balazos en la colonia Felipa Velázquez. Dos cadáveres -hombre, de entre 35 y 40 años, y mujer de entre 55 y 60 años- fueron encontrados al exterior de un domicilio en la colonia Las Cumbres. En El Rubí, fue asesinado a balazos un sujeto de entre 35 y 40 años. Mientras que en el interior de un vehículo color blanco, se encontró el cuerpo de un sujeto de entre 30 y 35 años
El miércoles 6, envuelto en una cobija color gris y abandonado en un lote baldío en el fraccionamiento Villas del Sol tercera sección, fue localizado el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años. Después, en la colonia El Lago, un masculino de entre 25 y 30 años recibió un tiro en el tórax. En El Florido tercera sección fue hallado el cuerpo de una persona sobre la calle Sauce y Rosas. Un hombre calcinado en un tramo de terracería fue encontrado en el Ejido Francisco Villa. Aarón Rodríguez Cortés, de 27 años, falleció en la Clínica 1 del IMSS, luego de las heridas propinadas en la colonia Los Valles. En una vivienda en la colonia Mariano Matamoros Centro, fue encontrado el cuerpo de una mujer de entre 35 y 40 años, envuelto en una cobija. Un masculino de entre 35 y 40 años resultó muerto por arma de fuego en la colonia Valle del Rubí. Un sujeto de nombre Manuel, de entre 32 y 38 años, fue asesinado en un lugar tipo “picadero” en la colonia Obrera.
El jueves 7, mientras trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana realizaban reparaciones en una alcantarilla de la colonia Progreso, fue localizada una osamenta humana.
En lo que va de septiembre, hasta el cierre de esta edición, Tijuana sumaba 43 homicidios dolosos.
