Recientemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en su artículo 102, sustituyendo la figura de Procurador General de la República por la del Fiscal General, como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
La idea de nombrar un Fiscal General, por un término de nueve años, es evitar que al cambio del gobierno federal, este servidor público sea removido sin cumplir una de sus principales tareas que ahora se le asignan, la cual es investigar y perseguir delitos que sean resultado de la corrupción de funcionarios de gobierno.
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Uno de los males que padece nuestro país es la corrupción, la cual se fortalece y prevalece como consecuencia de la impunidad. Tan grave es el problema que ha sido necesario crear, a través de una Ley, un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual no se ha llevado a cabo, ya que no se ha llegado a un acuerdo en el Senado para designar a la persona que ocupará el cargo de Fiscal General de la República.
Un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional se oponen al nombramiento automático del actual Procurador General de la República, licenciado Raúl Cervantes Andrade, como Fiscal General al considerar que por ese hecho, los funcionarios del gabinete actual no serán perseguidos (priistas no llamados a comparecer por delitos cometidos en ejercicio de la función gubernamental); de modo que por nueve años gozarían de protección por parte de la Fiscalía General.
Este tironeo político presagia lo que a nivel local puede presentarse cuando se dé el proceso para el nombramiento de un Fiscal General Estatal.
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El proceso para designar un Fiscal General en el Estado de Baja California no va a ser fácil, vivimos en un Estado poco acostumbrado al ejercicio democrático, pero sí a la práctica constante del sospechosismo. Hay poca voluntad de cambiar la percepción ciudadana, donde prevalece la idea de que poco o nada puede hacerse para combatir el mal endémico de la corrupción que forma parte de nuestra vida cotidiana, cultura y forma de ser.
Se afirma que la conducta delictuosa de los servidores públicos no es sancionada legalmente, puesto que existe una cadena de protección entre funcionarios salientes y entrantes a un régimen de gobierno. Cuando estos cometen un ilícito, no importando su procedencia político-partidista, según la creencia popular, rige una secreta complicidad entre gobernantes que sin importar la diversidad ideológica, encubren los ilícitos cometidos por quienes dejan el ejercicio del poder.
Esta mezcla de verdades a medias con mentiras ha impedido abatir las conductas ilícitas de los servidores públicos, hecho que se ha convertido en un mal endémico que ha frenado el desarrollo político y social del país.
Como señalábamos anteriormente, pronto Baja California tendrá que pasar por un proceso difícil, pero necesario, encaminado a la búsqueda de un representante de la sociedad en el ejercicio de la acción penal; además, vigilante de la correcta administración pública y la buena marcha de las instituciones gubernamentales.
El éxito del proceso de instalación y funcionamiento de un sistema anticorrupción, tal y como lo delinea la Ley General de la Materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016, y que ya debería estar funcionando, dependerá en mucho de cómo será juzgado el gobierno del licenciado Francisco Vega de Lamadrid.
Quien resulte designado Fiscal General del Estado de Baja California tendrá una gran responsabilidad: vigilar y cuidar que sea efectiva una forma de gobierno honesta; preventiva de hechos de corrupción y faltas administrativas; cuidar que se den mecanismos de coordinación entre diversos órganos de combate a la corrupción; establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en esta lucha; así como la fiscalización y control de recursos públicos; establecer directrices básicas que definan la coordinación de autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detención, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Y otras tantas tareas de igual o mayor envergadura, aparte de la persecución y combate de los delitos que acompañan a la corrupción.
La tarea de designar un Fiscal General implica la selección de un hombre o mujer, honesto y capaz, con un gran amor por México.
Nota: Dedico este trabajo al licenciado José Luis López Aguilar, analista político de ideas frescas e inteligentes.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
