Para el Gobierno Federal ha resultado muy fácil desplazar su responsabilidad, primero, el 21 de agosto de 2012, le quitó a su Procuraduría General de la República la facultad de combatir al narcomenudeo, transfiriéndola a los estados, a los cuales no les dio ni un peso adicional.
En el tema de drogas se quedaron solo con la responsabilidad de investigar el trasiego de los grandes cargamentos y de los narcotraficantes al mayoreo, pera ni en esas tareas han reportado resultados óptimos.
Después legislaron y obligaron a la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), asignando precarios recursos. Adicionalmente, desde el año pasado la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, eliminó del presupuesto para el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (Setec) en los estados, como también suprimieron de un plumazo el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA).
Eso sí, en el discurso el Presidente Peña – la última vez el 30 de agosto- continúa defendiendo la propuesta del Mando Único, que requiere de policías capacitados, depurados, armados, evaluados, para lo cual se necesitan recursos que su administración ha eliminado; en el mismo sentido ha rechazado el Mando Mixto, sugerido por algunos diputados.
En cuanto al NSJP, el mandatario habla de los avances, de la necesidad de un cambio de actitud, de su importancia histórica, pero nada de escasez, casi ausencia de recursos para seguir avanzando.
Por si fuera poco, la Federación también redujo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg, antes Subsemun). En el caso de Baja California, los recursos para seguridad por el FASP se redujeron un 40 por ciento, y por el Fortaseg, 33%. Al final se dejaron de recibir 40 millones de pesos un lado, 220 de otro, y así continuaron las reducciones.
Así resulta que en números redondos, los años que más recurso recibió Baja California fue de 2008 a 2010, cuando el Gobierno del Estado anunció la llegada de mil 160 millones de pesos; actualmente el importe de esos fondos oscila entre los 600 y 680 millones de pesos.
El presupuesto asignado a seguridad por los fondos federales se empezó a reducir a partir de 2014, y ahora, como si no estuvieran conscientes de sus acciones, los funcionarios federales reclaman una y otra vez a los estatales, y los “exhortan” a “destinar más recursos a la seguridad y asumir sus responsabilidades”.
Tal como lo dijo en su discurso en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a finales de agosto, el súper secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien todavía agregó: “No se puede solamente a base de discursos tratar de solucionar los temas (…) sí estamos con complicaciones en algunas regiones”.
Ciertamente, mientras en 2008 se tenían denunciados más de 133 mil delitos, en 2014, cuando inició la reducción del presupuesto para seguridad, la incidencia ya había bajado a 107 mil crímenes denunciados, alcanzando una mínima el año pasado, de acuerdo a las estadísticas oficiales de 97 mil 369 carpetas en todo el Estado. Pero ya este 2017, con más de 8 mil 600 acusaciones mensuales, podría superar los 103 mil delitos al finalizar el año.
Lo que es evidente es que en este período se han incrementado los delitos violentos, particularmente el robo, las lesiones y el homicidio, que de 774 registrados en 2008, había bajado levemente a 714 en 2014 -cuando empezaron los recortes-, para iniciar una escalada en 2015 con 909 ejecuciones, mil 277 en 2016 y, de mantener el ritmo actual de 180 ejecuciones al mes, 2017 podría cerrar con más de 2 mil 100 asesinatos.
En la crisis del tema de seguridad influyen muchos factores, y no se trata de defender a las autoridades estatales o municipales que no terminan de asumir su compromiso, pero tampoco se puede seguir solapando que la Federación continúe evadiendo su responsabilidad.
Ante los embates seriales de la madre naturaleza que se ha ensañado con Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, incluso Baja California Sur, resulta cada vez más lejana la esperanza del gobernador Francisco Vega de que “… en la próxima visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se anuncie la llegada de recursos (…) los 4 mil millones de pesos que mencionó la diputada Nancy Sánchez”.
Pero viene el Presupuesto 2018 y está próxima la Reunión del Consejo Nacional de Seguridad, justo el momento para que las entidades federativas expongan la realidad de sus esfuerzos y sus necesidades, además de evidenciar la falta de apoyo de una Federación que cumple muy poco a través de la PGR. Esto antes de definir los lineamientos y programas de prioridad nacional.
Los recursos que asigna la Federación a las entidades no son de su propiedad, ni algo que puedan anunciar como un regalo; provienen de los impuestos de los ciudadanos en los estados, adonde deben regresar para resolver los problemas más apremiantes. Lo cual no está sucediendo en esta crisis de inseguridad que vive México.
