Los sinaloenses Martín Rafael Beltrán Delgadillo y Wendy Isabel Larrañaga Velarde, están a punto de ser extraditados por el Gobierno de México a Panamá, país donde son acusados de ser el presunto enlace entre el Cártel de Sinaloa y los miembros del Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), para el trasiego de grandes cargamentos de drogas.
El Gobierno panameño -a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores- realizó la solicitud de extradición desde agosto del 2015, de esta pareja sentimental de ciudadanos mexicanos, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, lo que podría concretarse antes de que concluya este año, según fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La pareja de sinaloenses vivían en Panamá como turistas, con un núcleo familiar establecido que se hospedaba en departamentos de lujo y realizaba reuniones en centros comerciales, pero que en realidad eran intermediarios del Cártel de Sinaloa y mantenían contacto directo con los traficantes colombianos.
“Su labor principal consistía en recibir la droga en Panamá y hacerla llegar por tierra [en vehículos] al norte, evadiendo los controles de seguridad”, dijeron fuentes al diario local La Estrella.
La pareja, originarios del puerto de Mazatlán, estuvieron en Panamá desde 2013 hasta abril del 2014, y huyeron del país cuando la Policía Nacional y la Fiscalía de aquel país realizaron las primeras aprehensiones de integrantes del Frente 30 de las FARC. Pero fueron detenidos en Mazatlán, por petición de las autoridades panameñas.
Estas detenciones formaron parte del Operativo Internacional Aguila, que duró 15 meses, según consta en investigaciones policiales y documentos que reposan en el Ministerio Público panameño, citados por medios locales como Crítica o Mi Diario.
Durante las acciones para desmantelar la unión delictiva ente los sinaloenses y las FARC se han aprehendido a unas 50 personas, se decomisaron más de tres toneladas de cocaína, dinero, casas y vehículos vinculados a la organización criminal, según los informes citados por los medios.
Según las acusaciones de la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la investigación inició en septiembre del 2013, luego de recibir información que daba cuenta de la actividad en ese país de un grupo criminal integrado por mexicanos, colombianos y panameños dedicados al tráfico internacional de drogas procedente de Colombia.
El traslado de la droga era encabezado por Martín Leonel Pérez Castro, líder del grupo insurgente Frente 30 de las FARC -detenido en julio de 2014 y que contaba con 28 órdenes de aprehensión por la planeación y ejecución del secuestro de 12 diputados colombianos de los cuales 11 fueron asesinados, además de la toma de bases militares-, con injerencia en las riberas de los ríos Naya y Micay, en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, de la República de Colombia.
La droga salía en lanchas rápidas desde Colombia hasta las costas del pacífico panameño, donde era recibida y enviada vía terrestre a Centro y Norteamérica, por colaboradores de la organización, principalmente por colombianos y mexicanos.
El 30 de marzo de 2015, un Juez decretó la orden de detención con fines de extradición de ambos sinaloenses, y el 4 de abril se tuvo por cumplimentada la orden. Después, el 26 de noviembre de ese año, el Gobierno mexicano concedió la extradición pero no han sido enviados a Panamá debido a que tramitaron juicios de amparo indirecto, entre ellos el 225/2015 y el 25-2016, tramitados en el Octavo y Noveno de Distrito en Sinaloa.
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito negaron el amparo y declararon procedente la extradición y ambos solicitaron la revisión en el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán.
El expediente de Wendy Isabel Larrañaga fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el 17 de julio pasado los magistrados resolvieron devolver el expediente para que el Tribunal sea quien resuelva juicio, que todavía no concluye, según informó en una nota reciente el semanario Ríodoce.
