Ni se dio marcha atrás, ni es una decisión final el negar la suspensión definitiva a Taxis Amarillos para que ocupen la Línea Internacional, advirtió el magistrado presidente del Tribunal Contencioso Administrativo –TCA- del Estado, Carlos Rodolfo Montero Vázquez.
“Es una medida preventiva, no se ha definido quién tiene la razón ni se ha dado una decisión final”, puntualizó.
Dijo que Flora Arguilés Robert, magistrada de la Segunda Sala del TCA, emitió la suspensión definitiva en forma contraria a la suspensión provisional, la cual había favorecido al gremio de Taxis Amarillos, derivado no de la presión mediática que su resolución generó, sino en forma profesional.
“De acuerdo al cúmulo de pruebas presentadas por el Ayuntamiento de Tijuana”, entre las que enumeró la moratoria que impide la exclusividad en el uso de sitios en ese polígono, tomó esa decisión, “se hizo prevalecer el interés general”, subrayó.
Aclaró que “la suspensión definitiva todavía es recurrible ante el pleno del Tribunal, en caso de que el particular, en este caso el gremio que lidera Óscar Morales, lo decida”, para lo cual tiene un término de diez días a partir de que se dio la resolución.
Montero Vázquez señaló que ni las amenazas y ataques de los que fue objeto la magistrada, influyeron en su decisión emitida el viernes 18 de agosto.
Entre las agresiones contra la funcionaria judicial mencionó ataques cibernéticos, al ser hackeada su cuenta correo electrónico, donde recibió mensajes ofensivos y amenazantes, tanto hacia su persona como en contra de su familia, razón por la que tuvo que recurrir a la protección policiaca. Las instalaciones de la segunda sala, con sede en Tijuana, fueron objeto de hurto y actos de vandalismo, acciones por las que se interpuso una denuncia formal.
Respecto a los señalamientos que las autoridades municipales como el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y el secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, sobre la posibilidad de que la magistrada se prestó a un posible soborno para emitir la resolución provisional, el presidente del TCA los calificó “faltos de ética”.
Por ello no descartó la posibilidad de que los tres órganos jurisdiccionales del Estado manifiesten un posicionamiento sobre lo que consideró una desafortunada reacción de los actores políticos.
