El periodista veracuzano Gil Cruz Ambrosio se encuentra “desesperado”, y esta situación se incrementó a raíz de la agresión sufrida por sus padres el pasado martes 25 de julio, cuando cuatro hombres armados llegaron a su casa ubicada en Álamo Temapache, y amenazaron con matar a su hijo si no les entregaban la cantidad de 100 mil pesos en efectivo.
Álamo Temapache, con 104 mil habitantes -según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-, es un municipio situado al norte de la entidad, que vive básicamente de la actividad agropecuaria. Está situado a más de 7 horas de viaje por carretera de la capital, Xalapa, y a 60 minutos de otras dos ciudades importantes: Poza Rica y Tuxpan.
Es una zona controlada por el crimen organizado, y cuyo territorio se disputan dos grupos antagónicos: el Cártel del Golfo y Los Zetas. Bajo estas condiciones de vulnerabilidad trabaja Cruz Ambrosio, quien dice sentirse solo, olvidado por las autoridades que le han dado todo tipo de pretextos para no brindarle seguridad, ni a él, ni a su familia.
Aún así Gil Cruz continúa con su labor, omitiendo lo que no puede reportar, auto censurándose por las amenazas que ha recibido de forma continua, con el desdén de las autoridades estatales y federales, ya que dice, proteger a los periodistas “no es reflector para ellos, hasta que sea más grave. Ahí si, hasta hacen guardia de ‘honor’”, dijo, en referencia a sus compañeros asesinados.
Gil Cruz, quien se encuentra amenazado de muerte desde hace 4 años ya, a causa de su trabajo periodístico, denunció en entrevista que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) no le brindó el apoyo cuando denunció ante dicha instancia lo que había ocurrido con sus padres.
Cayendo en múltiples contradicciones, tanto la titular de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza, como el secretario ejecutivo, Jorge Morales Vázquez, le dijeron al periodista que no podían ayudarlo porque el marco jurídico bajo que el que está regido la Comisión no lo permitía, dado que la situación que ocurrió con sus padres es un hecho de “carácter patrimonial”, y no tenía nada que ver con la labor profesional de Cruz Ambrosio.
Por su parte, el periodista acusó que las autoridades quieren hacer pasar el hecho como un simple asalto, dado que los agresores se llevaron 5 mil pesos en efectivo, pero no consideraron el hecho de la amenaza de muerte en su contra. “Quieren que haya sangre para intervenir”, dijo Cruz Ambrosio.
“Estamos jodidos en Veracruz. El comandante del mando coordinado en Álamo me dijo que no me podían dar seguridad porque ‘que tal y les matan a un elemento, qué cuentas va a dar él’”, aseguró el periodista, director del medio digital El Periódico MX desde hace dos años y medio.
“Luego le hablé al fiscal de los periodistas un tal Jaime Cisneros Gómez, me dijo lo mismo, que la SSP (Secretaría de Seguridad Púbica estatal) tendría que asignarlo por indicación del secretario, pero que el estado no cuenta con mas de tres mil elementos, y que es difícil que asignen a alguien para seguridad”, abundó el periodista.
Cisneros Gómez es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, y Jaime Téllez Marié se encuentra al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Ambos, según Pérez Mendoza de la CEAPP, están “enterados” de la situación del periodista. Sin embargo, Gil Cruz dice no saber nada sobre ellos.
En el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sólo le han comunicado con un “analista”, mismo que en ocasiones anteriores ha ido a Álamo, pero sólo a observar y a decir “que está muy difícil la situación en el lugar”.
Y aunque cuenta con un protocolo de seguridad por parte este Mecanismo desde el año 2013, por amenazas que ha recibido con anterioridad, la empresa privada encargada de brindarle el apoyo, le dijo lo mismo que la CEAPP: “que no podían apoyarlo porque la protección era para periodistas y no para familiares”.
Fuentes de la Segob nos dijeron que el propio Roberto Campa Cifrián, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se iba a comunicar directamente con el periodista, pero hasta el momento esto no ha sido así. Y es que “el Estado es omiso”, acusa Gil Cruz, incluyendo en dicho grupo de autoridades al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y al fiscal Jorge Winckler Ortiz.
La titular de la CEAPP insistió en que las autoridades estatales sí están al pendiente de la situación del periodista de Álamo, y que se le ha ofrecido apoyo. Además, afirmó que Cruz Ambrosio no ha dicho que es “jefe de prensa” del alcalde de Álamo Temapache. Pero el periodista lo negó, y dijo que el titular de Comunicación Social del Ayuntamiento es Josué Abad Méndez, tal como corroboró este reportero vía telefónica.
Lo que pasa, dijo, que aunque no descartan que existan amenazas en contra de Cruz, “el compañero es un poco nervioso y se adelanta […] tal vez necesite terapia psicológica”, como muchos de los comunicadores de la entidad, ante el grave nivel de violencia en el que está sumido Veracruz, abundó la funcionaria estatal.
Con terapia o no, Gil Cruz señala que ante las amenazas a la que ha estado sujeto desde hace cuatro años, no sabe siquiera si sobrevivirá el día a día. Y es que la situación en la que está “ya no es vida”, al no poder salir “y mirar para todos lados”, así como no poder ver a sus hijos “en condiciones de tranquilidad”. El periodista ya tiene las maletas listas, por si en algún momento tuviera que salir huyendo de Álamo, su ciudad natal.
El periodista veracruzano también teme por la vida de sus padres, ambos personas de la tercera edad, y que desde el martes pasado han estado resguardados sólo por una patrulla de la Policía municipal, la única instancia que respondió al llamado de auxilio de Gil Cruz. También teme por sus hijos, los cuales ya ni siquiera viven en Álamo por los mismos motivos.
A sus padres, reiteró el periodista, los agresores -quienes entraron por la fuerza a su domicilio-, les dijeron que sabían sobre él, “en qué anda, en qué trabaja y cómo se mueve”, pero las autoridades hicieron caso omiso cuando Cruz Ambrosio denunció esta amenaza.
“Necesito tener un plomazo en el pie o en la panza para que ahora sí esas instancias de protección y las autoridades digan que sí fue una amenaza contra mí. Yo puedo aguantar una amenaza en mi contra, ya anda uno acostumbrado, pero mi familia no”, subrayó Gil Cruz.
“La autoridades, incluyendo la CEAPP, están aprovechando los hechos violentos que se suscitan a diario en el estado, para no hacer ver que es un ataque directo a mi persona por el ejercicio de mi labor periodística”, señaló.
“Lo más triste es que las autoridades quieren hacer ver la última amenaza en mi contra como si fuera un robo o extorsión, un delito común, para así no hacer más escándalo del que pudiera ocasionarse. Para ellos es mejor tomarlo así. Esto es político, porque si fuera crimen organizado ya estaría muerto”, dijo Cruz Ambrosio.
“Entre menos tengan ellos [las autoridades] situaciones de periodistas agredidos, pues ellos pueden decir que las amenazas no son por su profesión y no suban sus estadísticas de agresiones a la prensa”, aseveró.
Gil Cruz Ambrosio abundó que aunque sí ha sentido la solidaridad del gremio periodístico local, esta sólo se ha brindado de forma privada, ya que “todos tienen miedo aquí”, en Álamo, y no pueden manifestarse públicamente, porque “también pueden ir por ellos”.
Por último, el periodista veracruzano le pidió a los distintos órdenes de Gobierno, tanto estatal como federal, que investiguen, que él “no está metido en cuestiones ilegales y que en ese sentido tiene la conciencia tranquila”.