“Una injusticia hecha a uno es una amenaza a todos”.- Montesquieu
Un diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor hace exactamente un año, el 18 de junio de 2016, evidencia que el mismo no funciona adecuadamente en la República Mexicana. Los factores son diversos. La evidente falta de capacitación de los servidores públicos que lo operan y que va desde los jueces hasta agentes del Ministerio público, entre muchos otros. La capacitación se ha impartido a cuenta gotas en los Estados, para un grupúsculo “sumamente privilegiado”, conformado por servidores del Poder Judicial y excepcionalmente de las procuradurías de los Estados. La falta de infraestructura ha sido también un problema en Tijuana, pues, donde litiga quien escribe estas líneas, solamente se cuenta con cuatro pequeñas salas de audiencia que son verdaderamente insuficientes para la gran demanda existente en este Partido Judicial de Tijuana B.C. Salas ubicadas en locales improvisados que correspondían a los Juzgados Noveno y Décimo de Primera Instancia de lo Penal, sin que tal situación preocupe al trasnochado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni a los Colegios, Barras o Asociaciones de Abogados que se han convertido en verdaderas pasarelas para los políticos mediocres que los toman como escenario para sus insanas pretensiones ante la intrascendencia de voz y opinión de dichas organizaciones profesionales que, incluso, permanecen impávidos ante las denuncias que se presentan en contra de sus asociados y ex presidentes por el Ayuntamiento de Tijuana, los cuales se resiste y se irritan ante los graves señalamientos que se les hacen por su falta de transparencia en la administración pública. El sistema tampoco funciona por las carencias en equipo tecnológico y de herramientas indispensables para ello. En cualquier Sala Penal del Estado, si Usted como imputado o su defensor solicitan copias de las audiencias, tienen que dotar al Tribunal de un CD o un dispositivo USB para tal efecto, de otra forma se hace negatorio el derecho constitucional del imputado a obtener copias de las diligencias para constituir su propio expediente.
Oaxaca, Sonora e Hidalgo son las entidades federativas más atrasadas. Algunas de las carencias que tiene el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, según los expertos, radican en que son 66 Asesores Jurídicos los que atienden cerca de 23.5 millones de delitos, además de que el Sistema opera sin vigilancia en los Estados.
El diagnóstico “Consolidación del Sistema Penal”, publicado por el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SES Sistema Penal) revela 10 puntos débiles en el Sistema que van desde la falta de bases de datos nacionales, vitales para las investigaciones, hasta Policías que no saben llenar los Informes porque no los entienden y aún no saben o no les queda claro cuál es su trascendente labor en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Para medir el avance de la implementación y consolidación del Sistema Penal, el análisis establece una escala del 1 al 10, construida a partir de varios indicadores y que concluye en que el actual grado de avance nacional es de 8.7 puntos. Uno de los ejes, que es el más atrasado, refiere a las tecnologías de la información y comunicación (bases de datos, circuitos cerrados, videoconferencias).
El segundo eje con menor avance es el de la infraestructura (la construcción de salas de juicio oral, espacios para mediación, áreas de víctimas). En un tercer aspecto está la reorganización institucional, la cual consiste en adecuar el funcionamiento de procuradurías, juzgados y policías al Nuevos Sistema.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
