“Cuando cae algún capo de un grupo
criminal, por supuesto que se dan
situaciones que ya hemos visto
siempre en el país, siempre están
buscando uno de más abajo entrar
al poder, en el lugar del que cae”,
asegura el vocero del Grupo de
Coordinación de Seguridad Pública
y secretario general de Gobierno,
Álvaro de la Peña Angulo, respecto
a tres años de una ola de violencia
que ahora tocó a Comondú
“Ya son tres años violentos para Baja California Sur, donde los miembros de la delincuencia organizada se han adueñado de las calles y estamos cansados de tanta impunidad, lo vemos todos los días en las calles, en la colonia, en todos lados, desde el principio se dijo que había policías involucrados con el narco y nunca se hizo algo; hoy recurren a la aceptación, tres años tarde, tres años de muertos, tres años de ensuciar a Sudcalifornia”, declaró un especialista en criminología consultado por ZETA ante la imparable ola de violencia en la entidad.
Desde el 31 de julio de 2014 al mismo día de 2017, la guerra entre miembros de la delincuencia organizada se ha desatado con cuerpos enterrados en fosas clandestinas, descuartizados, privaciones de la vida, ejecuciones y miles de cartuchos percutidos de grueso calibre regados por las calles; los más utilizados son AK-47 o “cuerno de chivo”, AR-15, 9 milímetros, calibres 45 y 40.
De acuerdo a los reportes que obtuvo este Semanario de manera oficial, se tiene un registro de 668 muertos, sin embargo, se sabe que superan la cifra por encima de los datos oficiales.
“Hay muchos muertos en calidad de desconocidos que no se sigue más el caso, solo se archiva. Es importante reconocer que de la pequeña parte oficial que se reporta, un gran porcentaje queda en el limbo, meses como marzo, donde los registros alcanzaron los 55, pero el registro oficial se detuvo en los 53”, informó un agente de Investigación de la Policía Ministerial del Estado que brindó los informes de personas ejecutadas de los últimos meses.
Según los reportes entregados a ZETA, el año más violento es 2017 y solo en los primeros siete meses de cada año, en 2014 hubo 53 ejecutados; 147 en 2015, 207 en 2016 y 271 en 2017.
Lo que deja clara la escalada violenta entre células delincuenciales, la guerra principal se habría presentado entre grupos afines al Cártel de Sinaloa (CDS) a través de Los Dámaso; del lado contrario, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), agrupado con células locales y aliados de los Arellano Félix, lo que ha generado una verdadera carnicería en las calles de La Paz y Los Cabos.
“Ahorita los últimos muertos que se han registrado han sido puro chapulín, ni de uno ni de otro grupo, puro que ha salido de las líneas de la delincuencia y que han ajustado, sin cabos sueltos, pues”, reveló la fuente ministerial.
Quizá para Baja California Sur la suerte esté echada, según comentó el experto en criminología, tras la caída de Dámaso López Serrano “El Mini Lic” en Calexico, California, se han abierto las puertas “en cierta medida a Jalisco, que se acaba la resistencia o por lo menos el sustento económico”, sin embargo, se espera una estrategia para rearmarse y atacar con mayor severidad.
Aunque algunos expertos en seguridad pública, miembros del Grupo de Coordinación en el Estado, manifiestan que es difícil que se venga una nueva oleada, pues “Cártel Jalisco ha abarcado gran parte del territorio sudcaliforniano, prácticamente sería un suicidio reintentarlo en este momento, la estructura sinaloense está muy golpeada”.
Benigno Murillo Orantes, Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de Comondú señalado por el mal trabajo que ha realizado su corporación en la integración de expedientes en contra de bandas de asaltantes que asecha a Ciudad Constitución e Insurgentes.
Tras la detención de “El Mini Lic”, el Gobierno del Estado prevé que este hecho pueda traer el posible efecto cucaracha, o bien, la disputa de una escalada de violencia ante la disputa por ocupar el liderato de un grupo criminal, pues hay terreno de Sinaloa en Baja California Sur, sobre todo en Los Cabos.
“Cuando cae algún capo de un grupo criminal, por supuesto que se dan situaciones que ya hemos visto siempre en el país, siempre están buscando uno de más abajo entrar al poder, en el lugar del que cae, aquí la idea es seguir trabajando caiga quien caiga, nosotros tenemos que seguir trabajando para fortalecer la seguridad de nuestra entidad”, aseguró el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.
“El Mini Lic” es hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, quien fuera arrestado el 2 de mayo de 2017 en la Ciudad de México. En 2013, el gobierno de los Estados Unidos lo identificó como uno de los principales proveedores de estupefacientes para el Cártel de Sinaloa.
Aunque según miembros de inteligencia federal, el rumor es que el heredero de López Núñez se entregó a cambio de “ubicar a los hijos de Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ y así poder obtener el control, pero también a miembros del Cártel Jalisco, lo que deja en posibilidades de mantener fuerte a la institución criminal o al nivel de las otras”.
Con estos precedentes, sin duda Sudcalifornia está en la mira, pues siendo una tierra lejana, lo que ocurra en la zona puede ser un reflejo de la fragmentación interna de la organización criminal sinaloense, pues se sabe que, desde el principio, la separación fue obligada.
La propia ex líder criminal Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”, detenida el 19 de septiembre de 2015, expresó en la averiguación previa LPZ/097/HOM/2015 el inicio de la guerra:
“Yo trabajaba como sexoservidora hace como un año (2014) y conocí a la persona que responde al nombre de Rolando González Moreno alias ‘El Compadrón’, el cual era jefe de plaza de la venta de narcomenudeo en la mitad de la ciudad de La Paz, con quien estuve durante algunos meses, esto fue así hasta que capturaron al “Chapo’ Guzmán, ya que cuando fue capturado algunos meses después ‘El Licenciado Dámaso’ mandó gente para esta ciudad para pedirle entregara la plaza (…) no estuvo de acuerdo y terminó matando a toda la gente que mandó ‘El Licenciado Dámaso’, entre ellos el mentado ‘Pantera’, después de este evento, más o menos dos o tres meses después me levantó la gente que decían llamarse ‘Los Dámaso’, quienes tenían la intención de matarme”.
Godofredo Contreras, Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz, señalado por supuestos nexos con el crimen organizado y acusado por Policías de su corporación por pedir cuotas.
Y confesó cómo llegó a las líneas criminales:
“Según ellos yo era gente de sus contras, pero yo les dije que si me perdonaban la vida les entregaría la cabeza de Rolando González Moreno, así como unas armas que tenía escondidas en una casa que yo le había conseguido, a lo cual aceptaron. Empecé a trabajar con ellos, diciéndome que eran una célula delictiva del Cártel del ‘Licenciado Dámaso’ y que era el nuevo jefe, y se hacían llamar Los 28; su objetivo era quitarles la plaza a ‘El Compadrón’ ya que este había volteado bandera y el jefe de ellos era un tal ‘René 00’, que estaban alineados con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Mayo’ Zambada’”.
Desde entonces hay un choque entre células delictivas, que a la fecha mantiene presa a la población sudcaliforniana.
Delitos sofocan a pobladores
La guerra entre células delictivas no solo ha dejado innumerables muertos, sino que ha generado que en el afán de obtener “mayores recursos para continuar delinquiendo, han caído en delitos de robo con violencia, asaltos a negocios, robos a casas habitación y asaltos a transeúntes, lo cual preocupa, porque la herencia de esta guerra sigue activa y los focos rojos se han encendido al máximo”, precisó el experto en criminología entrevistado.
Efectivamente preocupa el nivel delictivo al que han estado expuestos los ciudadanos, solo en un fin de semana, del 28 al 30 de julio de 2017, seis acontecimientos violentos se registraron en La Paz. El viernes 28, 11:30 am, una persona fue ejecutada por disparos de arma de fuego en la colonia Diana Laura. El sábado 29, siendo las 11:35 pm, se tuvo conocimiento de persona asesinada con arma blanca. Dicho suceso tuvo lugar en un domicilio de la colonia Arboledas, cuando el afectado recogería al responsable para llevarlo a un anexo.
El mismo día se reportó una persona herida por arma de fuego tras una riña en la colonia Panteón. Y el domingo 30, se tuvo registro de tres asaltos a diferentes establecimientos, dos de ellos a mano armada: un Oxxo de la colonia Agua Escondida, donde los presuntos delincuentes ingresaron a las tres de la mañana por la parte trasera de la bodega y rompieron la puerta para acceder al establecimiento; dos personas resultaron detenidas, entre ellos un menor de edad.
A la par, en la gasolinera ubicada en Bulevar Las Garzas esquina Jalisco, donde dos sujetos armados despojaron de efectivo al despachador.
Horas más tarde y a plena luz del día, se suscitó otro asalto a mano armada en una gasolinera de la colonia Miramar.
“Tenemos números, cifras y estadísticas oficiales y no oficiales, que nos tienen francamente muy preocupados no solo por el número de delitos, sino porque no encontramos en un futuro cercano que el gobierno actual pueda con los planteamientos que goza frenar o contener la escalada delictiva”, lamentó Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
A través de redes sociales, víctimas manifiestan su impotencia tras ser violentadas en su domicilio, un caso que sonó y marcó a la ciudad es el de una joven.
Los hechos tuvieron lugar en la colonia La Fuente de La Paz, donde la fémina se encontraba en el baño de su casa, nunca se percató que había ingresado una persona a su domicilio, al salir de la regadera se topa de frente al presunto delincuente, el cual se abalanza hacia ella, la golpea y amaga con un arma y la golpea brutalmente, dejándola amarrada.
“Las bandas de ladrones o asaltantes operan con tranquilidad, hemos tenido información que hasta los mismos agentes de seguridad les cobran piso por dejarlos operar”, dio a conocer un elemento de la Policía Estatal Preventiva, adjunto al Mando Mixto.
La inseguridad que se respira en las calles, en los hogares y en los negocios, deriva de la intensa violencia que ha provocado la guerra entre cárteles de la droga, y como dicen y reconocen las propias autoridades, en la pelea por el control de la plaza han generado inestabilidad y un camino abierto para delincuentes, lo que tiene absolutamente preocupados a los ciudadanos.
“La coordinación que nos ofertaron no está funcionando, porque no se le está dando la prioridad a la atención a lo que se requiere a la contención de los focos rojos, poco se ha incrementado la violencia en el actuar del delincuente, y eso hace más vulnerable al ciudadano”, externó Arturo Rubio Ruiz.
Diputados como Alfredo Zamora García han aprovechado el momento para sacar raja política y conseguir que los ciudadanos se sientan defendidos, pero según Rubio, solo es combatir la violencia con más violencia, incluso con uso de la fuerza y abuso de poder.
“Nos están diciendo este grupo de diputados que como el gobierno no puede cumplir con la acción prioritaria de darnos seguridad, nosotros tenemos que recurrir a nuestros propios medios para darnos seguridad, eso es muy grave; se arma un círculo vicioso donde estos políticos, estos diputados oportunistas quieren sacar raja del descontento del ciudadano, y abren la puerta a la venganza privada, y eso es posible porque no se está conteniendo a la delincuencia, y no se va a poder contener la delincuencia porque no hay un trabajo de inteligencia, no hay trabajo de prevención adecuado, no hay cabeza”, esto en referencia al caso suscitado en La Paz.
La Paz sin cabeza y delitos al por mayor
“Estamos presionando muy fuerte para tener un director, estamos esperando a que nos den los resultados. Se enviaron las propuestas y esperemos poder contar ya, aunque el encargado de despacho cuenta con todas las atribuciones”, expresó cínicamente Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz, ante una Dirección de Seguridad Pública del municipio acéfala.
Ha sido muy claro que la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal carece de algo, y es de un director que pueda ofrecer una estrategia para la corporación, y es que solo se han dedicado a lastimar a la institución con procedimientos fuera de Ley y agresivos contra los pobladores.
Incluso, “se habla de fuertes nexos y cobros de cuota de parte del director, y eso preocupa, porque no podemos estar tranquilos trabajando y que tratemos de detener cuando desde la cabeza está sucia. Ex policías asesinados operaban para él y todos lo saben dentro de la corporación”, reveló uno de los agentes municipales adscritos al Mando Mixto.
La gravedad es obvia, pese a que, para los ojos del edil municipal, no es grave. Los problemas se ven reflejados en la inoperancia de su parte y esto lo refleja en operativos fallidos que solo son para justificar.
De manera anónima, denunciaron Policías de Los Cabos que están siendo amenazados por la delincuencia organizada para unirse a sus líneas, algunos elementos ya operan.
“Las unidades no cuentan con un programa operativo funcional, que los policías preventivos no realizan su función, en el caso concreto de La Paz, pues no hay director, no hay dirección, hace mucho que no se sienta en el escritorio de la Dirección un policía de carrera, un policía profesional. Entonces mientras se siga privilegiando sentar en el encargo de director al amigo, al conocido, al compañero de equipo político, están poniendo en peligro la parte fundamental del delito”, lanzó el representante del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Es urgente que, a través de la Policía Municipal, los encargados de acudir y atender los llamados de primera mano, pueda elaborar un mapa de la geografía criminal, pues son los principales en detectar que el delincuente habitual tiene un radio de operación delimitado, siempre roban en la zona, ya sean negocios o casas, por lo que es esencial que se cuente con una estrategia, y eso se ve limitado con un encargado como Godofredo Contreras.
Lamentablemente, cuando una función es impotente, lo que genera es que alguien más haga su trabajo, recientemente la única respuesta ante elementos reprobados en control y confianza ha sido “que no son temas de su competencia”, sin embargo, aún mantiene elementos reprobados. El alcalde aseguró que ocupa alrededor de “20 millones de pesos para dar de baja a los malos elementos”, y que “se tiene estimado dar de baja a 40 elementos dentro de poco”.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña, indicó que precisamente para reforzar la seguridad llegaron “180 elementos más, que se vienen a incorporar para el apoyo a la seguridad en Baja California Sur. Su labor es prevención, llevar a cabo vigilancia en todas las áreas donde se encuentre nuestra gente, pero también haciendo la búsqueda de blancos y objetivos que ellos tienen muy determinados”, mientras Godofredo tranquilamente ve pasar el tiempo sin que se tomen cartas en el asunto, con un presidente municipal más preocupado por la próxima contienda electoral electoral.
“Estamos hasta la madre de estos pinches ladrones, si la Policía no quiere hacer nada, vamos a formar comités de vigilancia y sacarlos a la chingada, pero antes una buena calentada, son chingaderas”, denunció un vecino de la colonia La Fuente en La Paz.
Los ciudadanos deben tomar cartas en el asunto, sin incitar a la violencia, pero sí conformando comités de vigilancia “en todas las comunidades, en todos los sectores, y el ciudadano empezar a participar y exigir a la autoridad una mejor reacción; así tendremos los resultados que buscamos, la autoridad está rebasada”, externó Arturo Rubio Ruiz.
Lo claro es que la Policía de La Paz debe buscar prioritariamente un perfil que cumpla y que no esté señalado por los propios elementos, alguien que verdaderamente vea por la mejora de la institución y no que vele por sus propios intereses, como denunciaron elementos a ZETA.
Bandas operan con policías de Comondú
Tuvieron que pasar hechos lamentables en Comondú para que los ciudadanos alzaran la voz. Dos semanas atrás, en la segunda quincena de julio, Ciudad Constitución e Insurgentes fueron víctimas de una banda de asaltantes que sacudió los diferentes comercios, lo que orilló a la denuncia social.
“Los comerciantes de Comondú nos vemos sumamente preocupados por el clima de inseguridad que ha venido prevaleciendo hace ya varios meses y que se ha agudizado en los últimos días. Es claro que el temor comienza a hacerse evidente entre la ciudadanía y la desconfianza incluso entre vecinos empieza a generar tensión”, denunciaron.
En una carta dirigida al gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis; al alcalde Francisco Pelayo Covarrubias y al director de Tránsito Municipal, Benigno Murillo Orantes, los comerciantes fueron directo al grano:
“No podemos ocultar lo que estos últimos días les ha ocurrido a compañeros comerciantes, que han sido víctimas de la delincuencia, la delincuencia empieza a operar en la modalidad de asalto a mano armada incluso con violencia excesiva. No queremos perder la confianza en nuestras autoridades, ni mucho menos creer que haya complicidad con la delincuencia, de ser así, la degradación social nos habrá alcanzado”.
Lo que orilló a una serie de operativos obligados y desesperados, evidenciando un verdadero desastre en la corporación municipal, además de la falta de preparación y total desconocimiento en estrategia para el aseguramiento de una escena del crimen y la integración de una carpeta de investigación.
“En Comondú, la mitad de los policías te confiesan que no conocen el procedimiento para llenar un reporte tan simple como el Informe Policial Homologado, si no saben llenar el papel, menos saben cómo reaccionar”, lamentó el experto en criminología.
Se desplegaron intensos operativos desde el viernes 28 hasta el 31 de julio, para detener a la presunta banda que opera en la zona.
Como antecedentes los comerciantes señalaron: “El día lunes 24 de julio asaltan a mano armada a los negocios Mini Súper San Javier y Abarrotes La Americana, donde lesionan fuertemente al propietario; el miércoles 26, en la mañana, a mano armada dos asaltantes cometen su fechoría portando arma de fuego y cuchillo en el domicilio particular de la propietaria del Minisúper Durango, misma que salvajemente fue golpeada; y el día viernes 28 regresan de nuevo al domicilio antes allanado para cínicamente robar de nueva cuenta. También el sábado 29 por la mañana asaltan al negocio de cómputo INCO”.
Los operativos arrojaron ocho detenidos; la noche del viernes 28, en coordinación con elementos del 49 Batallón de Infantería, se logró la detención de seis personas: Jesús Arturo “El Chilango”; Luisa Marlene “La Güera”; Jorge Agustín “El Barrio”; José Guadalupe “El Pipen”; Noel Zamora “El Momento” y Jesús Armando “El Galleto”.
De la misma forma, el sábado 29 se aprehendió a Jesús Ramón V. y Gregorio H.
La mañana del lunes 31 de julio ocurrió el colmo de los colmos, una patrulla de la Policía Municipal que transportaba aproximadamente 700 mil pesos del programa federal Prospera, fue asaltada por una banda criminal.
Los hechos ocurrieron cuando personal de Bansefi venía custodiado por dos elementos de la Policía Municipal, entre cuatro y cinco personas encapuchadas, portando armas largas y cortas, sometieron a los oficiales quitándoles su armamento, así como carteras, la llave de la unidad y el maletín con el dinero; los maleantes huyeron a bordo de una camioneta Ford Windstar de color gris, misma que fue asegurada más tarde.
El mismo lunes fue detenido Gilberto Espinoza Espinoza “El Chupón”, presunto líder de bandas criminales.
De los nueve detenidos por la Municipal, solo uno quedó tras las rejas, según información extraoficial, derivó de un mandamiento judicial en su contra por delito de robo de vehículo con causa penal J14/2017/NUC/CST/2017 -7 de abril de 2017-, lo que deja en claro que o hay colusión, o mala preparación.
“Definitivamente hay una filtración, simbiosis, contubernio, porque la misma gravedad que tiene su efecto para la sociedad cuando el policía es incompetente, que cuando es cómplice, porque el resultado es el mismo. El delincuente opera libremente, sabemos por los resultados que han dado los esquemas de calificación de actividad policiaca, que hay muchos señalamientos; hay infiltraciones de las corporaciones policiacas en la delincuencia organizada”, denunció Arturo Rubio.
Justamente el primero de agosto, el alcalde sostuvo una reunión con comerciantes y medios de comunicación para dar a conocer a los detenidos, sin embargo, comerciantes molestos preguntaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el paradero de los detenidos, y la afirmación fue que no había tales.
Situación que le costó un regaño al director de la Policía Municipal comundeña, Benigno Murillo, cuando el alcalde estalló ante los señalamientos de corrupción y dijo que serían separados del cargo ambos policías involucrados, además de que solicitarían una investigación del personal de Prospera, ya que son tres asaltos que han sufrido.
“Lo que la ciudadanía quiere es que se detenga a los sospechosos y sea la Procuraduría la que decide si procede o no procede la detención, deben actuar en tiempo y forma de acuerdo con los términos de Ley. Es un tema que no puedes tú juzgar si procede o no procede”, diciendo que si no actúa o procede conforme a la solicitud, tendría que ser removido.
Y es que según el director, no habría flagrancia en el delito, por lo cual era improcedente, pero lo que evidenció es que falta preparación en la Municipal y le falta decisión.
Melissa Margarita Calderón Ojeda, “La China” declaró que perteneció a “Los Damaso” y el objetivo era eliminar contras que habían traicionado a Sinaloa.
A lo que llegó a la conclusión que es cuestión de tiempo para que los comundeños tomen justicia por propia mano, y fue evidente el enojo de los comerciantes ante la ineptitud de la autoridad de seguridad municipal.
“A la venganza privada, es difícil pedirle al ciudadano que tenga paciencia, que tenga prudencia, que tenga mesura, cuando tú tienes la oportunidad de contener por propia mano al delincuente, si lo entregan a la policía, en la puerta giratoria en que se ha convertido el sistema, no porque no funcione, sino que los operadores son los que no funcionan, lo van a dejar en libertad, entonces están recurriendo a la venganza privada”, lamentó Rubio Ruiz.
Agentes corruptos siguen enlistados
“Las bandas criminales han alineado dentro de sus instituciones, por así decirlo, gente violenta, armada, gente que está dispuesta a todo y la gente lo ha visto, mientras más violento o armado está el grupo, desafortunadamente es más sencillo obtener lo que buscan, y es cometer un ilícito. Pero hay colaboración con algunas instituciones de seguridad y eso es más preocupante”, mencionó un agente antirrobos a ZETA.
La cifra oficial es que 785 elementos de seguridad pública municipal están reprobados hasta junio de 2017, lo cual enciende focos rojos en las corporaciones municipales.
En una denuncia que recibiera este Semanario, policías de Los Cabos, en especial comandantes, están siendo amenazados por miembros de la delincuencia organizada, lo que buscan es que entreguen a los contras y lo han hecho a través de ex agentes vinculados a “El Babay” (CJNG), “porque siguen buscando ensuciar la corporación”, denunció un agente municipal cabeño.
“Todos los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal están siendo capacitados para el fortalecimiento del nuevo sistema, en lo que se den las reformas que se tendrán que dar sin duda alguna, los diputados y senadores tendrán que hacer trabajos importantes para modificar algunos artículos, sobre todo del Código Nacional Único de Procedimientos Penales”, evidenció Álvaro de la Peña Angulo.
Aunque queda claro que aun haya reformas o cambios en el NSJP, los problemas van a continuar por los graves problemas de corrupción.
Incluso el alcalde de La Paz reconoció que hay elementos reprobados en la institución, y lo peor de todo, no hay recursos para liquidarlos y sacarlos, y llegar a esa limpia esperada por los ciudadanos; ni siquiera su encargado de despacho está aprobado, lo que queda a deber.
Por otro lado, Arturo de la Rosa Escalante, alcalde de Los Cabos, sigue confiado en que ya dio de baja a todos los malos elementos, pero se ha olvidado de que la delincuencia organizada sigue tocando su puerta y fácilmente contaminan a la corporación con dinero mal habido, en busca de aumentar la estructura criminal.
Ante la falta de estrategia, De la Peña Angulo dijo que una opción importante son “los comités de vecinos vigilantes, han venido a disminuir lugares donde se tenían muy recurrentes estos y muchos otros delitos, gracias a que están bien organizados los vecinos, ha logrado reducir la incidencia en algunos lugares, sin embargo, hacen falta muchos lugares. En algunos casos se han reducido el 70%”, remató el funcionario estatal.
