Tuvieron que pasar ocho meses de señalamientos de corrupción dirigidos a Emilio Lozoya Austin para que en la Procuraduría General de la República, finalmente, elaboraran un citatorio para llamar al ex funcionario peñista a comparecer.
Desde diciembre de 2016 una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre una red de sobornos instaurada en la empresa Odebrecht con sede en Brasil y que habría actuado de manera ilegal en doce países, por supuesto México incluido, ubicó a Emilio Lozoya como el receptor de un soborno de 6 millones de dólares, reuniéndose con los corruptores –hoy detenidos- en 2012 cuando aún era parte del equipo de Enrique Peña Nieto, y no Director General de Petróleos Mexicanos como lo sería inmediato a la toma de posesión del ahora Presidente.
Desde 2016 se abrió una investigación tanto en la Unión Americana como en Brasil y Lozoya Austin siempre fue parte de ella. Había ahí material suficiente para establecer por lo menos la sospecha de lo que ahora sí se investiga pero entonces no. Un miembro del equipo de Peña acordando la corrupción antes siquiera de tomar posesión de un lucrativo cargo al frente de PEMEX.
Hoy día, los ejecutivos detenidos durante la investigación de la red de corrupción desde Odebrecht para obtener beneficios de y en obra pública en doce países, han confirmado que en efecto, otorgaron un soborno (coima, le han llamado, en la acepción de aquel que recibe dinero por debajo de la mesa para ser permisivo en lo ilícito), pero no de seis millones de dólares, sino de diez (a la firma del contrato de obra se depositarían otros cuatro) al cercanísimo colaborador de Enrique Peña Nieto.
Su nombre en dos expedientes, el de Brasil y el de Estados Unidos, con su presunta acción de corrupción, y lo de presunta es solo porque mientras en aquellos países aparece en la lista de los corruptos en México sigue en el círculo protegido de los peñistas, Emilio Lozoya metió a México en un brete político a nivel internacional que solo confirma lo que se dice de este país y de este Gobierno Federal en lo particular en el extranjero: que lo que impera es la corrupción.
De los doce países en los cuales los ejecutivos de Odebrecht corrompieron funcionarios a través de su “Relaciones Estratégicas”, cuatro son economías tercermundistas: Angola, Mozambique, Guatemala y República Dominicana, ocho son considerados economías emergentes: Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil y México, y solamente uno corresponde al primer mundo o a los países desarrollados, Estados Unidos, justo donde funcionarios del Departamento de Justicia iniciaron la investigación sobre las malas prácticas de Odebrecht y la proclividad a la corrupción por parte de los funcionarios de gobierno de estos países. Es decir, los brasileños trataron a México como un País corrupto y de tercera, comprando por una “mínima” tajada la obra pública, en este caso la modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.
En la investigación que se sigue en Brasil, para ingenuidad de los funcionarios mexicanos de la Procuración de Justicia, tres ejecutivos han declarado oficialmente en el expediente de la indagación, bajo juramento de decir verdad, que Emilio Lozoya Austin recibió más de diez millones de dólares en sobornos. Eso ha sido publicado en Estados Unidos, en Brasil, en México por medios independientes y por la organización Mexicanos contra la Corrupción, sin que a la fecha mediara investigación nacional al respecto. Al modo, el día que periodistas de Proceso descubrieron que Enrique Peña Nieto borró (o le borraron con su autorización) las fotografías en las cuales en sus redes sociales aparecía con ejecutivos de Odebrecht y con el propio Lozoya Austin, es cuando en la PGR dieron a conocer que el ex funcionario había sido citado a declarar.
Efectivamente, mientras que en el Gobierno Federal de México se negaban a investigar a uno de los suyos, tres ejecutivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Hilberto da Silva y Luiz Maneri, declaraban al Ministerio Público Federal de Brasil –como se asienta en investigación oficial y se ha reproducido en medios nacionales independientes a partir de una investigación de quinto Elemento Lab- que el mexicano habría recibido más de diez millones de dólares en sobornos, incluso antes de entrar al poder, pero ya considerando que sería el hombre clave del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde 2012 y hasta 2014 se realizaron depósitos en cuentas bancarias en paraísos fiscales, todas proporcionadas por Lozoya para las transacciones que alcanzarían los más de diez millones de dólares.
Sin embargo ante esta evidencia que consta en las actas oficiales del Ministerio Público Federal de Brasil, el Gobierno Mexicano guardó silencio durante ocho meses, protegiendo con ello y otorgando impunidad a Lozoya Austin, quien se sospecha, podría no ser el único beneficiario de la corrupción. ¿Para qué aceptó sobornos económicos cuando aún no era funcionario y de hecho la campaña a la Presidencia de la República donde él era parte del equipo de Enrique Peña Nieto continuaba? Según los ejecutivos de Odebrecht detenidos en Brasil, comenzaron a proveer dinero a Lozoya en abril de 2012 luego que se reunieron en marzo de ese mismo año, o sea poco más de dos meses antes de las elecciones.
¿Qué va a hacer la PGR con Emilio Lozoya Austin el jueves 17 de agosto cuando se presente a declarar? Sería lógico que le iniciarían un procedimiento ministerial luego de contar con la colaboración del Ministerio Público de Brasil sobre las señaladas, reiteradas y malas prácticas de Lozoya con los ejecutivos de Odebrecht, pero la reacción envalentonada del joven ex funcionario parece indicar lo contrario, no solo ha minimizado las declaraciones de quienes se reunieron y pactaron con él por parte de la empresa brasileña, las ha tachado de chismes y además ha amenazado denunciar a quienes en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil las dan por hecho.
Lo otro que podría suceder es que de hecho Emilio Lozoya ya no aparezca en el radar mexicano y menos ante la PGR, pues a la fecha únicamente ha hablado por él su abogado como si el tamaño de la transa lo hubiera dejado sin palabras.
Que como los casos de los ex gobernadores depuestos, después de ocho meses de señalamientos internacionales, evidencias nacionales y cero acciones por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, a Lozoya le permitan la deshonrosa huida, para después ser capturado por la policía de cualquier otro País y extraditado a México.
Porque esa ha sido la constante en este sexenio peñista, los gobernadores, los ex gobernadores y ahora el ex Director de PEMEX, convertidos en turistas de lujo, son señalados de corrupción en el extranjero, pero muy protegidos por el sistema político mexicano que tiene en su núcleo al Gobierno Federal.
Hasta que el descaro se hace tan evidente que todo termina en un pacto con el detenido para que una vez procesado, no cuente de complicidades y redes de corrupción internas, como en el caso de Javier Duarte quien al tener que caer solo tal vez recibirá de parte de la justicia mexicana apenas un rozón, a pesar del daño irreparable que le hizo a Veracruz.
Y así entramos en la recta final de un sexenio que, con personajes como Lozoya, Duarte, Borge y Yarrington –por citar solo algunos de los casos más sonados- acabará tan mal en 2018 como empezó en 2012, con una imagen minada en el extranjero por sus corruptelas, y en casa con el estigma de la impunidad que francamente da pena.
