Las personas liberadas no llevan las garantías necesarias para que la sociedad les acoja, tienen las mismas necesidades de comer, vestir y contar con un techo digno. Una radiografía de cómo están los reclusos conformados por nivel educativo: los delitos de bajo impacto son cometidos entre la población con educación básica, robos, asaltos, riñas, también homicidios. Mientras aquellos con niveles medio superior y superior, incurren en delitos federales como fraudes, portación de arma y posesión de droga
En los penales de Baja California hay registrados 12 mil 100 internos, de ellos, apenas la mitad ha cursado la secundaria, la gran mayoría son propensos a volver a delinquir incluso a horas de quedar libres por falta de una verdadera reinserción social.
Cuando las autoridades estatales liberan a un detenido del Centro de Readaptación Social (Cereso) básicamente lo único que dan es un “Bye, ¡vayan con dios!”, bromeó Faisal Díaz Nasif, quien fue presidente del Patronato de Liberados del Cereso de Ensenada.
Sin un cambio de ropa, sin dinero y en la mayoría de los casos sin familia, las personas salen del penal pero, lo más lamentable, dijo, es que no llevan bases para reintegrarse con éxito a la sociedad.
Una de las principales acciones que realizan es salir es buscar trabajo inmediato, lo que muchas veces se les dificulta por su calidad de ex convictos; quienes salen de las instalaciones tienen las mismas necesidades que cualquier otro civil de comer, vestir y tener un techo digno.
Al año de haber asumido la responsabilidad en 2014, Faisal le renunció al director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya, debido a que ni si quiera le ofrecieron un escritorio para trabajar.
Platicó que apenas iniciaba cuando le advirtieron que las oficinas las iban a demoler para construir el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los pocos días que ocupó el lugar había más inversión propia que resultados.
No había nada de personal y la secretaria técnica, encargada de hacer evaluaciones, renunció, por eso calificó de ficticio lo que se está haciendo con el patronato.
El patronato de liberados es “solo un membrete”, calificó quien ahora titula el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP).
“Como los demás que han dirigido el organismo, creí que había voluntad para una verdadera reinserción social para los prisioneros de Ensenada, y adecuada, pero la realidad de las cosas es que no se está haciendo nada”, sostuvo.
Trató de implementar un programa de aportación de ropa, por lo regular a los liberados les dan las mismas prendas que usaban cuando ingresaron al penal.
La intención era que llevaran un par de cambios y ofrecer un lugar limpio con regaderas y un comedor que pudieran usa de manera esporádica, pero ni eso fue posible.
“Es muy triste el trato, y evidentemente lo único que consiguen es que vuelvan a robar”, indicó. El problema es que por cuestiones jurídicas y técnicas del NSJP, las autoridades están liberando delincuentes al por mayor.
El recién nombrado presidente del patronato, el comerciante Jorge Menchaca Sinencio, coincidió en que no hay presupuesto para llevar a cabo los trabajos de reinserción.
Aunque decidió tomar la responsabilidad de coordinador, es incómodo no tener avances en la responsabilidad que le han encomendado, expresó el también presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicio y Turismo (Canaco-Servytur).
Educación básica para inhibir delitos
El psicólogo René Valenzuela ha realizado trabajos relacionados con la comunidad dentro de los Ceresos, sobre todo con jóvenes. Ha estudiado las causas multifactoriales que originan la conducta delictiva, así como plantear las posibles directrices a tomar, a fin de revertir este lamentable incremento de la incursión de adolescentes a las filas del crimen organizado y demás delitos de índole patrimonial.
Todos los caminos llevan a que la descomposición social o la falta de atención de niñez son detonantes.
Compartió que en la parte ocupacional, en el penal de Tijuana sólo hay dos personas trabajando en el tema de deportes, otra en el área educativa y una en lo laboral.
Otro punto débil es el hacinamiento de las celdas donde conviven entre 24 y 27 reos.
Respecto a la educación, considera de suma importancia invertir en estos rubros, partiendo de que los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública.
“Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social. Deberán prepararse y utilizarse plenamente programas de prevención y materiales didácticos, planes de estudios, criterios e instrumentos especializados”, sugirió.
Valenzuela compartió un caso donde un hombre fue liberado a las dos de la madrugada y, a las seis de la mañana, ya estaba de vuelta en las celdas por tratar de robar en una tienda de autoservicio.
Como este ejemplo hay más en Tijuana, por lo que consideró importante que se empleen programas de apoyo para quienes delinquen.
Estructura educativa de reos en penales
En una radiografía de cómo están conformados por nivel educativo, los Ceresos resalta que los delitos más comunes cometidos entre la población con educación primaria y secundaria son los de bajo impacto, como robos, asaltos, riñas, también homicidios.
Quienes han cursado niveles medio superior, en su mayoría, están detenidos por delitos federales como fraudes, portación de arma y posesión de droga.
Datos solicitados a la SSPE a través de transparencia, indican que la comunidad de internos sin escolaridad en Baja California es de 633, de estos, 17 son mujeres. En el caso de Ensenada todos tienen cursada por lo menos la primaria.
El mayor porcentaje se concentra en la educación básica, donde en el caso de primaria, 3 mil 467 tienen ese nivel de educación y, 5 mil 362, la secundaria.
En los diferentes centros hay 407 profesionistas y siete internos con maestría, tres son mujeres.
Sobre el estado civil, 4 mil 888 son solteros, 2 mil 168 casados y 4 mil 629 en concubinato; el resto enviudó o se divorció.
Dejan ir dinero para reos
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dispuso de un recurso económico por el orden de los 78 millones de pesos que para mejorar y equipar los Ceresos de Baja California, pero el Estado no han mostrado el mínimo interés de recibir el dinero.
“Ni siquiera han volteado a ver el recurso, no tienen disposición para presentar un proyecto, sobre todo para Ensenada, que quienes nos hemos enterado, sabemos que es una vergüenza”, criticó un empresario.
Ese dinero está disponible cada ejercicio y en 2017 han solicitado apoyo del sector empresarial para que a través de ellos se presente un programa a la SSPE para destinar el recurso.
Penales salen librados en calificación
La calificación nacional de los penales es de 6.27, en concreto los de Baja California tienen un 7.2, mientras que los de Guanajuato son los mejores con un 8.2. En el caso de Baja California, el penal de El Hongo mantiene en un promedio alto a la entidad federativa por ser uno de los mejores, según el último resultado de 2016, del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el caso del centro en Mexicali consideraron necesario prestar atención en los temas de sobrepoblación, hacinamiento e insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad dentro y fuera de dormitorios, área médica, cocina y comedores.
Además de deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias, deficiente integración del expediente técnico-jurídico, actividades laborales, capacitación educativa y deportiva. Falta atención a personas adultas mayores, vigilancia a personas privadas de la diversidad sexual, hay insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Asimismo, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos y en los procedimientos para la remisión de quejas sobre probables violaciones a los derechos humanos.
Si bien El Hongo tiene resultados favorables, se advierte poner énfasis en el trato a indígenas, con discapacidad física y/o psicosocial, privados de la libertad que viven con VIH/Sida o en condición de diversidad sexual.
En el caso del El Hongo II, de Tecate, mantiene casi las mismas quejas que El Hongo, y del Cereso de Mexicali, se determinó falta de atención a la higiene y descuido con personas con capacidades u orientación sexual diferente.
En el Cereso Tijuana se mantiene sobrepoblación, hacinamiento e insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Recomiendan una mayor vigilancia en las condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina, comedores, instalaciones para la comunicación con el exterior, y señalan deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias. Sobre todo falta una clasificación entre procesados y sentenciados.
Advierten una deficiencia en actividades laborales y de capacitación, actividades educativas y deportivas.
Entre los presos con requerimientos específicos, está la inatención a personas adultas mayores e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
