Un hombre disparó por lo menos en dos ocasiones en contra del reportero de Rosarito Luciano Rivera la madrugada del 31 de julio, las primeras declaraciones indicaron que el comunicador que se divertía en el bar “La Antigua” vio cómo unos sujetos molestaban a unas jóvenes y decidió intervenir. Otras versiones extraoficiales indican que al comunicador le dispararon sin mediar discusión, y que sus atacantes lo estaban siguiendo.
Al final, el asesino lo mató porque pudo, porque estaba en posesión de un arma, y porque creyó que nadie lo detendría, como sucede con la mayoría de los homicidas.
En todo México se están imponiendo cifras récords de asesinatos, hasta las estadísticas de mayo, mes en que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en su informe- relativo los homicidios de periodistas- refirió la falta de voluntad política para acabar con el ciclo letal de la impunidad, el país registró un promedio de 66 ejecuciones diarias.
Infortunadamente la contribución de Baja California es notable con su promedio de cinco ejecutados por día de los cuales 4 se cometen en Tijuana. Apenas en el mes de mayo ocupaba el cuatro lugar de muertes violentas pero avanzó con rapidez en estos escaños de infamia, porque en julio llegó a ocupar el tercer lugar, solo por debajo de Guerrero y el Estado de México.
Los niveles de impunidad se pueden estimar con más números, teniendo como base la información de las sentencias por homicidio en el Sistema Acusatorio Adversarial Oral proporcionada por el Poder Judicial de Baja California, la estadística indica que en esta entidad, en la cual, entre el año 2016 y lo que va del 2017 lleva sumados más de 2 mil 300 homicidios, durante el mismo 1 año siete meses, han llevado a juicio solo a 115 asesinos –el 85 por ciento corresponde a Mexicali-, en Tijuana que acumuló más de 1800 cadáveres en los 19 meses, solo 8 homicidas han sido sentenciados, todos a través de juicios abreviados, donde reducen las penas a cambio de confesiones.
En el mes de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó a ZETA que del total de homicidios: el 70 por ciento de los asesinatos son por narcomenudeo; 15 por ciento por temas personales o pasionales; 5 por ciento, victimas circunstanciales; y 10 por ciento son homicidios son por asalto o delitos aún sin clasificar.
Durante la conferencia tras el asesinato – por equivocación- de la doctora Angélica Ciani en Tijuana, la primera semana de julio, el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González declaró que los homicidios con víctimas colaterales o circunstanciales, esos que no traen entorno negativo, la procuraduría tiene el compromiso de esclarecerlo- como si en el resto de los homicidios no existiera obligación- sin embargo, incluso limitados a ese 30 por ciento de casos, la PGJE no está cumpliendo o por lo menos eso indican las sentencias.
Este 90 por ciento de impunidad – 2 mil 300 asesinatos contra 115 sentenciados- es un factor determinante en la percepción de los homicidas, un segundo componente es la facilidad con la que obtienen armas, elemento que se ha agravó con los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la eliminación de la portación de armas del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Mientras las armas siguen circulando en el estado, los reportes de la policía de Tijuana indican que hay fines de semana que aseguran hasta 15 armas, o meses como mayo en el que sacaron de las calles 98 pistolas y rifles, el reporte del 1 de diciembre al 15 de julio indicó 443 armas y 284 sujetos detenidos en posesión de ellas, lo que da un promedio de 2 armas diarias. En lo que va del año, la Policía Estatal Preventiva también informó del aseguramiento de 221 armas y 159 detenidos. Solo de estas dos corporaciones 443 personas que fueron detenidas armadas y regresaron a la calle, porque así lo marca la ley.
De acuerdo a un informe entregado por el Poder Judicial Federal a Animal Político en junio pasado, el 86 por ciento de los detenidos por este delito durante el presente año, han sido liberados la mayoría bajo proceso.
En este contexto de impunidad, mientras los políticos no muestren voluntad para cumplir con su obligación de brindar seguridad, las procuradurías no mejoren los resultados, y la legislación no sea modificada, los criminales seguirán matando, simple y sencillamente porque pueden, frente a una sociedad atónita que cuenta muertos en silencio y que al así callar, otorga.
