El ex gobernador veracruzano se allanó por lo que se refiere a la extradición por delitos del fuero común en la entidad que encabezó hasta octubre pasado. En otra audiencia se determinará su extradición por los delitos del fuero federal. En México continúan los trámites de su juicio de amparo contra la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, iniciado desde noviembre. Duarte de Ochoa acusa a su sucesor Migue Ángel Yunes de instrumentar una campaña en su contra y fabricarle “delitos irrisorios”
Luego de que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó voluntariamente ser extraditado a México para enfrentar los cargos por delitos cometidos en los fueros federal y común en su entidad de origen, autoridades mexicanas estiman que el imputado estará arribando a territorio nacional en los primeros días de julio, siempre y cuando concurran algunas circunstancias; en tanto, sus abogados continúan con el trámite de amparos contra órdenes de aprehensión y reclusión en máxima seguridad.
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En audiencia desahogada el martes 27 de junio en la Torre de Tribunales de Guatemala, el ex mandatario veracruzano se acogió a la extradición internacional y dejó de oponerse, pues asegura, los señalamientos en su contra por el Ministerio Público de Veracruz son infundados, vagos e imprecisos. Sin embargo, nada dijo sobre las acusaciones que en su contra formuló la Procuraduría General de la República (PGR), a través de los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Durante la última audiencia, Duarte de Ochoa fue notificado por el tribunal guatemalteco de que en un Juzgado de Veracruz se le imputan cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público. Por su parte, la PGR cumplimentaría orden de captura contra el personaje por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Entre una nube de reporteros que cubrieron la segunda audiencia del político mexicano en el tribunal guatemalteco, Duarte aceptó ser extraditado a su país para enfrentar lo más pronto posible las imputaciones formuladas en su contra por la fiscalía del Estado que dirigió hasta octubre de 2016. El detenido señaló a su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de orquestar la persecución en su contra.
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Javier Duarte manifestó que Yunes ha usado recursos públicos para endilgarle “acusaciones irrisorias, las cuales solo son una falta de respeto a las autoridades”. Por su parte, sus abogados declararon que el allanamiento de su cliente nada más es por las imputaciones del fuero común en Veracruz, pero que el martes 4 de julio se desahogará otra audiencia en Guatemala, en la que decidirá si acepta o no también la extradición solicitada por el Gobierno Federal.
Un día después de la audiencia, los defensores del ex mandatario emitieron un comunicado de prensa, en el que abundaron en el dicho de su cliente sobre una supuesta campaña mediática de desprestigio en contra de su cliente. Culparon de estas maniobras al actual gobernador de Veracruz, Yunes Linares, del que afirman, ha cometido varios delitos en la entidad y “tarde o temprano sus acciones lo delatarán”.
Mientras tanto, en México, el equipo legal continúa con el seguimiento del juicio de amparo iniciado el 25 de noviembre de 2016 en contra de la orden de aprehensión por los delitos federales referidos, dictada en la causa penal 97/2016 por el juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México (del Nuevo Sistema de Justicia Penal), con sede en el Reclusorio Norte capitalino.
El juicio de garantías fue admitido inicialmente en el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del ex Distrito Federal y posteriormente remitido por declinatoria de competencia al Juzgado Segundo del ramo, el cual tampoco admitió conocer del asunto y entonces tuvo que intervenir un Tribunal Colegiado para resolver la controversia competencial. El segundo de los Juzgados en mención es el competente. A Javier Duarte se le concedió la suspensión provisional del acto reclamado; sin embargo, en audiencia la incidental se le negó la suspensión definitiva.
Otra situación ha retrasado la sentencia del juicio de amparo es el hecho de que el juez constitucional requirió al agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la PGR, “copia certificada de la totalidad de las constancias que integren la carpeta de investigación que dio lugar a la causa penal 97/2016”.
El órgano procurador de justicia en desacuerdo con dicha petición del juez interpuso el recurso de queja, mismo que fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, pero los magistrados determinaron hace unos días que no son competentes para conocer del asunto, pues anteriormente el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia había resuelto otros detalles del caso, y por tanto, es quien debe conocer.
Así transcurren los trámites judiciales en los Juzgados y tribunales mexicanos; en tanto, Javier Duarte de Ochoa aguarda la siguiente audiencia en el interior de la cárcel militar de Matamoros, en Guatemala, donde se encuentra recluido desde el 16 de abril de 2017. De cancelarse dicha audiencia el día 4, el ex gobernador estaría llegando por esas mismas fechas a México, para ser internado de manera preventiva en el Reclusorio Norte en la Capital de la República.
