Y no, esta historia no se trata del caso de Francisco Acuña, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien esta semana votó por no enviar un exhorto para que el Gobierno Federal transparentara y enviara al Sistema Nacional Anticorrupción, los contratos con las empresas de seguridad que proveyeron, a cambio de millones de dólares, los programas que -según pruebas científicas- fueron utilizados para espiar a periodistas, activistas de los derechos humanos y ciudadanos organizados en el combate a la corrupción; así como a políticos, empresarios y “enemigos”.
Caso que de suyo es para cuestionar la labor que el ciudadano Francisco Acuña está haciendo al frente del INAI, pues parece más defensor de la Presidencia de la República, que de la transparencia y la rendición de cuentas… pero bueno, esta historia no trata sobre eso, pero sí de una harto parecida.
Enrique Postlethwaite llegó al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California (ITAIPBC) y todos los saben, por recomendación y vara del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Los otros dos consejeros que completaron la tercia de ciudadanos, Elba Estudillo y Octavio Sandoval, fueron propuesta directa de empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
Una vez en el cargo, Postlethwaite se alió con Sandoval y acordaron hacer presidente del Consejo de Transparencia a primero, como eran los deseos en el Gobierno del Estado. Es justo decir que la transparencia no ha sido el fuerte en la administración de Vega de Lamadrid, que los ciudadanos han de estar interponiendo recursos para lograr sea público lo que el gobernante no quiere, y para ello ha contado con la participación de los dos concejeros en cuestión.
En ZETA se ha publicado cómo el Instituto de Transparencia con Postlethwaite a la cabeza ha pecado de omisión en el mejor de los casos, al momento de exigir a los sujetos obligados, administraciones públicas, a transparentar la información y rendir cuentas claras a los ciudadanos. Es hora por ejemplo, que el Ayuntamiento de Tijuana, liderado por el amigo del gobernador, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, no hace públicos en la página electrónica, los datos, productos, servicios, transacciones y empresas con las que ha establecido adjudicaciones directas, sin que la atención le haya sido llamada.
Enrique Postlethwaite pretendió navegar con la bandera de ciudadano el tiempo que estuvo en el ITAIPBC, negaba ante quien quisiera escucharlo, que el suyo era un cargo ganado con la venia del gobernador, y que su afinidad estaba inclinada más hacia el secreto gubernamental que la transparencia ciudadana. Pero el lunes 3 de julio ya no pudo esconder más la cruz de su parroquia.
Ese día el gobernador del Estado le tomó posesión como secretario de la Función Pública, como contralor de la administración estatal, y así Postlethwaite pasó de ser un ciudadano defensor, a un funcionario en el gobierno opaco de Baja California.
Si bien es cierto, para los cargos ciudadanos se especifica entre los requisitos que los aspirantes no deben pertenecer a algún partido político, o haber ostentado un cargo en el Gobierno, a la inversa no hay reglas, lo cual no significa que el acto deje de ser antiético.
Que un ciudadano al frente del Instituto de Transparencia, señalado por proteger la secrecía del Estado más que atender las necesidades de los ciudadanos, tome posesión de un cargo en el Gobierno, es por decir lo menos, una sinvergüenzada y una tomadura de pelo a los bajacalifornianos. Es la evidencia que sí había contubernio entre el presidente del ITAIPBC y el gobernador del Estado.
Como presidente de Transparencia, Postlethwaite hizo poco por llamar la atención a los funcionarios que ahora está obligado a investigar y sancionar en caso de cometer irregularidades, vaya, no en su experiencia antecedente de haber sido un duro fiscal contra el Gobierno, sino todo lo contrario.
No conforme con traicionar al organismo ciudadano y utilizarlo como trampolín político, Postlethwaite pretende desde su nueva posición, incidir en la toma de decisiones del ITAIPBC, utilizando a Octavio Sandoval como su testaferro, luego que acordaron dejarle a este último la presidencia del organismo, ignorando y marginando a la consejera Estudillo.
Resulta que su ausencia definitiva fue suplida con el ahora consejero Gerardo Corral, un ensenadense también propuesto al Consejo por los empresarios, y quien intenta hacer su labor con decoro para quedarse en la posición hasta el final del encargo (como sucedió con Tito Quijano en el anterior Consejo de Transparencia).
Ingeniero de profesión, Corral se ha distinguido entre la comunidad de Ensenada como una persona neutral, que quiere romper con las ligas partidistas y abonar a la ciudadanización de los organismos. Hasta el momento se piensa que puede emplearse del lado correcto y. probablemente junto a la consejera Elba Estudillo, revertir el oficialismo en el Instituto de Transparencia y regresarle algo de dignidad y fuerza a favor de la ciudadanía ávida de información y cuentas claras. Vaya que no ha sido cooptado por el Gobierno ni por Sandoval, pero desde donde tienen la intención de no dejarlo para concluir el periodo, sino lanzar una convocatoria para elegir a otro consejero a modo oficial.
La responsabilidad de Gerardo Corral está en eso, en contribuir con su voz y con su voto, para que la transparencia en Baja California no solo sea una realidad cabal, sino una obligación de quienes ejercen los recursos públicos y administran la entidad. ¿Podrá?
