I. El uso reiterado del teléfono celular por parte de adultos, jóvenes y hasta niños, no solo ha simplificado las comunicaciones, sino que permite tener, en instantes, información sobre el diario acontecer, sobre ciencia y tecnología.
Ha contribuido también a la denuncia de delincuentes, la prevención de accidentes y muchas otras cosas que facilitan el desarrollo de la vida cotidiana.
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II. También, y hay que reconocerlo, los medios electrónicos se convierten en propiciadores de juicios subjetivos que, sin contar con las pruebas necesarias, una multitud realiza y sentencia sobre una persona, a quien señala como presunto responsable de tal delito.
III. Resulta peligroso este nuevo tipo de linchamientos mediáticos que en ocasiones interfiere en la tarea que específicamente le corresponde al Sistema de Justicia.
IV. Preocupan los casos recién acaecidos en esta ciudad, cuando a través de las redes, no solo se juzga como culpable a una persona, sin haber sido sometido a juicio, sino que además, se le amenaza con agredirlo físicamente e incluso, quemarle el negocio del que obtiene su sustento.
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V. Ojo, en este espacio no defendemos a nadie, coincidimos en que, quien cometa un delito es merecedor de rechazo social, de una sanción aplicada por Jueces designados para tal fin.
VI. Coincidimos con la ciudadanía en su indignación, porque muchas veces quien comete hechos criminales terribles, no es debidamente castigado por ineficiencia de investigación y persecución del delito o por impunidad, que genera la corrupción que diariamente permea en nuestra sociedad.
VII. De ahí que la autoridad debe de actuar con base en el derecho, atendiendo las denuncias públicas y privadas para que la sociedad tenga no solo la protección, sino la seguridad de que el delito será castigado. “El que la hace, la paga”.
VIII. Deben también concientizarse a las autoridades de que la sociedad está, al mismo tiempo, harta y temerosa por tanto delito que se comete y que pocas veces sus reclamos son atendidos.
IX. No queremos que la multitud asuma la autodefensa, porque esto es signo de anarquía y de la presencia de un naciente Estado fallido.
Señores funcionarios, cuando aceptaron el cargo que conlleva elevados salarios y múltiples privilegios, sabían que aparejado venían múltiples obligaciones como dar paz, tranquilidad, orden y justicia a la sociedad. La incapacidad, el miedo a la criminalidad cada vez más desarrollada, la ausencia de profesionalismo, el burocratismo y la poca importancia que se da a los reclamos sociales, abonan a la probabilidad de un reclamo social de grandes proporciones que originará reacciones diversas, entre ellas, el militarismo y la mano dura policiaca. Esto muy contrario a lo que todos queremos y buscamos, una sociedad armónica, pacífica, sin violencia y con absoluto respeto al derecho.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
