Cuando existe opacidad es imposible que haya avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, en ese sentido el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, aún parece no querer dar su brazo a torcer, por lo menos en lo relativo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual fue aprobado el 28 de junio.
Pese a que todo se encontraba planchado con las distintas fuerzas políticas, la mañana del miércoles 5 de julio, hasta la oficina del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Job Montoya, llegó un enviado del Ejecutivo del Estado acompañado de dos abogados, con dos exigencias.
Ambas eran modificaciones de Ley que no fueron enviadas en su momento por el Congreso del Estado al Ejecutivo estatal para su publicación, las cuales quedaron pendientes desde la Legislatura anterior y representaban cambios a la Constitución de Baja California (una de ellas era de Cuauhtémoc Cardona). Al parecer la idea era publicarlas en fast track, con lo que descuadraba y, por consiguiente, sería necesaria una modificación al dictamen del SEA, dando como resultado que no se pudiera aprobar en ese momento.
El enviado del Ejecutivo, Luis Aguilar, le hizo saber a Montoya que algunas modificaciones fueron exigidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sacado de base, Montoya acudió con Andrés de la Rosa, quien finalmente le explicó que el planteamiento de la Corte ya lo había subestimado y no era necesario enviarlo al Ejecutivo; finalmente ignoraron a Aguilar, y esa misma tarde llevaron el dictamen al pleno de los diputados, lo que provocó el disgusto entre legisladores y enviados del Poder Ejecutivo estatal.
Aún falta que el Gobierno del Estado publique las modificaciones que dan vida al Sistema Estatal Anticorrupción en el Periódico Oficial o lo vete. A ver si no sale con alguna sorpresa de esas raras.
La otra teoría fue que la orden vino de Francisco Rueda, el secretario general de Gobierno, quien por cierto no pierde oportunidad de salir en cualquier medio que lo invite, con el pretexto de atender diversos temas como el de la Cruzada contra la Inseguridad.
Por ello a Rueda lo ven en tres escenarios distintos: Podría buscar una senaduría, la gubernatura de dos años o la alcaldía de Mexicali. En este último proyecto le estorbaría Andrés de la Rosa, precisamente, proyectista del SEA.
Contralor
El gobernador del Estado tomó posesión a Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón, como secretario de la Función Pública, en sustitución de Bladimiro Hernández Díaz, a quien cambió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, luego de la salida de Antonio Valladolid.
Postlethwaite finalizó su periodo al frente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California (ITAIPBC) sin pena ni gloria, más oficialista que ciudadano, y por ello fue propuesto por el gobernador para ocupar la Contraloría, y pese a la importancia del cargo, a nadie en el Congreso del Estado le importó.
Foto: Cortesía
Luego que la propuesta fue enviada por el Ejecutivo, el Poder Legislativo tenía diez días para analizar y ratificar el nombramiento, sin embargo, el tiempo “se les pasó”, por lo que en términos jurídicos, fue aprobado en automático al no haber contestación.
Apenas la última semana de junio el tema se analizó en la Junta de Coordinación Política, pero cuando llegó a esa instancia, ya había terminado el plazo de diez días, por lo que los legisladores culpan al presidente del Congreso, Job Montoya, o al de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Andrés de la Rosa, de no subir el tema para su análisis y votación en el pleno.
Entrevistado para CACHANILLAZ, Montoya justificó que como no había observación alguna, no era necesario votarlo, sin embargo, el tema nunca se trató con los 25 diputados, por lo que su justificación no parece ser muy coherente.
Durante su periodo al frente del ITAIPBC, Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón nunca firmó el convenio entre el Gobierno del Estado y esa dependencia para poder sancionar económicamente a los funcionarios que incumplan con entregar la información a los ciudadanos. Se supone que ahora, menos lo hará.
Foto: Cristian Torres
No la aguantan
Hileana Leal García es protegida de Enrique Acosta Fregoso (algunos dicen es su sobrina, aunque los apellidos no concuerdan), por lo que entre las negociaciones con el nuevo alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, fue nombrada coordinadora administrativa en la Dirección de Protección al Ambiente.
Resulta que empleados de la dependencia ya no la aguantan debido a la soberbia y prepotencia con que los trata y, denuncian, casi llega a tronarles los dedos. Tal es el punto que el Sindicato de Burócratas ya entró de intermediario con el fin de limar asperezas entre la junior y la burocracia. El punto es que Sánchez ya se enteró de la situación y le mandó un aviso para que se aplaque. Veamos si el mensaje funciona o la protegida de Acosta logra imponerse.
Refilón
Alumnos de la Secundaria Técnica Número 18 quedaron decepcionados del dueño del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, quien prometió ser padrino de generación, apoyarlos con recursos económicos y hasta enviar cámaras a la ceremonia. Sin embargo, el empresario se escondió durante los días siguientes, a tal grado que los jóvenes no lo pudieron localizar. En la fecha de la ceremonia, en el canal les indicaron que Cabada se había marchado a la Ciudad de México.
Los jóvenes se sintieron doblemente decepcionados, ya que días antes habían realizado una colecta de pacas de alfalfa para el Centro Ortopédico Fundación Intermedia (COFI) que dirige Luis Arnoldo. Qué cosa.
