Por mayoría, los ediles por el Partido Acción Nacional (PAN) del Cabildo de Tijuana aprobaron un nuevo esquema tarifario que aumenta entre 1 y 2.50 pesos el costo del pasaje, lo que permite al transporte masivo cobrar hasta 16 pesos, mientras que a los taxis de ruta les autoriza cobrar hasta 19 pesos.
Junto con el alza, los ediles avalaron un modelo de cálculo que permite que durante el primer trimestre de cada año se realicen nuevos ajustes de manera automática.
Mientras la discusión en torno a este tema se realizaba en la Sala de Sesiones, integrantes del grupo Cimarrones en Defensa (Cide) se manifestaban en el pasillo tras de nueva cuenta no ser admitidos en el recinto, acusando de traidores a quienes aprobaron dicho aumento en perjuicio de los tijuanenses.
Los regidores panistas sostuvieron que dicha decisión no se tomaba a capricho, sino que el ajuste encontraba su justificación en el estudio que para dichos efectos realizó el Colegio Estatal de Economistas.
El regidor por el Partido Encuentro Social (PES), Manuel Rodríguez Monarrez, señaló que esta medida solo viene a abonar al descontento de los tijuanenses, cuya economía ha sido golpeada también con los aumentos al Impuesto Predial y al alumbrado público, argumentando el que no se incluyera a otras instituciones en el análisis. Agregó que dicho aumento representa una afectación grave para los más de 600 mil trabajadores tijuanenses que tienen ingresos menores a mil 300 pesos semanales.
La regidora priista Julieta Aguilera Castro también razonó su voto en contra de este aumento tarifario, ya que el estudio en el cual se basa el mismo fue omiso en analizar la situación social, es decir, la consideración en cuanto a los salarios de los usuarios del transporte público, el cual no aumenta proporcionalmente a la inflación.
El presidente de la Comisión de Transporte Publico en Cabildo, Arnulfo Guerrero, sostuvo que la medida viene acompañada de reformas al reglamento correspondiente, como son las exigencias de mejores condiciones en las unidades que prestan el servicio e infracciones severas contra malos tratos por parte de los choferes, entre otras, las cuales fueron aprobadas durante esta sesión.
Usuarios del transporte consultados por ZETA manifestaron su rechazo a este aumento, que en la práctica se aplica desde hace meses sin autorización.
“Tienen un pésimo servicio, como le rasquen, como le muevan, es demasiado el precio para el servicio que dan. La unidad no trae ningún logo, la tarifa oficial la borraron, el señor se paró dos veces en la Vida Rápida, habló por teléfono manejando”, comentó Mario Moreno, a quien se le cobraron 17 pesos, lo que lesiona su economía al contar con dos hijos estudiantes que también hacen uso del transporte público.
Sin ver mejora en el servicio desde que comenzó a aplicarse el aumento, el señor Ricardo Velázquez gasta alrededor de 20 pesos más diariamente, lo que en una semana representa 140 pesos de gasto adicional por cada miembro de su familia que hace uso del transporte. Comentó que las líneas telefónicas disponibles para denunciar los cobros arbitrarios nunca han sido operantes.
No obstante el sector transportista organizado consideró dicho ajuste como insuficiente, sobre todo si se toma en cuenta que desde 2012 no se aplica aumento al costo del pasaje, declaró Baltazar Gómez, representante del Sindicato Fernando Amilpa, que aglomera a 22 organizaciones de taxis de ruta y, justificó que para sufragar el alza en los costos de operación, el ajuste tendría que ser de 3 a 5 pesos.
Con esto se refiere al alza al precio del combustible, la inflación, el ajuste al salario mínimo (que incrementa los precios de pago de derechos e infracciones) y la paridad peso-dólar. Gómez señaló que continuarán exigiendo el ajuste que realmente se requiere.
Sobre el tema, Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, afirmó que de no haberse aprobado el ajuste, los transportistas pudieron optar por suspender el servicio y obligar al Ayuntamiento a subsidiarlo.
