Sin elementos para proceder, sospechosos y sin recursos de prueba, el Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presentó el 25 de junio una denuncia por “sedición, sabotaje, conspiración, conminación a delinquir y lo que resulte, con base al Código Penal del Estado de Baja California”.
Oficialmente la denuncia fue contra quien resulte responsable, el motivo, la emisión el 22 de junio en internet de un video con la imagen del grupo Anonymous en el que invitaban a los hackers a hacer un ataque masivo a los servidores del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral y los medios de comunicación vendidos, “vamos a derrocar este gobierno”, dijeron. En teoría, eso debía suceder el miércoles 28 de junio, pero no fue así.
Sin embargo, en conferencias de prensa, el secretario general Felipe Luévano se tomó la libertad de, sin pruebas, acusar a César Vallarta, Ignacio Anaya Barriguete, Rafael Maurizio Cruzmajarrez y María del Socorro López, a quienes inculpó de revanchismo político, pretensiones de candidaturas y la cobardía del anonimato.
Previamente el 19 de junio, estos ciudadanos habían denunciado al alcalde y a todos los integrantes del Comité de Adquisiciones por la entrega -sin justificar- en adjudicación directa a Grupo Turbofin de Jaime Rogozinsky, de concesiones millonarias mediante contratos leoninos por la renta de camiones para basura y patrullas, en los cuales pagó con sobreprecio por el equipo, y pactó una serie de condiciones desventajosas, como la posibilidad de aumentar el costo de las rentas y la obligación de pagar reparaciones extraordinarias.
La denuncia la hicieron después que Sindicatura se negó a hacer público el contrato de los camiones de basura. Y advirtieron que leyes y reglamentos prohíben la renta y privatización de servicios.
Esta simple sucesión de hechos, más allá de los intereses o filiación partidista de los denunciantes ciudadanos, evidencia que el revanchismo político llegó del Ayuntamiento, donde además exhibieron inmadurez, intolerancia, incapacidad para escuchar, para negociar y manejar conflictos, para ser empáticos, promover la participación ciudadana, para explicar a la ciudadanía sus acciones de gobierno y transparentar transacciones y utilización de recursos. Se evidenciaron como un mal Gobierno.
Pese a que Tijuana se rige por el modelo democrático y que esto significa el gobierno del pueblo, la realidad es que de poco sirven los institutos y leyes de Transparencia, o la legislación y fiscalías anticorrupción en proceso, porque la participación ciudadana queda limitada al mínimo cuando los gobiernos deciden violentar o reinterpretar las leyes y requerimientos del gasto público, para facilitar el funcionamiento de contratos desventajosos para el erario y negar información.
Los mismos investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado que informaron a ZETA que la denuncia del Ayuntamiento no tenía fundamento, dijeron que -aunque sigue en análisis- la acusación de los ciudadanos tenía mayores posibilidades con un enfoque administrativo que penal. Pero creen que los abogados optaron por iniciar este proceso para obtener por la vía penal, la información, documentos y contratos que se les está negando para aclarar cómo se dieron los mencionados arrendamientos, para así tener la posibilidad de iniciar procesos más sólidos.
Más allá de los resultados de las indagatorias en las dos denuncias, el más reciente exabrupto del gobierno del “Patas”, muestra que con el paso de los meses, él y su gabinete en lugar de mejorar, se alejan cada vez más de esas las características del Buen Gobierno enlistadas por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Dirección de Capacitación y Profesionalización del Servicio Público Local.
Por lo tanto, urge que se apliquen y empiecen a “operar como un factor de consolidación democrática en la medida en que transfiere y/o comparte competencias con la ciudadanía, admite y favorece el control ciudadano y rinde cuentas de su gestión (…) en manejar con transparencia y eficacia sus recursos de todo tipo, especialmente los financieros, informa y responde al control ciudadano (…) y que aprenda a proponer, escuchar y después decidir”.
En resumen, que transparente las decisiones de la administración pública, por ejemplo, los contratos de arrendamiento de las unidades recolectoras de basura y de patrullas.
