Luego de la selección de la empresa Mercadotecnia, Extintores y Transporte de Personal MFT, propiedad de Guillermo Sánchez Flores, la queja ciudadana es que fue seleccionada a puerta cerrada entre autoridades del Ayuntamiento, el Cabildo municipal y concesionarios para realizar el estudio técnico.
El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Juan Carlos González Bareño, dio a conocer que hubo otras dos empresas que presentaron propuestas para dicho estudio, pero fueron rechazadas.
“Una de ellas fue Proyectos y Planeación Integral, que es la que está elaborando el PDU y su propuesta fue de 904 mil pesos; la siguiente fue de la maestra Mireya Selene Pergue Rosales, que fue de 380 mil pesos; esas son las tres propuestas que se presentaron y, con base a esas tres, pues seleccionamos que era la persona con mayor capacidad académica, mayor experiencia y con el menor costo, que es lo que adolecemos, de recursos, y lo más económico”, justificó el funcionario.
“No se ha contratado la empresa, hasta este momento tenemos una selección de las tres, pues la más idónea, es la que tenemos seleccionada, buscamos opciones porque hay que ser claros: el municipio no tiene el recurso presupuestado para este tipo de estudio”, aclaró.
El rechazo de la sociedad a los argumentos del Ayuntamiento tan obvio que ya ha sido presentada otra propuesta por parte de asociaciones civiles, donde participarían con el recurso y el XV Ayuntamiento no tendría que poner un solo peso, pero todo se viene encima porque a principios de septiembre entraría el amparo de transportistas, dejando de lleno la tarifa en 15 pesos.
Si bien, el tiempo estimado para el resultado se sumó a 60 días, González Bareño reconoce es muy poco tiempo, ya que incluso la empresa seleccionada les hizo saber que un estudio bien realizado puede llevar hasta seis meses.
“La realidad es que se seleccionó con base a las tres propuestas, sin embargo, hoy recibimos una propuesta más, limitarlo a 45-60 días, pues a lo mejor es muy rápido, un estudio muy rápido, esta empresa nos dice que un estudio bien ejecutado puede llevar hasta seis meses, que no solamente incluye lo de la tarifa, sino un plan de movilidad; un estudio de las rutas para poder dimensionar cuál es el impacto de una alza en las tarifas”, expuso.
Al cierre de esta edición, MFT estaba siendo requerida en documentación y continuaba en revisión, mientras que la esperanza de su propietario es: “Estos documentos que voy a entregar sean los últimos y (para que) podamos celebrar la firma del contrato”.
Sin embargo, miembros de la sociedad organizada presentaron el oficio marcado con el número AA/115/002/17, una petición de la suspensión de la empresa que hasta el momento ha sido seleccionada, derivado de que en este proceso no se tuvo la participación de un solo ciudadano como se había acordado; asimismo, el documento refiere haberse seleccionado sin términos de referencia.
El Ayuntamiento dijo no haber podido convocar a la sociedad, sin embargo, a los transportistas si se le hizo la petición de seguir este proceso, pues en un oficio que se giró por parte de la Cámara Nacional de Comercia en Pequeño (Canacope) y la Alianza de Organización de Transporte, dio respuesta a la solicitud. El documento señalaba quiénes estarían presentes en la reunión, entre ellos: Sara Barocio García como representante de transporte en Canacope La Paz; Carlos Gaspar Ortega, en calidad de secretario general del sitio Coromuel; Jorge Cota Portela, secretario de acuerdos de Alianza de Organizaciones de Transporte; Jaime González Valencia, secretario general de Calafia; César Yepiz Molina, secretario general de la Unión Modelo; y Miguel Ángel Benítez, gerente general de Transporte Urbano de La Paz.
Por parte de las autoridades municipales, solo acudieron Juan Carlos Bareño, secretario general del Ayuntamiento; Julio Cervando, quien preside la Comisión de Transporte; y Maximino Iglesias, quien también forma parte de esa Comisión. Además de Guillermo Sánchez, representante de MFT, como garantía de que sería seleccionado.
Mientras no exista una cancelación de la empresa seleccionada, ciudadanos manifiestan que las cosas no se están haciendo bien, pues el estudio se realiza en un lapso muy breve de tiempo, solo se entrevistará a poco más de 380 usuarios de transporte, de más de 92 mil, y solo quedan dos meses antes de la entrada en vigor del amparo de transportistas, lo cual demuestra la gran limitante en presupuesto y tiempo, que da como resultado una mala planeación.
