Con la premisa de que CESPT “tiene capacidad de poderse endeudar hasta por mil millones de pesos”, Miguel Lemus Zendejas, director de la paraestatal, en febrero de 2017, incrementó con 7 millones de pesos la deuda pública -tasada en mil 866 millones de pesos, al cierre del 2016- y este mismo año prevé recurrir “de ser necesario” a un nuevo empréstito.
“Por situaciones extraordinarias que nos está sucediendo”, es el argumento del funcionario para recurrir a préstamos bancarios de los que la Comisión Estatal de Servicios públicos de Tijuana –CESPT- no echaba mano desde 2013, cuando su antecesor, Alfonso Álvarez Juan, optó por contraer un financiamiento por 230 millones de pesos, para solventar el gasto corriente de 2014, a lo que se sumó la reestructuración que, en 2015, realizó del crédito japonés, del que deriva gran parte de la mega deuda de CESPT.
La situación de “emergencia”, derivada de los colapsos de varios colectores a principios de 2017, fue el pretexto para que Lemus Zendejas recurriera a un crédito emergente con el Banco de Desarrollo de América del Norte -NAD Bank- por 7 millones de pesos. En tanto que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, le aprobaba un fondo emergente de 245 millones de pesos.
“En un promedio de un mes, tuvimos que desembolsar cerca de 7 millones de pesos, no es recurso que tuviéramos, tuvimos que ir por un crédito a un banco, créditos que ya tenemos aprobados”, subrayó.
Precisó que los siete millones de pesos, del nuevo financiamiento, los quiere “reponer” con recursos del fondo de emergencia que recibió a principios de abril. No obstante, a la fecha, no lo ha hecho, aun cuando, de los 245 millones de pesos que obtuvo a fondo perdido, solo 146 millones de pesos se invierten en la reparación de los cinco colectores dañados.
Adicional al nuevo crédito, el director de CESPT ya se prepara para asumir lo que haga falta, de una inversión de 800 millones de pesos, que se prevé ejercer para modernizar el obsoleto sistema de tratamiento de aguas residuales en la planta de Punta Bandera.
Para el proyecto, la paraestatal busca apoyo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza –COCEF- y la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA-, para que aporten el 50 por ciento de los recursos económicos a ejercerse. Para ello, ya se ejecutan estudios de costo-beneficio y anteproyectos, requisitos que ambas instancias han requerido a CESPT.
El otro 50% del costo del proyecto, Lemus Zendejas dice tener dos opciones para financiarlo: Con recursos de la iniciativa privada, a través de Asociaciones Público Privadas –APP´s- o mediante un nuevo crédito bancario, “si hay un recurso que haga falta, tendrá que asumirlo el organismo operador”, subrayó Lemus Zendejas.
El funcionario detalló que, para noviembre, la renovación de Punta Bandera se estará presentando ante el Congreso del Estado y Cámara de Diputados, de tal manera que los recursos y nuevo crédito financiero quede aprobado en el presupuesto a ejercerse en 2018.
Respecto a la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, la cual sostiene que en la actualidad atiende un promedio de 900 litros por segundo, dijo que su principal problema es que opera a base de un sistema lagunar, el cual “ya llegó a su capacidad, nos está dando poquitos problemas, es por eso que estamos buscando recursos para que, a inicios de 2018, empezar con la obra de reposición”. Además de la renovación con equipo moderno, se prevé ampliar el tratamiento de agua a mil 100 litros por segundo.
El director de CESPT sostiene que, en Punta Bandera, se da tratamiento al 100% del agua que recibe –la planta capta el 50% del agua residual de Tijuana y Playas de Rosarito-, vecinos del lugar señalan lo contrario y acusan que a través de esa planta, se vierten aguas negra a las costas del Océano Pacífico, por lo que, en la reciente visita de Dolores Barrientos, representante en México del programa de Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, le demandaron intervenir al respecto.
Cuestionado sobre el asunto, Miguel Lemus Zendejas sostuvo que ni una gota se vierte al mar o al Río Tijuana sin ser tratada.
“En Imperial Beach, el problema que se ha tenido con ellos es la contaminación de la Cuenca Río Tijuana, que se detonó el 2 de febrero de este año a raíz de las lluvias, a partir de ello, no se ha vertido ni una gota más a la cuenca Río Tijuana”.
Lemus dice estar dando cumplimiento a las instrucciones de la Comisión Internacional de Límites de Agua –CILA-, luego del derrame de aguas negras a la canalización del Río Tijuana, en la temporada de lluvias registrada de diciembre de 2016 a febrero de 2017. “Lo estamos atendiendo, ya se invirtió alrededor de 36 millones de pesos en equipo hidroneumático, mantenimiento y reposición de los cinco colectores, ahorita estamos en un 60 por ciento de avance”.
Finalmente anotó que no solo la CESPT es factor de riesgo para la cuenca del Río Tijuana, sino también la ciudadanía contribuye en ello, al arrojar a los pluviales llantas, animales muertos, basura a la que se añade la suciedad generada en los establos.
