El nuevo grupo transportista autonombrado “Sitio 17 de Marzo” lo integran varios voceros de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social que ahora quieren operar taxis, aunque no cuentan con permisos ni concesión
Los jornaleros del Valle de San Quintín vuelven a ser protagonistas de un conflicto. Pero ahora no desde los surcos de los campos agrícolas, sino atrás del volante de sus vehículos, convertidos estos en taxis de la noche a la mañana.
Desde mediados de mayo del presente año, una flotilla de ocho taxis blancos, irrumpieron las calles y terracerías de la delegación Vicente Guerrero. Denominados “Sitio 17 de Marzo”, en su primer día de operaciones, los emergentes taxistas hasta ofrecieron el 50 por ciento de descuento a los pasajeros de las rutas Las Misiones, Santa Fe, Playitas, Lomas San Ramón, 13 de Mayo y Emiliano Zapata. Colonias que fueron escenario de violencia y represión en 2015, en la rebelión de los trabajadores del campo.
Incluso, su paradero lo establecieron en Las Misiones, muy cerca de la Comandancia de Policía que rebeldes y vándalos quemaron durante su enfrentamiento con las autoridades y de la calle donde “El Tiburón”, camión de ataque de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue destruida y siniestrada por los colonos de la comunidad “Triqui”.
El nuevo -autonombrado- grupo transportista está conformado por varios voceros de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, precisamente quienes encabezaron el movimiento jornalero y pusieron en jaque a las autoridades de los tres niveles de gobierno y quienes ahora exigen se les permita operar los taxis, aunque no cuentan con permisos ni concesión.
Fidel Sánchez, líder de la Alianza, otra vez funge como vocero ahora del grupo de taxistas, entre los que se encuentran están sus compañeros Juan Hernández, Juan Martínez, Bonifacio Martínez, Marcelino Cruz, entre otros. Con el pasar de los días, su parque vehicular creció a una docena de taxis, sin placas la mayoría de los autos y con anuncios pintados con aerosol.
Los voceros de la Alianza argumentaron que su giro de jornaleros a taxistas se dio primeramente por la escases de trabajo en los campos y, sobre todo, por la necesidad de que sus jornaleros cuenten con un transporte más eficiente y barato, pues les cobran menos, además de acercarlos más a sus moradas, pues regularmente los camiones los dejan a orilla de carretera, lo que implica caminar hasta un kilómetro.
Lo que no se hizo esperar fue la protesta de los transportistas regularizados, afiliados a la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) y por ende, de las simpatías del Gobierno Municipal priista, encabezado otrora por Gilberto Hirata y hoy por Marco Novelo. Alegaron los transportistas establecidos competencia desleal por parte de los “taxis blancos” y exigieron a la autoridad municipal todo el peso de la ley sobre los “piratas”.
A finales de mayo, Fidel Sánchez y sus compañeros sostuvieron reuniones con diversas instancias de gobierno, tales como la Unidad Municipal del Transporte (UMT) y la subsecretaría del Gobierno del Estado en San Quintín, con el afán de que se les autorizarán placas para ofrecer el servicio. Se les advirtió que eso no era posible, en tanto pasaran antes por los procesos de factibilidad y autorizaciones correspondientes. “Mientras tanto, los vehículos no deben estar en circulación”, se les advirtió.
Foto: Cortesía
Pero desacataron la advertencia y el 6 de junio salieron a la circulación seis taxis conducidos por Ezequiel, Eugenio, Pedro, Marcelino, Cirilo y Hermenegildo, todos miembros del “Sitio 17 de Marzo”, llamados así en alusión al día en que los jornaleros se levantaron en protesta contra las empresas agrícolas.
Por otra, los transportistas establecidos, liderados por Jesús Núñez Santiago, secretario general de Transporte de la COR; Aristeo Salvador Gracida, presidente de la Sociedad Transportista “Fernando Amilpa”; Ricardo López del transporte federal; Pedro Castro de los taxis Vicente Guerrero; Agustín Castro de Taxis Blancos; y Meligardo Flores, de la Asociación de Taxis Libres, empezaron a amagar a las autoridades municipales para “sacar fuera” a las unidades ilegales, amenazas que terminaron con la toma de las oficinas de la UMT, en San Quintín.
Cuando a Fidel Sánchez se le cuestionó si estaba consciente de que los taxis de sus representados eran ilegales, respondió con estilo irónico: “Por supuesto que lo sé, pero yo pregunto, ¿alguien está operando de manera legal en Ensenada? ¡Pues no!”.
En medio de dos fuegos
“En San Quintín hay matazón diaria y los policías no hacen nada para detener esto, pero sí vienen a detener a estos muchachos -los taxistas- que sólo quieren trabajar y ayudar a su comunidad”, protestó Fidel Sánchez tras los actos de represión y sometimiento de los que fueron víctimas por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal e inspectores de la UMT.
El 14 de junio, los taxistas fueron sacados de circulación y se les decomisó varios vehículos, para ello, fue necesario hacer uso de violencia. Al final hubo detenidos. En los siguientes días se colapsó el transporte de Valle de San Quintín, pues mientas los jornaleros bloquearon por varias horas la Carretera Transpeninsular, los transportistas regularizados tomaron las oficinas de la UMT.
Nuevamente se armó el zafarrancho el 3 de julio, cuando los “taxis blancos” de los jornaleros volvieron a salir a la calle y a cerraron la carretera, aunque estos argumentaron que lo estaban haciendo para reparar los baches de la vialidad, se aseguró con lujo de violencia a otros once choferes, incluyendo a Juan Hernández, hijo de uno de los principales voceros de la Alianza.
Al día siguiente, los líderes Fidel y Bonifacio encabezaron un comitiva de 40 personas que “le cayeron” al Ayuntamiento de Ensenada, exigiendo ser recibidos por el presidente municipal Novelo. El alcalde no les dio la cara.
Iván Barbosa, secretario de Gobierno, aseguró que el alcalde sí está atendiendo el problema y que incluso, dio instrucciones al delegado de San Quintín para recibir los documentos de todos aquellos interesados en obtener un permiso o concesión, dijo que la autoridad municipal está en toda la disposición de asesorar y guiar a los interesados en cumplir toda la tramitología, pero con la prioridad de que sea apegado a legalidad: “Porque si no al rato todo el mundo va a querer hacer lo que están haciendo ellos y no lo podemos permitir”.
Fidel Sánchez dice que en realidad el Gobierno Municipal no quiere darles las placas, pero sí está pensando en seguir privilegiando a los transportistas de siempre, como las dos familias que dominan las rutas del Valle de San Quintín, las líneas donde el mismo director de la UMT José Felipe Romero Guzmán tiene intereses, o las de Raúl Carrillo, al que Novelo muy pronto le entregará más de 130 permisos más, mientras que a ellos les han negado solamente 10.
Sánchez aclara que la Alianza de Organizaciones no tiene intereses en el negocio de los taxis, pues su papel de reclamo social no se centra nada más en las condiciones del campo, sino en la seguridad pública, la aplicación de los programas sociales y la justicia en el Valle, en general.
Información extraoficial obtenida por ZETA, refiere que Fidel Sánchez es propietario de dos taxis, otros dos pertenecen a Bonifacio Martínez y Juan Hernández, también de los principales voceros de la Alianza. Sánchez lo niega: “¡No!, ojalá me dieran permiso para ver si puedo competir con José Felipe Romero Guzmán, meter 335 unidades y meter a mi familia. Tan sólo para comprar vehículo “chocolate” hay que invertir de 15 mil a 20 mil pesos para seguir viviendo. Vean cómo estoy en comparación al 2015, la lucha de los verdaderos luchadores sociales es que nos desgastamos y no nos quedamos con nada”, manifestó con un semblante demacrado.
“Que retiren a ese transporte pirata, es todo lo que pedimos, nos perjudica en nuestro patrimonio, ya que nosotros trabajamos legalmente, con permiso y con concesión, con revisiones mecánicas y con la tarifa que el Cabildo nos autoriza. No le faltamos el respeto a nadie”, expuso por su parte Meligardo Flores de la Asociación de Taxis Libres, y señalado como otros de los privilegiados por los gobiernos priista.
Flores dijo que el Gobierno Municipal debe tomar el asunto con más seriedad, actuar con energía y no tolerar a los revoltosos ni complacerlos nada más por presiones políticas. Barboza, secretario de Gobierno, negó que vayan a ceder a las presiones de los aliancistas de los “taxis blancos”, pese a la actitud amenazante que han mantenido aquellos.
Romero Guzmán, director de la UMT, también concesionario de algunas unidades e hijo de la regidora Rosa Guzmán Agúndez, insistió que la autoridad va actuar con legalidad, pensando en el bien de los ciudadanos en general y no en los transportistas de uno u otro bando, por lo que se buscará llegar a un acuerdo, sobre todo en una zona como San Quintín, “donde nadie quiere un problema social, ya lo que la gente menos quiere son pleitos y grescas”.
Pero la mafia transportista no quiere ni acuerdos, ni dictámenes que deriven en nuevos permisos, no para los jornaleros: “Desde ahorita les decimos que un estudio técnico de viabilidad de más rutas va a ser negativo, porque se encuentra saturada la zona sur del municipio, no necesitamos estudios, en el bolsillo lo palpo, no llevo el sustento suficiente a mi familia”, afirmó Gracida de la COR.
Enfatizó que llevan 50 años prestando el servicio, apegados al Reglamento y la Normatividad, y que el mensaje es muy claro para el Gobierno Municipal: “No queremos más saturación del transporte, menos de quienes están en la ilegalidad”.
Fidel dice que tampoco ellos necesitan estudios de factibilidad, más que la expresión verbal de los pobladores de San Quintín que exigen más transporte. Considera que el gobierno de Marco Novelo no actúa porque son más fuertes sus intereses con los gremios transportistas y que finalmente está coartándoles sus derechos constitucionales al libre trabajo.
Dice que, mientras en los taxis blancos “Sitio 17 de Marzo”, cada chofer es dueño de su unidad, los de la CROC y demás gremios sí son empresarios, toda vez que uno solo de ellos tienen hasta 300 permisos, “por eso se sienten afectados”.
Reprochó que en varias ocasiones el delegado de Gobernación en el estado les ha gestionado una entrevista con el presidente Novelo, pero éste se ha negado a recibirlos: “Nos deja un mensaje muy claro, que la CROC y el alcalde pertenecen al mismo partido en el poder”.
Advirtió que no solamente no van a cejar en su protesta para obtener los permisos para la operación de 15 taxis en total, sino que solicitarán la posibilidad de recibir créditos para poder obtener unidades tal como lo exige el Reglamento de Transporte. Si vuelven a bloquear carreteras o a manifestarse ruidosamente, dijo que no dependerá de ellos, sino de las autoridades, el alcalde Novelo y el director de la UMT.
De lo contrario, “seguramente el pueblo que respalda a este grupo ´Sitio 17 de Marzo´ tomará acciones”.
