Una serie de irregularidades como abuso de autoridad e ilegalidad jurídica, cobros de rentas indebidas, multas y amenazas a comerciantes por parte del Ayuntamiento de Tijuana, fue lo que denunció el licenciado Francisco Manuel Valdez Cruz, quien acusa que de manera “abrupta”, le rescindieron dicho contrato el pasado mes de marzo del presente año.
Valdez Cruz es el abogado de “El particular” (quien optó por nombrarse de esa manera) que ostenta la titularidad del contrato de arrendamiento de los pasajes comerciales subterráneos de la zona conocida como la 5 y 10.
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Asegura que al particular no se le notificó, respecto al tiempo estipulado, sobre la decisión de rescindir el contrato, con el fin de desalojar las instalaciones, además que no se respetó la “tácita reconducción” del convenio, pues no se hizo ante un juez.
El abogado argumentó que, aun cuando esta rescisión no se ha hecho por la vía legal ante un juez, el Ayuntamiento ya signó otro contrato con una asociación civil denominada “Artefacto Centro Cultural”, la cual cobra las rentas a los locatarios, quienes, en su mayoría, se han resistido a firmar este nuevo convenio de arrendamiento y subarrendamiento debido a que no les genera certeza jurídica sobre sus negocios.
El último de los contratos que tiene en su poder “El particular” especificó una vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2016; a su vencimiento, no fue renovado, razón por la que -según el abogado- lo convierte inmediatamente en “indefinido” o de “tácita reconducción”.
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“El particular” acusa al Gobierno Municipal de decidir unilateralmente terminar el contrato al no renovarlo y rentar el pasaje comercial a un tercero para que lo subarriende. También los señala de presionar a los locatarios a través de Reglamentos con multas y clausuras.
Dos locatarios, quienes optaron por omitir sus nombres, dijeron haber sido amenazados con multas y la posible clausura de su local, por lo que uno de ellos prefirió firmar el nuevo contrato que lo obliga a pagar un total de 5 mil 500 pesos, cuando antes pagaba 4 mil 500 pesos. El segundo locatario aseguró que a pesar de las amenazas, se ha mostrado reacio a firmar, porque dice saber que ahí “hay intereses de por medio” que le pueden afectar.
El secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano, negó presión sobre los locatarios, justificó que ese es un pleito entre particulares y que el Gobierno simplemente decidió “no renovar el contrato”.
Lo que sí hizo el municipio, anotó el funcionario, fue notificar personalmente a cada uno de los comerciantes sobre el cambio de arrendatario, situación que, acusó, fue aprovechada por más de la mitad de los comerciantes para dejar de pagar la renta adeudada al anterior alquilador del centro comercial.
Joel Angulo Tostado, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Artefacto Centro Cultural, el nuevo arrendatario, dijo estar en busca de un acuerdo entre las partes involucradas en este asunto, el anterior arrendatario y los locatarios, en aras de llegar a una resolución.
