El gobernador del Estado de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, no precisó de forma clara su postura respecto a la resolución del Ayuntamiento de Tijuana de no acatar la suspensión provisional del Tribunal Contencioso Administrativo, presido en la ciudad por la magistrada Flora Arguilés Robert, que devuelve nueve sitios al gremio de Taxis Amarillos en las inmediaciones de la garita Internacional.
La mañana de hoy miércoles 12 de julio, el funcionario estatal dijo simpatizar con la intención de desacatar la orden del Tribunal por parte del gobierno de la ciudad, manifestada por el secretario general de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz. Sin embargo, cuando se le preguntó si los apoyaba en la desobediencia al órgano jurídico, dijo:
“Yo no apoyo a que no se acaten las órdenes, no nos confundamos, vivimos en un Estado de Derecho, hubiéramos esperado otro tipo de resolución. En un caso tan claro, tan contundente, tan registrado, tan grabado y tan filmado”, declaró.
Luego lamentó que la determinación de Arguilés Robert va en contra de los intereses y la postura de miles de tijuanenses respecto a los abusos cometidos contra el gremio a otras líneas de transporte, turistas y la sociedad en general.
“Vivimos en un Estado de Derecho pero la gente manda, hay que estar atentos a ellos. Es complicado para mí decirlo así, encuentro yo mucha dificultad para haber tenido una determinación que a todas luces…nos hubiéramos esperado (para emitir una resolución judicial”, señaló refiriendo al error cometido por la magistrada, de la que Luévano Ruiz apuntó que ha amparado a bares en zonas residenciales.
No obstante, cuando se le cuestionó si apoya la iniciativa del Ayuntamiento de Tijuana de solicitar al Congreso del Estado un juicio político en contra de la magistrada, Vega de Lamadrid justificó ser omiso en el tema enfatizando que no le corresponde hacerlo.
Las declaraciones las hizo en el evento de entrega de 38 cheques a titulares de proyectos productivos de la colonia El Pípila, por un monto total de 635 mil pesos producto del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), la mañana de este miércoles 12 de julio.
Por otro lado, el panista negó que haya cobro de piso hacia los médicos de la ciudad por parte del crimen organizado, contestando a las declaraciones vertidas por el ex candidato a la presidencia municipal de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez:
“No tenemos ninguna denuncia de alguien particular: comerciante, ni siquiera miembro del gremio médico que la haya presentado que la haya presentado en materia de cobro de piso, vamos más allá el secretario De La Rosa platicó con el gremio y ellos fueron muy claros al decir que no han tenido ese problema y lo desconocen. El propio gremio descalifica la aseveración”, manifestó.
