Si no vienen a escuchar, a generar soluciones, a obligar a las dependencias federales a cumplir con su función, a los bajacalifornianos no les beneficia en nada la presencia de funcionarios del gobierno de la nación, sin importar lo alto que estén en el organigrama; llámese secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, presente en Tijuana el 17 de julio, o el Presidente Enrique Peña Nieto, que visitó Mexicali el lunes 24 de julio.
Llegan de “pisa y corre” y tan no les importa lo que la ciudadanía afectada tiene que decir, que traen sus boletines preparados y los distribuyen antes de siquiera concluir las pocas reuniones que programan. Olviden que se dé acceso al ciudadano común y menos si es para manifestar alguna inconformidad. Al final, los representantes de la prensa que trasmiten la información a la comunidad se ven prácticamente obligados a aguantar discursos genéricos, autocomplacientes, plagados de autoalabanzas y afortunadamente breves, porque no tienen nada que decir.
Por supuesto que no aceptan preguntas respecto a la problemática que aqueja a las entidades, y menos aún, responden respecto a los compromisos que no cumple la Federación. Total que vienen de paseo y, lo más relevante de las giras, resultan ser las selfies que se toman los políticos, la seguridad que los rodea y la ausencia de compromiso.
Con el agravante de que esos paseos salen muy caros.
En 2013, medios de comunicación reportaron que el Estado Mayor informó a los diputados que a partir del ejercicio fiscal de ese año cobraría por el uso de sus aeronaves, que la hora de vuelo del avión presidencial costaría 26 mil 064 pesos, y como de la Ciudad de México a Mexicali son seis horas ida y vuelta, resulta que el puro traslado costaría al erario más de 144 mil pesos.
Después, en 2014, cuando llegó a México la carísima aeronave, otros reportes periodísticos refirieron que de acuerdo a un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, los indicadores de rendimiento del avión referían que cada hora de vuelo costaría a los mexicanos 8 mil 500.87 dólares, por lo que las seis horas saldrían en 51 mil dólares. A 17 pesos por dólar, la vuelta a tierras cachanillas costaría 867 mil pesos. Amén del importe de los viáticos y sueldos de todo el personal movilizado.
Cual sea la cantidad, es dinero que seguramente haría más provecho si lo envían como ampliación al presupuesto.
Sobre todo considerando que el Presidente Peña solo vino a inaugurar un canal dañado desde el terremoto del 4 de abril de 2010, el mismo que reclamaron los diputados Luis Moreno, de Partido Encuentro Social, y Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, ya se había inaugurado hace tres años. Los mismos tres años que integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) han denunciado ante la Federación que la carísima obra se hizo con materiales de mala calidad y la inversión estuvo plagada de irregularidades.
Los temas de seguridad, empleo, inversión e inflación que el gobernador y los bajacalifornianos necesitaban plantearle al Ejecutivo federal, simplemente fueron ignorados.
Escenario similar una semana antes con el secretario Osorio Chong, quien en medio de la jornada homicida más violenta en la historia de Baja California -mil 137 homicidios en siete meses-, en lugar de traer propuestas para desde el ámbito federal combatir el narcotráfico, a los integrantes de las células que trasiegan y venden enervantes- porque la droga no llega a Baja California en globitos-, en vez de abrir su mente, llegó a dar un discurso político, y a decirles que los va a supervisar.
Incluso de manera velada, opinó negativamente de las acciones de autoridad ejercidas entre 2008-2010, y recordó casos de abuso de poder, hechos violentos ocurridos en la Presidencia del panista Felipe Calderón, como si los peñistas no estuvieran operando con una estrategia similar y en esta gestión no existieran hechos ignominiosos como la matanza de Tlatlaya.
La corrupción, los recortes presupuestales, los problemas económicos, las condiciones de inseguridad y las carencias de infraestructura que frenan el desarrollo de Baja California, que suma 950 mil pobres -96 mil en pobreza extrema-, en una población de 3.6 millones de habitantes que siempre ha sido progresista, no se resuelven con cortes de listones, inauguraciones recicladas, visitas, discursos políticos y reuniones con monólogos de un par de soporíferas horas.
Si van a regresar como ya amenazó el secretario Osorio, lo justo, lo sensible, será que traigan soluciones y disposición para escuchar las propuestas de una comunidad que quiere colaborar, porque de otra manera será otro gasto inútil para anotar una palomita en la agenda.
