Un informe sobre acceso a la justicia para los migrantes en México indicó que las visas humanitarias se incrementaron 575 por ciento entre 2014 y 2016, al pasar de 338 a mil 944, debido al aumento de delitos graves como abuso sexual, robo y extorsiones contra ellos.
“Los migrantes que transitan por el país viven una grave situación de violencia que en los últimos años ha empeorado”, detalló la coordinadora de WOLA en México, Ximena Suárez. Apenas ayer, ciento cuarenta y siete migrantes centroamericanos, entre ellos mujeres y niños, fueron rescatados en Veracruz después de ser abandonados en un tráiler.
El reporte advirtió que instituciones mexicanas encargadas de proteger a los migrantes no operan como deberían. “En la práctica ni la SRE ni la PGR han hecho esfuerzos suficientes para aclarar, por ejemplo, a través de lineamientos oficiales, el papel de cada institución en la toma de denuncias de delitos contra migrantes o la recepción de pruebas, ni para buscar vías de coordinación efectivas”, destacó.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Entre 2014 y 2016, los secuestros, desapariciones y agresiones contra migrantes centroamericanos en México provocó que el número de visas humanitarias se incrementarán en un 575 por ciento, así lo reveló el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, realizado por varias organizaciones, entre ellas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo.
La mayoría de las visas humanitarias son para migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ayer, ciento cuarenta y siete migrantes centroamericanos, entre ellos mujeres y niños, fueron rescatados en Veracruz después de ser abandonados en un tráiler, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM).
“El grupo de extranjeros rescatados está conformado por 74 hondureños (35 hombres, 11 mujeres y 27 menores), 59 guatemaltecos (33 hombres, 8 mujeres y 18 menores), 13 salvadoreños (8 hombres, 2 mujeres y 3 menores) y 1 hombre de Nicaragua, quienes pretendían llegar a Estados Unidos”, informó la dependencia en un comunicado.
El documento de las organizaciones, que incluye una serie de testimonios, cifras oficiales y denuncias, muestra que en dos años, en los estados del sur, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como en los del norte, Coahuila y Sonora, se han presentado 5 mil 824 agresiones contra migrantes, de las que solo se han dictado 49 sentencias, por lo que el 99 por ciento de los delitos queda impune.
“Los migrantes que transitan por México viven una grave situación de violencia que en los últimos años ha empeorado”, detalló la coordinadora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ximena Suárez. “Los secuestros, desapariciones, asaltos e incluso violación de migrantes, muchas veces cometidos por organizaciones criminales, son recurrentes”, añadió.
El reporte, en el que también colaboraron el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y La 72, de Tenosique, Tabasco, advirtió que la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior en las embajadas mexicanas y de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR no operan como deberían.
“En la práctica ni la SRE ni la PGR han hecho esfuerzos suficientes para aclarar, por ejemplo, a través de lineamientos oficiales, el papel de cada institución en la toma de denuncias de delitos contra migrantes o la recepción de pruebas, ni para buscar vías de coordinación efectivas”, destacó.
El documento detalló que la denuncia de delitos es difícil en la práctica y las oficinas a cargo de las investigaciones no cuentan con recursos humanos y financieros ni con estrategias integrales para investigar, además de que hacen falta procedimientos efectivos para que esa población denuncie delitos y abusos cuando están detenidos en estaciones migratorias.
El informe denuncia que mientras en Oaxaca las fiscalías tienen mayor disposición para levantar denuncias por delitos graves, en Tabasco la Fiscalía Especializada minimiza la gravedad de los delitos cometidos en contra de migrantes.
“Un migrante hondureño narró cómo fue detenido, robado y abusado sexualmente en la carretera entre Tenosique y la frontera guatemalteca, por lo que solicitó su regularización, misma que fue negada por el INM en primera instancia debido a que la Fiscalía Especializada de Tenosique no clasificó esos delitos como graves”, precisó el informe.
El proceso de regularización por ser víctima o testigo de un delito es lento y puede tardar desde un mes o más.
Uno de los requisitos para solicitar la regularización ante el INM es que el migrante debe presentar copia o constancia de la denuncia ante un ministerio público local o federal del delito.
La tarjeta que obtienen las personas migrantes cuando regularizan su situación migratoria es temporal y válida por un año, o menos. Puede ser renovada mientras continúe la investigación pero el proceso de renovación es demasiado gravoso, se menciona en el informe.
En junio pasado, otro informe, el de la organización Amnistía Internacional puntualizó que Estados Unidos y México ponen en grave peligro la vida de los migrantes.
“Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el informe “Violaciones a los derechos humanos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México”, la organización encontró que las nuevas medidas de refugio implementadas por ambos países obligan a los migrantes a correr el riesgo de sufrir extorsión o violencia al tener que pagar a traficantes de personas para entrar en Estados Unidos.
“En algunas zonas del desierto de Arizona se han duplicado las muertes de personas migrantes desde que Trump fue elegido”, agregó AI.
Según cifras oficiales, en 2016 se presentaron en México una cifra récord de 8 mil 788 solicitudes de asilo, en comparación con las mil 296 de 2013. El 35 por ciento de los solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.
